El Ministerio de Agricultura tomó el compromiso de analizar el otorgamiento de créditos blandos para los productores afectados por la sequía. Este fue uno de los temas centrales abordados en la reunión de ayer entre el ministro del área, Norberto Yauhar, las entidades del sector (Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA y Coninagro), los representantes de las provincias, el Ministerio de Economía, la AFIP y el Banco Nación, entre otros. Los ruralistas coincidieron en que la Comisión de Emergencia no era el ámbito para discutir el tema “retenciones”, a pesar de que FAA había insistido sobre este tema. El próximo martes, el INTA elevará al ministerio un informe con el estado de situación de cada uno de los cultivos afectados por la falta de agua. El próximo encuentro de la comisión será el jueves 26 de enero. La emergencia ya fue declarada en siete provincias.

“El Estado necesita una herramienta inteligente, moderna y previsible para poder brindar ayuda cuando se necesite. La ley actual es una herramienta inútil, porque no recompone el capital de trabajo de los productores, no garantiza la subsistencia de las familias productivas y mucho menos garantiza el circuito económico de los pueblos de interior”, había dicho la semana pasada el actual diputado y hombre de CRA Ricardo Buryaile (UCR). Hablaba de la Ley de Emergencia Agropecuaria. Sin embargo, todos los pedidos formulados por los ruralistas durante el encuentro –mayores partidas, diferimientos impositivos, créditos– están contemplados en el actual marco legal.

“La magnitud de la sequía y el impacto en los costos hace necesario reforzar las partidas (destinadas a atender situaciones de emergencia en el campo) para que el productor pueda volver a sembrar, algo que resulta fundamental”, afirmó Carlos Garetto, presidente de Coninagro. Esto está contemplado en la ley vigente (26.509). Por ejemplo, en su artículo 9, el jefe de Gabinete queda facultado para ampliar los recursos previstos por la ley, que son 500 millones de pesos anuales.

A modo de ejemplo, en 2010 se entregaron fondos, en el marco de esta ley, para el fomento del trigo en Entre Ríos, por 13 millones de pesos; se otorgaron recursos para mitigar las consecuencias del granizo en Mendoza por 37 millones de pesos y se realizaron canales en Santiago del Estero por 13 millones de pesos, En total fueron distribuidos 495 millones de pesos y en 2011, 452 millones. El fondo anual es de 500 millones. El saldo pasa automáticamente al período siguiente.

Por otro lado, la Comisión de Emergencia puede coordinar con las provincias y el Banco Nación el otorgamiento de créditos para asistir a los productores, tal como solicitan las entidades, destinadas a financiar “gastos de inversión y capital de trabajo para las medidas estructurales de mitigación”.

Durante el encuentro, los ruralistas les dejaron a los funcionarios una nota escrita reclamando el diferimiento en el pago de algunos tributos. El tema fue tomado por la AFIP. Este punto tampoco escapa a la Ley de Emergencia. Por ejemplo, la norma establece la posibilidad de la “prórroga de vencimientos del pago de los impuestos existentes que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias de las explotaciones afectadas” (artículo 23).

“La Mesa de Enlace acompaña estas medidas que estamos tomando. El encuentro sirvió para seguir monitoreando la situación de las diferentes regiones, con el compromiso de que la comisión continúe sesionando de manera permanente”, sostuvo Yauhar.

La actual ley permite que se declare “zonas de desastre” o “emergencia”, según el grado de afectación. Primero son las provincias las que deben solicitar la declaración de emergencia al Ministerio de Agricultura, y luego éste, a instancias de la Comisión de Emergencia, decretar las emergencias para las provincias o municipios afectados. Hasta el momento, la emergencia fue declarada en distritos de la provincias de Buenos Aires, La Pampa, Misiones, San Juan, Neuquén, Córdoba y Santa Fe.

“Fue una reunión de trabajo muy positiva, de avance. Nos recibieron muy bien, por eso seguiremos trabajando junto al ministerio”, sostuvo Biolcati. De las entidades agropecuarias participaron todos sus presidentes, con excepción de Eduardo Buzzi (FAA). El federado, como su intención es discutir una baja de retenciones, consideró que ése no era el ámbito para asistir.