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Un juez penal anuló ayer dos procedimientos realizados por la Policía Bonaerense en un desarmadero de autos y dejó en libertad a dos sospechosos que habían quedado detenidos. El fiscal que interviene en la causa dijo que “hay un círculo vicioso” que en muchos casos impide el esclarecimiento de los delitos de automotores.
El juez Carlos Melazo, titular del Juzgado de Garantías Nº 2 de La Plata, anuló “por las graves irregularidades cometidas” dos procedimientos que la Dirección de Prevención del Delito contra la Propiedad Automotor realizó el lunes en desarmaderos platenses y ordenó la liberación de dos sospechosos de comercializar autopartes y vehículos robados, según dijeron fuentes judiciales.
El auxiliar del juzgado, Gonzalo Galeano, dijo que “los procedimientos se anularon porque se hicieron sin una orden judicial” y que lo correcto hubiera sido que la policía hiciese “una denuncia para pedir el allanamiento después de la inspección”.
La policía puede realizar detenciones y secuestros de automóviles sólo en caso de urgencia y cada juez puede anular las pruebas si entiende que los investigadores no actuaron dentro de esa situación. “Hay un círculo vicioso porque para hacer un allanamiento se necesitan pruebas y para tener pruebas, la policía tiene que entrar previamente al desarmadero pero si entra y encuentra autos robados, el juez puede anular el procedimiento diciendo que se realizó sin una orden judicial y que las pruebas son ilegítimas”, contó a Página/12 el fiscal Carlos Gómez, de la Fiscalía Nº 5, que interviene en la causa.
El 13 de marzo, el gobernador bonaerense Felipe Solá había admitido que las bandas dedicadas al robo automotor funcionan “en muchos casos” bajo protección policial.