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El Gobierno dio un paso hacia la reglamentación de la Ley de Glaciares al firmar ayer la presidenta Cristina Fernández un decreto que aprueba el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar. Fuentes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable explicaron anoche que para que la ley entre plenamente en vigencia “cada provincia deberá ratificarla”. La cartera ambiental, además, firmó con el Conicet un convenio marco de trabajo conjunto y otro en el que se explicita el cronograma del inventario sobre áreas glaciares y periglaciares que exige la ley. La norma fue sancionada el 30 de septiembre por el Senado y promulgada un mes después por la Presidenta. Su reglamentación era reclamada por organizaciones ambientalistas y legisladores de la oposición.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el secretario de Ambiente, Juan José Mussi. Fernández explicó que la “tarea específica del inventario de los presupuestos mínimos de glaciares y periglaciares lo va a llevar a cabo el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales”, tal como fija la norma.

El senador nacional Daniel Filmus, impulsor de la Ley de Glaciares, consideró que el Gobierno dio “un paso importantísimo para proteger las reservas de agua dulce” del país y opinó que la realización del inventario de glaciares “es el núcleo central de la ley” porque “permitirá conocer en detalle cuáles son las reservas de agua que hay que proteger”.

Por su parte, la organización ambientalista Greenpeace expresó que, “además de la realización del inventario, la ley establece que antes de abril se deben hacer las auditorías en los actuales proyectos mineros que podrían estar afectando glaciares”.

El cronograma anunciado ayer, explicó el jefe de Gabinete, permitirá tener, en un año, “algunas definiciones estratégicas respecto del análisis que se empiece a hacer, y a los cinco años ya contar con alguna definición específica de lo que es el Inventario de Glaciares y Periglaciares”.

Fernández admitió que “cada provincia, según la Constitución Nacional, tiene potestad sobre sus recursos naturales”, por lo que la aplicación efectiva de la norma puede dilatarse por un tiempo indefinido, tal como ocurre en la actualidad a partir de presentaciones judiciales realizadas por empresas mineras y gobiernos locales contra la ley.