Las trabas que le impusieron a una nena de 11 años para acceder a un aborto no punible en Entre Ríos siguen generando repudios. Ayer por la tarde, durante una radio abierta frente a la Casa de la Provincia, en Suipacha al 800, en la ciudad de Buenos Aires, mujeres de diversas organizaciones políticas, sociales, sindicales y de periodistas reclamaron la renuncia del ministro de Salud, Hugo Cettour, por su inacción frente al pedido para interrumpir la gestación producto de un abuso sexual y sus polémicas declaraciones en las que afirmó que el cuerpo de la niña estaba en condiciones físicas de soportar el embarazo. También abogaron por la sanción de una ley que despenalice y legalice el aborto en las primeras 12 semanas de gestación. “Vamos a gritar hasta que nos escuchen. Parece que tendremos que gritar bastante”, decía la abogada y periodista Claudia Perugino, una de las convocantes al escrache, integrante del espacio kirchnerista Todas con Cristina.

“La naturaleza es sabia, una vez que tiene su primera menstruación el cuerpo está preparado. Quizás habrá que tener cuidados al momento del parto y programar una cesárea”, alegó la semana pasada el ministro Cettour, al fundamentar su oposición al aborto no punible que había solicitado la familia de la niña desde un primer momento, aunque con el correr de los días y la falta de respuesta, decidió retirar.

El escrache frente a la Casa de la Provincia de Entre Ríos reunió a integrantes de Todas con Cristina, el Movimiento Evita, de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), de la CTA, del Espacio Carta Abierta, de Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista (PAR), del Movimiento Territorial de Liberación (MTL-PC), del Colectivo de Artistas Cromosoma 21, y de varias organizaciones que forman parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Pañuelos verdes –símbolo de la lucha por la despenalización– quedaron pegados en la vidriera de la sede la Casa de Entre Ríos, donde ningún directivo, ni empleado, se asomó. Más temprano que de costumbre habían bajado la persiana.

“Las mujeres del campo nacional y popular repudiamos la actitud tanto del Estado provincial como la indiferencia del Estado nacional, ante la situación de la nena de 11 años embarazada por una violación en Entre Ríos”, decía la declaración que se leyó en el micrófono improvisado sobre la vereda de la calle Suipacha, a media cuadra de la avenida Córdoba. “El cuerpo de la niña entrerriana ha sido violado dos veces, en primer lugar por su violador y luego por las instituciones que le negaron derechos ya establecidos, nos referimos tanto a la institución médica, a la política como a la judicial”, siguió el texto. Las presentes reclamaron la sanción de una ley que despenalice el aborto “que le hubiera ahorrado tanto dolor a esta nena”.

“Estas noticias nos duelen como sociedad. Un Estado que viene a reparar tanta desigualdad le da la espalda a una niña de 11 años. Estas violaciones de derechos son lacerantes para una Argentina que pretende reparar derechos”, consideró Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA. Hablaron también Mabel Sampaolo, secretaria de Género de UTE-Ctera, y Marta Alanís, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras mujeres. Alanís precisó que la negación de un aborto no punible a la niña “es una violación de derechos humanos”. Y agregó: “Violar los derechos humanos se paga con la cárcel por suerte en estos tiempos”. Distintas voces se fueron sucediendo frente a la radio pública. Entre unas y otras, se impuso uno de los cánticos que suelen acompañar las marchas por la legalización del aborto: “Anticonceptivos para no abortar, aborto seguro para no morir”.