[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La Legislatura porteña tiene otra polémica en puerta. Un grupo de diputados buscará reglamentar la anticoncepción quirúrgica en los hospitales públicos con el fin de garantizar que las operaciones de ligadura de trompas y vasectomía sean practicadas sin la exigencia de una autorización judicial, como ocurre habitualmente. La propuesta favorecerá a las mujeres más pobres que no pueden recurrir al sector privado donde estas intervenciones se realizan sin restricciones. Seguramente, la iniciativa tendrá resistencias en los sectores más conservadores. “Para el Código Penal, la ligadura y la vasectomía son consideradas como una lesión gravísima. Pero es un derecho personalísimo de las mujeres y de los varones poder elegir y recurrir a estas intervenciones, que son dos métodos anticonceptivos más que no están contemplados en la Ley de Salud Reproductiva de la ciudad”, opinó Jorge Charalambopoulos, jefe del Consultorio de Procreación Responsable de la Maternidad Sardá.
Eduardo Peduto, del ARI, acaba de presentar un proyecto para reglamentar la ligadura de trompas y la vasectomía en el sector público con la firma de otros seis legisladores de distintos bloques: Irma Gerch y Daniel Bravo de la UCR; Beatriz Baltroc y Delia Bisutti del ARI; Juliana Marino del Peronismo Independiente y Vilma Ripoll de Izquierda Unida. La socialista Clori Yelicic está dándole los últimos retoques a otro proyecto similar que presentará en los próximos días, según adelantó a Página/12. Los dos serán discutidos, en primer lugar, en la Comisión de Salud que preside Yelicic, y por sus coincidencias es muy probable que sean unificados.
Tal como pudo evaluar este diario, ambas iniciativas apuntan al mismo objetivo, aunque tienen algunas diferencias. Las dos plantean como requisito para que se realice la intervención el consentimiento informado de la o el interesado y una indicación terapéutica de un profesional de la medicina, de la psicología o del trabajo social. No bastaría en los hospitales públicos el simple deseo del hombre o la mujer para requerirla –como sí ocurre en el sector privado y en la provincia de Río Negro–, sino una prescripción de un profesional que fundamente la necesidad de la anticoncepción quirúrgica para evitar un riesgo en la salud de la persona, entendida la salud como una integridad biopsicosocial. “Significa que podrían contemplarse casos de mujeres cuya vida no correría peligro con un nuevo embarazo, pero que por el estado de necesidad en que viven, la llegada de otro hijo podría afectarla psicológicamente. Hay que pensar que la contracepción quirúrgica constituye una opción en casos en los que otros métodos no pueden ser utilizados por la mujer o el varón debido a dificultades de orden físico, clínico, psicológico o social. Obviamente no es el varón el que se protege para no cursar un embarazo, pero uno de los motivos más claros para solicitar sobre si la intervención médica se puede vincular con el objetivo de proteger la salud de la mujer que tiene como compañera”, señaló Peduto.
“Sé que el tema va a generar polémica. Pero se trata de una ley necesaria, porque hoy existe una notoria desigualdad en la protección de la salud de la población, en función de que la persona posea o no capacidad económica para acudir al sector privado, donde tanto la ligadura de trompas como la vasectomía son admitidas por los médicos sin mayores requisitos, mientras que las mujeres de más bajos recursos, desamparadas de toda suerte, son las que se encuentran con múltiples escollos en el ámbito de la salud pública”, fundamentó Peduto.
Los dos proyectos se distancian en un punto: el de Yelicic sólo autoriza la ligadura y la vasectomía a mayores de edad capaces, mientras que el de Peduto también contempla las intervenciones para menores o personas declaradas judicialmente incapaces. En estos últimos casos, el proyecto del diputado del ARI establece que el destinatario de la operación “deberá ser oído e informado en el proceso de decisión en el que son parte las personas que ejerzan su representación legal”.
Para Yelicic, el proyecto cubrirá un vacío legal. La Ley porteña de Salud Reproductiva y Procreación Responsable “no contempló los casos en los que la mujer no puede utilizar otros métodos anticonceptivos por diversas causas y sólo le queda la vía quirúrgica” para evitar un embarazo que podría poner en riesgo su salud, indicó. Existe una serie de antecedentes tocoginecológicos que pueden poner en peligro a la mujer frente a una nueva gestación. Entre ellos, “el antecedente de aborto séptico, que es la tercera causa de muerte materna; dos o más cesáreas anteriores; antecedentes de hipertensión pregestacional y gestacional; desnutrición materna; y multiparidad, es decir, más de tres hijos, entre otros problemas”, enumeró el jefe del Consultorio de Procreación Responsable de la Maternidad Sardá. Charalambopoulos asesoró a Yelicic en la elaboración del proyecto junto con la médica Eugenia Trumper, jefa de Adolescencia del Hospital Rivadavia y titular del Programa de Salud Reproductiva de la ciudad, y Diana Galimberti, presidenta de la Asociación Argentina por la Salud Sexual y Reproductiva. “En la Comisión de Salud hay mucho interés en tratar el tema”, adelantó Yelicic. Una vez que sus integrantes acuerden un dictamen, el proyecto pasará a la Comisión de Mujer.