Hace veinte años, a Walter Bulacio lo llevaban detenido a la comisaría 35ª de Núñez, cuando estaba en las afueras del estadio Obras, adonde iba a ver un recital de Los Redonditos de Ricota. Tenía 17 años. Una semana después murió producto de la golpiza que esa noche recibió en la seccional. Por el hecho fue acusado el ex comisario Miguel Angel Espósito, pero aún hoy no hay ningún condenado por el asesinato. El caso se convirtió en un símbolo de protesta contra la represión y violencia policial. Y la causa judicial, que prescribió en el año 2002 y terminó con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino, resultó un caso modelo de impunidad de la Justicia y su connivencia con sectores del poder policial y político.

Tras la intervención de la CIDH, luego de que prescribiera la causa en 2002, el trámite sigue a paso lento. El Tribunal Oral 29 intenta desde hace un año hacer el juicio, pero la defensa del acusado “siempre pone palos en la rueda”, indicó María del Carmen Verdú, abogada de la familia Bulacio desde el primer momento. La cita iba a ser para abril, pero los defensores de Espósito sostienen que su cliente “tiene un cuadro de salud que le impide afrontar el juicio”, explicó Verdú, también miembro de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Ahora se baraja agosto como fecha tentativa para el juicio. A pesar de que se reabrió el expediente, Verdú aclaró: “Es un juicio que llega tarde y mal. Lo único que se va a juzgar es la privación ilegal de libertad, no la tortura y la muerte, y el único imputado es Espósito”.

A Bulacio lo detuvieron junto a otros 72 chicos durante una razzia el 19 de abril de 1991. En la comisaría de Núñez, según declaró como testigo el oficial Fabián Sliwa, el entonces comisario Espósito lo habría golpeado, lo que le provocó un derrame cerebral. A pesar de que fue llevado al hospital Pirovano y luego fue trasladado al Sanatorio Mitre, una semana más tarde, el 26 de ese mes, Walter murió. Al poco tiempo empezarían las marchas para reclamar justicia. Los protagonistas iban a ser los estudiantes, tanto secundarios como universitarios.

En el expediente originado en 1991, la Justicia apuntó a la privación ilegal de la libertad de las 73 personas detenidas, agravada por la muerte de Bulacio, de la que se acusó sólo al comisario retirado. Nada se dijo de las torturas y el asesinato. En diciembre de 1995 fue cerrada la instrucción de la causa. La fiscal Mónica Cuñarro había solicitado 15 años de prisión para Espósito, pero en el proceso cayó la figura de las otras 72 privaciones ilegales de la libertad y la causa se desmoronó.

El 19 de abril de 1997, María del Carmen Verdú anunció que recurriría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a que la causa no avanzaba. “Cuando el procedimiento ha sido particularmente largo es el Estado el que debe dar explicaciones por la duración del proceso”, señaló la defensa de la familia Bulacio en el documento que presentó a la Comisión. A pesar de los intentos de lograr una instancia conciliatoria entre el Estado y la familia, el proceso avanzó hasta llegar a la Corte Interamericana en un hecho sin precedentes en América latina. Un pedido de los familiares de Walter, desoído por los sucesivos gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, fue que antes de acordar cualquier tipo de indemnización se derogaran las normas que facultaban a la policía para detener de forma arbitraria a las personas.

En medio del desgaste de la causa, Víctor Bulacio, el padre de Walter, que asistía a cada marcha para reclamar justicia por la muerte de su hijo, murió el 4 de abril de 2000. El hombre había sido despedido de la fábrica donde trabajaba por faltar una y otra vez para poder hacerse presente tanto en los trámites judiciales como en los reclamos callejeros. Antes de enfermar y morir, Víctor había intentado suicidarse.

En 2002 la causa en los tribunales argentinos prescribió. Espósito, quien se mantuvo en la Policía Federal hasta 1995, quedó sobreseído de forma definitiva.

El gobierno de Eduardo Duhalde reconoció ante la CIDH, el 26 de febrero de 2003, la ilegalidad del comportamiento del Estado en la detención y posterior asesinato de Walter. De todas formas, la CIDH ordenó al Estado en octubre de 2003 “continuar y concluir las investigaciones para sancionar a todos los responsables de todas las violaciones a los derechos humanos” sufridas por Bulacio. Además, instó a fijar nuevos estándares que eviten que las fuerzas de seguridad realicen detenciones de forma parcial y a investigar el entramado judicial por su inacción en el proceso.

Recién en 2008, el gobierno de Cristina Kirchner solicitó a los gobernadores que derogaran los edictos policiales y normas locales que dan vía libre para privar de la libertad a una persona sin orden judicial. Verdú alertó que “la averiguación de antecedentes sigue vigente en todo el país, los Códigos de Faltas son peores que los que estaban en 1991, como por ejemplo el de la Ciudad. Y todas las reformas de los códigos se hicieron con un carácter represivo”.

Para recordar a Walter y mantener vivo el reclamo contra la impunidad, el sábado 23 desde las 16 se hará una radio abierta en Parque Centenario, el miércoles 27 se estrenará el video Yo Sabía en el hotel Bauen, y el 6 de mayo se hará un festival en Plaza Houssay.

Informe: Leonardo Rossi.