El relator especial de las Naciones Unidas para la Situación de los Derechos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, James Anaya, pidió a los gobiernos nacional y provinciales, y a la Justicia, que “suspendan” todos los procesos de desalojo de las comunidades originarias.

Luego de visitar el país a fines del año pasado, Anaya reclamó la implementación de mecanismos efectivos para la demarcación y el reconocimiento legal de los territorios originarios. Además, el relator especial indicó que el Estado nacional “debe adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia, las amenazas e intimidaciones contra los miembros de pueblos indígenas, tanto por parte de funcionarios públicos como de particulares”.

El informe está fechado el 28 de junio pasado y fue difundido ayer por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Se trata de una “versión avanzada no editada”, que será fruto de un análisis más detallado hoy mediante una videoconferencia. Las conclusiones de Anaya provienen de sus propias investigaciones y de su visita al país, entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre pasado, cuando se reunió con representantes de comunidades originarias de Río Negro, Neuquén, Jujuy, Salta y Formosa, además de funcionarios del gobierno nacional.

Según observa Anaya, Argentina dio pasos importantes para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, que constan en las reformas constitucionales de 1994, la aprobación de la ley 26.160, que apunta a regularizar las tierras indígenas en el país, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el voto favorable para la Declaración sobre los Derechos de los Pueblo Indígenas en las Naciones Unidas. “Sin embargo, persiste una brecha entre el marco normativo establecido en materia indígena y su implementación real”, aseguró.

En este sentido, Anaya reclamó al Estado, tanto a nivel federal como provincial, que adopte “políticas públicas claras”, como elaborar medidas legislativas y administrativas adicionales “para impulsar un mayor conocimiento y acción estatal en materia indígena entre todos los poderes del Gobierno”. La falta de tenencia de tierra y recursos naturales, según el informe, “deriva de la disposición histórica de grandes extensiones de sus tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras”.

El informe destaca algunos avances de los gobiernos provinciales en Jujuy, Salta, Formosa y Neuquén, aunque en estos lugares hay demoras en la entrega de títulos de tierras y controversias por usurpaciones hechas por actores privados y públicos. “En algunos casos, las comunidades reportaron haber entregado su documentación en diversas ocasiones durante períodos de hasta 15 años, y repetidamente se les informaba que les hacía falta la documentación requerida, por lo que debían comenzar con el proceso de solicitud de nuevo”, comenta Anaya.

Por otra parte, Anaya afirmó que las comunidades deben ser consultadas cada vez que “puedan verse afectadas” por emprendimientos agropecuarios o de industrias extractivas. Y cuando ya fueron afectadas, agregó, “se deben tomar medidas adecuadas de mitigación de impactos, reparación y justa compensación a las comunidades indígenas afectadas por los daños ambientales y a la salud ocasionados por los proyectos (que) han operado en o cerca de territorios habitados por pueblos indígenas”.