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Ambientalistas y empresarios mineros expresaron posiciones enfrentadas en un debate sobre minería y medioambiente. Las posibilidades económicas del desarrollo minero, por un lado, y los costos que esta actividad representa para el medio ambiente y la sociedad, por otro, fueron los ejes de las posiciones enfrentadas en el debate que organizó el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios.

El ex subsecretario de Minería Daniel Meilán justificó la actividad minera de empresas privadas internacionales ya que posibilita “el desarrollo de regiones deprimidas, la creación de puestos de trabajo y obras de infraestructura, programas de salud y educación, generación genuina de divisas e importantes aportes a los presupuestos locales, provinciales y nacionales”. Agregó que en el país aún queda “un 75 por ciento de superficie libre para explotar la actividad”. “La Argentina se encuentra sexta en el listado de países con potencial minero en el mundo luego de China, Perú, Filipinas, Brasil y Chile. El país puede tomar las posibilidades tecnológicas sin dañar al medio ambiente”, afirmó.

La socióloga Maristella Svampa, por su parte, se refirió a que la megaminería debe contemplarse a partir de las categorías de desa-rrollo y democracia pensadas desde Latinoamérica y requiere un análisis interdisciplinario. “Nuestro continente concentra más del 40 por ciento de la exploración y explotación minera del mundo”, dijo. Y sostuvo que “hay otros conceptos de territorio que no implican que la naturaleza sea sólo una mera canasta de recursos. Se ve el territorio como socialmente vaciable y sacrificable”. También aludió a los informes de impacto ambiental que se realizan en cada proyecto minero, que “presentan varias fallas de metodología porque los hacen profesionales que tienen vínculos con las empresas. Es necesario contar con profesionales independientes y con un Estado que intervenga en el control de la actividad que ya se expande de forma vertiginosa”.

En relación con la normativa vigente (ley 24.196 de inversión minera y 24.585 de protección ambiental), Svampa opinó que son “demasiado permisivas” respecto de la actividad extractiva. “El actual modelo de desarrollo no contempla audiencias, consultas públicas, legislación vigente y no le interesa la discusión democrática de las decisiones colectivas. Hay que pensar dispositivos que contengan la simetría de poder y la igualdad.”

Antonio Elio Brailovsky reflexionó acerca de la relación riesgo-beneficio que la sociedad debe discutir en torno a los proyectos mineros. Enumeró los posibles riesgos ambientales: “Aumento del nivel de crecida o lluvia, ritmo de crecimiento excesivo, riesgos sísmicos”, entre otras cosas. Respecto de esos riesgos, Brailovsky aseguró que se “está subestimando el impacto ambiental” y consideró adecuada la realización “de una gestión del residuo minero, ya que son peligrosos y persisten en el tiempo”.

Néstor Altamira, subgerente de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, se pronunció a favor de esta actividad y se refirió a una “estigmatización” hacia el sector minero. “En Argentina no hay cultura de la inversión minera porque los tiempos son distintos a la agricultura y ganadería, donde habitualmente hay inversiones de capitales nacionales.”