Más de cien propietarios y conductores de camiones de volquetes cortaron el tránsito durante casi diez horas ayer, en avenida Belgrano y Bernardo de Irigoyen, para expresar su rechazo al nuevo plan de tratamiento de residuos porteño, que los obliga a realizar sus descargas en una planta del barrio Zabaleta, en Barracas, al que consideran inseguro. Además sostuvieron que en el nuevo marco iban a tener que cobrar a los clientes un bono de 120 pesos, por lo que perderían trabajo a manos de la descarga clandestina. Tras una reunión con funcionarios del gobierno porteño, los miembros de la Unión de Propietarios de Volquetes (UPV) levantaron la medida de fuerza. El ministro de Ambiente, Diego Santilli, prorrogó por 15 días la utilización de la actual planta, en el Bajo Flores, pero ratificó su cierre definitivo. Acerca del supuesto canon que deberán cobrar los camioneros a los clientes, el ministro indicó que “no existe tal impuesto”.

Según datos de Ambiente, de los dos millones de toneladas de basura anuales de la ciudad, 650 mil son escombros, pero sólo está registrada una descarga por 390 mil toneladas. En ese sentido, Santilli indicó que su objetivo es “normalizar esa situación”. Y reconoció que a partir del diálogo con los dueños de los camiones “se logró pasar de cuatro empresas registradas”, hace un año y tres meses, “a 78 en la actualidad”.

El lunes comenzará a funcionar la nueva planta de tratamiento de Zabaleta, exclusiva para escombros. Es por eso que se cerrará la actual, ubicada sobre la avenida Varela y Janner, frente a la cancha de San Lorenzo, en un intento por “ordenar el trabajo de los camiones de volquetes”, explicó el ministro.

Los propietarios de volquetes se quejaron porque la nueva planta está en un lugar donde, aseguran, se producen muchos delitos. “La villa Zabaleta es la zona más insegura de la ciudad”, afirmó el camionero Juan Carlos Menuet. El hombre también aseguró que “si uno pasa a dos cuadras de la villa sale desnudo”. En respuesta a ese argumento, Santilli sostuvo que “hace 25 años existe un centro de descarga de residuos sólidos a 30 metros de allí y no pasa nada”. Agregó que “más allá de que está la villa, no hay inseguridad” pero, por las dudas, intentó tranquilizar a los choferes informando “hay un paredón” que separa el camino de la villa y “policías”. El otro punto por el que se manifestaron los dueños de los volquetes fue por el supuesto cobro de 120 pesos que deberán hacer al cliente en concepto de un bono, para poder descargar en la nueva planta. “No vamos a trabajar más si cobramos eso”, dijo Norberto, propietario de un camión. Y evaluó que de implementarse esa medida “la gente va a tirar las cosas en la calle” porque “se pasaría de cobrar 250 pesos a unos 400”.

Santilli salió al cruce de esa versión, afirmando que “no hay ningún nuevo impuesto”. Aclaró que las empresas que registran sus obras pagan un impuesto que les permite retirar del Ministerio de Desarrollo Urbano unos vales que entregan al volquetero. “Esto existe hace un año y medio”, apuntó el funcionario.

Desde el equipo del ministro informaron que en el caso de las viviendas particulares, cuando las descargas sean chicas “se debe llamar al sistema de recolección municipal”. Allí aparece el conflicto, porque las descargas que haga el sistema del gobierno desalentarían el trabajo de los volqueteros. Sólo cuando haya reparación o construcción que implique más de 50 metros cuadrados se debe realizar el registro y entonces “se abonan 24 pesos por metro cúbico” para obtener el vale.

En este nuevo marco, Norberto, de la UPV, consideró que “se beneficia a las grandes empresas recolectoras de residuos y no al tipo que tiene sólo un camión”. Del otro lado, Santilli dijo que “sólo se dejará trabajar a quien esté en regla”.

Al menos por quince días permanecerán abiertas las dos plantas. En dos semanas la de Varela pasará a la historia. En ese lapso, el Gobierno de la Ciudad y los choferes de volquetes deberán ponerse de acuerdo sobre cómo será el nuevo sistema.

Informe: Leonardo Rossi.