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Las cámaras empresarias que presentaron el reclamo ante la Secretaría de Transporte explican que las diferencias entre el costo del combustible para el segmento mayorista y el valor que figura en las estaciones de servicio existen desde 2009. Aunque algunas de esas asociaciones de transporte de pasajeros aseguran haber señalado las “inconsistencias” hace dos años, el impacto de los sobreprecios sobre sus costos era limitado. Alrededor del 90 por ciento de sus requerimientos de gasoil era pagado a precio diferencial establecido por el Estado, mientras que las petroleras recibían una compensación fiscal por el resto del valor. Desde mediados de 2011, los cupos para acceder al ese valor diferenciado se redujeron.

Según señalan los transportistas, la cobertura de esas cuotas fue cediendo y en la actualidad representan el 30 por ciento de sus requerimientos. El resto del combustible lo compran directamente a Repsol-YPF, Shell o Esso, que controlan en conjunto el 94 por ciento del mercado y el Estado reconoce sólo una porción de la diferencia a los transportistas. Las firmas petroleras consultadas por este diario negaron que existan sobreprecios en el mercado de gasoil. Petroleros, transportistas y Gobierno se reúnen hoy en el Ministerio de Economía.

La investigación que inició la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia contra un grupo de firmas petroleras por cobrar sobreprecios de hasta 30 por ciento en la venta de gasoil a granel a las compañías de transporte de pasajeros y carga vuelve a poner en evidencia las tensiones existentes en la matriz energética. Desde 2003, el Estado subsidia el consumo de gasoil de las empresas de transporte de pasajeros a través de un precio diferencial que permite evitar aumentos en los pasajes. Así, si el combustible costaba 3 pesos por litro, los transportistas abonaban 1 peso a las petroleras y la diferencia era compensada por el Gobierno a través de un crédito fiscal que, según explicaron desde una de las petroleras investigada, utilizaban para el pago de los derechos de exportación de sus combustibles.

Hasta 2011, según apuntaron a Página/12 desde la Celadi, una de las cámaras de transporte de pasajeros que iniciaron el reclamo, las empresas cubrían el 80 por ciento de sus requerimientos de combustible con los cupos que otorga la Secretaría de Transporte y el resto lo adquirían en el mercado mayorista. A mediados del año pasado esa relación se invirtió y, según sostienen las cámaras empresarias, los cupos les permiten cubrir el 30 por ciento de sus consumos. El resto del gasoil lo compran directamente a Repsol-YPF, Shell, Esso, Petrobras y Oil Combustibles con los sobreprecios que imponen esas petroleras a partir del poder de mercado que detentan.

Los transportistas no perdieron los subsidios, sino que se redujo el monto y cambió el mecanismo. En CEAP, otra de las asociaciones que nuclean a empresarios del sector, señalaron que ahora son ellos quienes reciben una compensación fija del Estado por sus compras de combustible.

La Secretaría de Transporte estimó que las petroleras se apropian de un sobreprecio promedio de 8,4 por ciento, que implica alrededor de 3500 millones de pesos al año. Los cálculos realizados por los transportistas son inferiores.

El Gobierno decidió investigar a las petroleras para ver si las irregularidades documentadas responden a una decisión deliberada de coordinación en el accionar de esas firmas, que operan en un mercado de naturaleza oligopólica, con pocas empresas que ofrecen productos y muchos consumidores. El cambio en la dinámica del pago de subsidios y el inicio de la investigación ponen de relieve las intensas negociaciones entre el Gobierno y un poderoso grupo de empresas petroleras así como las debilidades de la matriz energética, fundamentalmente en materia de hidrocarburos, y las dificultades para regular las distintas actividades económicas. En 2011, el país dejó de ser un exportador neto de combustibles para convertirse en importador de gasoil. Los últimos datos disponibles evidencian un crecimiento interanual por encima del ciento por ciento en las compras externas de combustibles.

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