En Boedo, el destino de la única plaza del barrio enfrenta una vez más a los vecinos y el Gobierno de la Ciudad, luego de que la Justicia porteña, a pedido del Estado local, levantara una medida cautelar que impedía la construcción de una sede administrativa en el predio. La nueva decisión del juez Guillermo Scheibler, quien en diciembre del año pasado había ordenado suspender los planes de construcción en el lugar expropiado, a instancias de los vecinos, para tener allí un espacio verde, fue apelada por la Asociación Todos por la Plaza. “La ley lo único que permite es que en esa manzana haya una plaza. Dice, en todo caso, que lo que se construya tiene que tener un uso complementario con el de la plaza, es decir, que tiene que ser de recreación. Un Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC), que es lo que quiere hacer el gobierno, no es eso, sino una oficina de alto tránsito”, explicó a este diario Patricia Rosello, presidenta de la ONG. En la denuncia original, los vecinos sostuvieron que la obra violaría la ley 2266 y el Código de Planeamiento Urbano.

El juez Scheibler suspendió la cautelar dictada en 2010 luego de que el gobierno porteño modificara los planes preliminares de la construcción que proyecta llevar adelante en el lugar. El predio, que había sido expropiado a una empresa de ómnibus gracias a la ley sancionada en 2006 a instancias de los propios vecinos, comprende en su perímetro un edificio donde tiempo atrás funcionaron oficinas de tranvías. Es sobre esa construcción, catalogada como edificio histórico, que el gobierno porteño pretende intervenir para ubicar allí el CGPC. Inicialmente, el magistrado había ordenado suspender la licitación ya en marcha para esa remodelación, pero ahora, luego de que el Estado presentara borradores proponiendo modificarla, la cautelar fue revocada.

En el nuevo proyecto, en lugar de todo el edificio, el gobierno porteño propone destinar sólo el primer piso a las oficinas del CGPC. En la planta baja, sólo funcionaría una sala para celebrar casamientos, baños y un salón para exposiciones temporales. “El juez entiende que esto, este nuevo plan, implica algo complementario con la plaza, cosa que es errónea. Por eso apelamos la medida, porque este supuesto nuevo proyecto es el mismo perro con distinto collar”, dijo Rosello a este diario.

Los vecinos, explica la referente barrial, reclaman que en el lugar funcione “un ecomuseo participativo barrial, que sí sería un uso complementario con la plaza, al ser algo cultural. Ese es el único tipo de cosa que permite la ley 2266, con que se expropió la manzana. Ahí dice claramente que sólo se expropia para construir una plaza y que los bienes construidos en esa plaza tienen que tener un uso complementario con ella. Es decir, tienen que ser de recreación, nunca una oficina de alto tránsito”.

En la apelación, la asociación civil sostiene su reclamo en base a ese argumento, y explicita qué considera alto tránsito. “Por ejemplo, el gobierno plantea ahora que la gente ingrese al CGPC desde la plaza. Entonces, el CGPC va a funcionar al primer piso, donde va a haber un box para renovar el registro de manejo, otro para pedir documentación, otro para comenzar los trámites... Con el alto tránsito que eso va a implicar, la única forma de que la gente no contamine es que llegue al lugar en helicóptero.”

El predio comprendido por las calles Carlos Calvo, Estados Unidos y Sánchez de Loria fue expropiado por ley 2266, sancionada en 2006 luego de ser impulsada por los propios vecinos. La norma destinó el lugar a “espacio verde de uso público y usos complementarios con la zonificación Urbanización Parque (UP)”. En caso de que ese destino cambie, podría operar el mecanismo de expropiación inversa, por el cual los antiguos dueños podrían llegar a pedir la devolución del predio por haber tenido otros fines de los declamados inicialmente.