La Defensoría Oficial porteña solicitó la “suspensión de la ejecución del desalojo ordenado” contra los ocupantes del asentamiento conocido como La Veredita, hasta que se expida sobre el asunto el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, ante el cual presentará un recurso de inconstitucionalidad de la medida. El desalojo había sido ordenado por la Sala I de la Cámara Contravencional, Penal y de Faltas porteña, en un fallo conocido el lunes. La sentencia se firmó tres días después de que la relatora especial de las Naciones Unidas para el tema hábitat y vivienda, Raquel Rolnik, visitara el asentamiento junto con funcionarios de la Defensoría y dialogara con los vecinos sobre su dramática situación habitacional.

La Cámara rechazó el lunes el recurso de inconstitucionalidad presentado por el defensor oficial y dejó firme la orden de desalojo que había dispuesto en febrero la jueza Amanda Alvaro. La Defensoría argumentó entonces y ratifica ahora que no se les ha dado derecho a la defensa a los afectados, ya que no se los notificó del juicio ni se les dio oportunidad de hacerse oír. También sostiene que no está configurado el delito de usurpación, como sostuvo la jueza, ya que a lo sumo se trata de “una ocupación indebida del espacio público, originada en una situación de emergencia habitacional y de extrema pobreza que padecen las personas cuyo desalojo se solicita”.

Desde ese ministerio público, además, se responsabiliza al Gobierno de la Ciudad de no responder a unas 450 solicitudes de ayuda formuladas por personas que viven en ese asentamiento. Los pedidos se gestionaron a través de una de las Oficinas de Atención al habitante que la Defensoría tiene en los barrio del sur: la ubicada en avenida Varela al 3300, en Villa Soldati.

El asentamiento está ubicado sobre las calles Riestra y Portela, junto a los paredones que delimitan un campo de deportes del club Argentinos Juniors, un predio del Instituto Cultural Marianista y un laboratorio privado. Las primeras familias llegaron allí el 24 de noviembre, una semana antes de la toma del Parque Indoamericano. De acuerdo con el expediente, en el lugar se construyeron unas 166 casillas, pero con el tiempo algunas fueron abandonadas y el último relevamiento judicial detectó unas 70. En tanto, un censo del Ministerio de Desarrollo Social registró solo 49 familias.

El pedido de suspensión del de- salojo fue realizado por el defensor oficial Javier de la Fuente. El funcionario sostiene que el Ejecutivo, en lugar de recurrir a la Justicia penal, debe promover “la reubicación de las familias involucradas, garantizando el acceso a una vivienda digna”.

De acuerdo con la orden judicial, el lanzamiento debe ser efectuado por la Policía Federal y por la Metropolitana. Según trascendió, la Federal se limitaría a hacer un cordón en el lugar, dejando la tarea de de- salojo en manos de la policía porteña. Ya en febrero, cuando la jueza ordenó el primer lanzamiento, la Federal no intervino por “razones operativas”, según se explicó.