En Lomas de Zamora, pedir asistencia profesional por cuestiones de familia, si no se cuenta con el dinero para contratar a un abogado particular, tiene sus riesgos. Una joven de 21 años, que concurrió a la defensoría pública del fuero civil para pedir consejo terminó denunciada por la abogada que había sido depositaria de su confianza. La joven, a los 18 años tuvo un hijo en un hospital público y, sola y asustada en aquel momento, no dio su verdadero nombre (de ella) como madre para el certificado de parto. Tres años después, concurrió a la defensoría a que le aconsejen cómo enmendar sus datos para que su hijo pudiera obtener su DNI para incorporarse al jardín de infantes. La abogada que la escuchó se transformó en denunciante ese mismo día y derivó en un proceso penal por falsificación de documento público. En la defensoría del fuero penal pidieron la nulidad de lo actuado y acusaron a la correveidile de romper el secreto profesional.

El fiscal, el juez de Garantías y después la Cámara dieron la razón a la correveidile. La madre está a la espera del ADN que la acreditará como tal, y procesada por confiar a la abogada pública que antes había mentido. El nene tiene madre, la misma, pero hace ocho meses que sigue sin DNI ni jardín escolar.

El 21 de abril de 2010, Y.C., de 21 años, se presentó a la Defensoría General de Lomas de Zamora con su hijo de tres, para pedir consejo. Fue atendida por la secretaria de la Mesa General de Entradas de las Unidades de Defensa Civil del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (tal su presentación en la denuncia), la abogada Daniela Nora Martínez. La joven acudió a la Defensoría para realizar una consulta técnica legal que le permitiera proceder a la correcta inscripción de su hijo, ya que en la constatación de parto en el Hospital Alende, de Lomas de Zamora, había brindado una identidad falsa, “tal vez asustada luego de dar a luz, con 18 años de edad, y atravesando sola el puerperio”, señala la defensora Piñero. El dato de la falsedad de identidad propia fue aportado por ella misma, que de cualquier manera seguía siendo la madre.

El tiempo que duró la confidencialidad de la secretaria de la Defensoría de Pobres, Incapaces y Ausentes, Martínez, fue mucho más corto que el título del cargo con que presentó el escrito. Apenas la joven se levantó de su asiento envió un fax a la fiscalía de turno denunciando a la madre por falsedad ideológica de instrumento público, temerosa quizás de que se tratara de un caso de supresión de identidad y sin entender que los datos de su denuncia los aportaba la propia madre.

El fiscal inició el proceso 07-00-02911-10 por el posible delito de “Falsedad ideológica de instrumento público”, ordenó un peritaje de escritura sobre la firma del certificado de parto y un ADN para determinar si la joven que consultaba era efectivamente la madre. La defensa de la joven recayó en la defensora oficial de Lomas de Zamora, Marcela Piñero, que decididamente se dispuso a defenderla. Pidió la nulidad de lo actuado, informó al defensor general de Lomas de Zamora, Eduardo Bauche, y consultó en el Colegio de Abogados local, donde se mostraron sorprendidos: “Tendría que haberle dicho que iniciara una demanda de determinación de maternidad que deriva en el análisis de ADN, que determinará el parentesco”, sugirieron, extrañados, en el Colegio. Precisamente, es lo que pidió el fiscal en 2010.

En su pedido, Piñero destacó que existió de parte de Martínez una “franca violación al debido proceso (art. 18 de la C.N.) y a la obligación –por parte de quien tenía a su cargo la asistencia técnico-jurídica de la Sra. Y.C.–, de no divulgar aquellas circunstancias que hubiere conocido en el ejercicio de su profesión, pues recordemos que la Dra. Martínez se desempeña como secretaria de la Mesa de Entradas de las Unidades de Defensa Civil de este Departamento Judicial y, como tal, debe asesorar a aquellas personas que, carentes de recursos económicos, concurren a realizar trámites como el que pretendió hacer mi asistida”.

El fiscal, Santiago Vadillo, y el juez de Garantías Horacio Hryb, rechazaron el pedido, y los jueces Jorge Rodríguez y Tomás Bravo, de la sala III de la Cámara, hicieron lo mismo con la apelación de Piñero, y dieron la razón a la aprendiz de fiscal. Los argumentos rozan lo sorprendente: “En el caso, la Dra. Daniela Martínez no revestía la calidad de defensora oficial, sino de secretaria de la Mesa General de Entradas de la Defensoría Civil departamental, no encontrándose consecuentemente en razón de su cargo obligada conforme las previsiones a que la recurrente alude, al no gozar, reiteramos, de las atribuciones establecidas para los miembros del Mrio. Público, mas sí en cambio, se encuentra en su calidad de funcionario público, obligada a denunciar”.

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