Al menos dos detenidos habrían admitido su participación en la organización del secuestro de Candela Rodríguez y esbozado como móvil una venganza, según afirmó una alta fuente de la investigación a este diario, venganza “que podría ser contra un familiar de la niña”. Además, ambos detenidos habrían señalado a una persona como colaboradora de la banda, que está siendo buscada por estas horas. “El caso está entrando en su fase final”, aseguró confiado el investigador, pese a que ayer se supo que el resultado de los ADN sobre cinco sospechosos fue negativo. Estos estudios, sin embargo, son parciales ya que resta cotejarlos con más pruebas.

Las aparentes confesiones fueron difundidas primero por Matías Morla, abogado de Ramón Altamirano, uno de los detenidos por el asesinato de Candela Rodríguez; más tarde lo confirmó a Página/12 una fuente con acceso directo a la investigación. “Las dos personas que hablaron vienen colaborando desde el principio de su detención. Hablaron de los roles que ocuparon en la organización, qué hicieron y en qué momento. Y lo hicieron ante la Justicia”, dijo la persona consultada. El hecho fue negado por Fernando Burlando, el flamante y mediático abogado de Carola Labrador, madre de Candela. También por fuentes de la fiscalía.

Además del carpintero Altamirano, quien está acusado de haber alimentado a la niña durante su cautiverio en la casa ubicada en Kiernan 992, están detenidos Gladys Cabrera, la dueña de esa casa en Villa Tesei donde se halló el ADN de Candela; Hugo Bermúdez, el albañil Alberto Espíndola, el fletero Guillermo López y el verdulero Fabián Gómez. Todos están acusados de ser “partícipes necesarios”, excepto el uruguayo Bermúdez, a quien el fiscal Marcelo Tavolaro imputó como “autor material” del homicidio.

Según Morla, hay elementos para dictar la prisión preventiva a la mayoría de los imputados. “En la causa también hay novedades relacionadas con una persona que están buscando intensamente y que está muy comprometida”, agregó el abogado. Consultado al respecto, una fuente de la investigación le explicó a este diario que debe tomarse con pinzas esa parte de los dichos de uno de los detenidos. “Puede ser un intento de desviar la responsabilidad sobre ciertas acciones a una persona externa al caso, alguien que tal vez no tenga nada que ver”, observó.

En cuanto a los ADN, en principio, los análisis realizados corresponden a los comparativos de seis detenidos en la causa con muestras obtenidas en tres allanamientos, uno de ellos en la casa del apresado Hugo Bermúdez, en Avellaneda 290, de Morón. Los voceros que difundieron ayer los resultados aclararon que aún no se realizaron, entre otros, los estudios comparativos de ADN entre los apresados y el material levantado de la casa de Kiernan 992, donde se hallaron muestras de saliva en una cuchara y en un vaso, que pertenecen a Candela, según indicaron los análisis.

También están siendo peritados 70 celulares, secuestrados durante los allanamientos realizados en el marco de la causa. Cinco de ellos serían de suboficiales de la Policía Bonaerense y, más allá de los cruces ordenados por la fiscalía, la División de Asuntos Internos de esa fuerza ya está investigando a esos uniformados. Durante la semana llamaron la atención las declaraciones de Burlando dirigidas a la población carcelaria para que se “digne a dar una mano, como en otras oportunidades la ha dado y brinda información respecto de los autores” del crimen.

La alta fuente consultada por este diario estimó que esas declaraciones del abogado de Carola Labrador apelan a un código carcelario, ya que el padre de Candela está preso por intentar robarse un camión con mercadería. “Si alguien afuera toca a la mujer de un preso, le vale la pena capital. Tal vez ellos crean que dentro de la cárcel alguien tiene más información sobre el caso. Yo creo que no”, dijo al respecto.

En la causa, además de los seis detenidos, hay otras tres personas bajo sospecha. Se les imputa el delito de “encubrimiento agravado” y ya fueron liberados porque esa figura prevé la excarcelación. Se trata de los torneros Alfredo Monteros y su hijo del mismo nombre, y el fletero Gustavo Valenzuela. Ellos están acusados de haber arrojado desde una camioneta la bolsa con el cuerpo desnudo de Candela, de 11 años. Hoy se cumple un mes desde su secuestro.