El juez de Garantías 3 de San Isidro, Rafael Sal Lari, volverá a su despacho del que fue sacado a puro empujón mediático por parte del intendente Gustavo Posse, en abril del año pasado. El tribunal que lo enjuiciaba ayer dispuso absolverlo porque Posse no había depositado la caución a la que está obligado por ley para garantizar el pago de las costas del juicio. El intendente, ausente en los estrados, arengó desde afuera a un grupo de simpatizantes entre los que estaban las Madres del Dolor, con carteles que cuestionaban a Sal Lari y que sostenían que “en Argentina no se puede juzgar a un juez”, curiosamente después de dos meses de juicio y más de un año de mantenerlo apartado del cargo y con la retención del 40 por ciento de su sueldo. “Es bueno que se controle al Poder Judicial –dijo ayer Sal Lari a Página/12–. Pero con este juicio hubo un empujón a la independencia del Poder Judicial.”

El tribunal –que no es un jurado “corporativo” como acusaban a gritos y pancartas una veintena de personas reunidas frente a la puerta del anexo del Senado, ya que está compuesto por abogados, legisladores y el presidente de la Suprema Corte– informó ayer que la ausencia de acusador hacía caer el proceso y dictó la absolución.

Sal Lari había sido denunciado inicialmente por 11 causas, de las cuales sólo una pasó el filtro de la coherencia procesal. Se trata del caso González, que también tenía serios baches en la lógica: a Sal Lari, Posse lo empezó acusando de “sacapresos”, pero en la única causa aprobada el juez era acusado por mantener detenido al preso pese a la orden de la Cámara. En realidad, Sal Lari había ordenado la excarcelación y su ex secretaria no hizo cumplir la orden.

El 5 de julio pasado, la Comisión Bicameral encargada de llevar adelante la acusación decidió retirar los cargos porque el sobreseimiento en la causa penal que también se le seguía a Sal Lari anticipaba el fracaso de la aventura. El tribunal, sin embargo, decidió citar a Posse realizando una sorpresiva interpretación de un artículo (el 41 de la ley de jury). Posse presentó un escrito aceptando volver atrás y acusar no por el caso González, sino por los restantes que ya habían sido descartados. El Tribunal, en lugar de responderle, lo citó para reiniciar las audiencias para el día de ayer. Y, tal como exige la ley, le ordenó que depositara una caución de 180 mil pesos, que Posse jamás presentó.

Eso no impidió que el intendente, desde la vereda, arengara al grupo de seguidores denunciando cauciones judiciales que, a riesgo de papelón, jamás hubiera intentado reclamar en los Tribunales en el ejercicio de la abogacía: “Por no dar dinero fuimos apartados del juicio –sostuvo–. Queríamos que fueran tratadas la totalidad de las causas. Así como estos jueces no piden dinero a los delincuentes al ser excarcelados, por qué razón pedir una caución de 180 mil pesos a las víctimas”. Fuentes del Tribunal informaron a este cronista que “habría que aclarar que el monto de 180 mil pesos no es, como están diciendo en la vereda, un pago que estaba obligado para seguir acusando. El monto lo fija la ley para las costas del juicio, que deberá pagar si pierde. Si gana se le devuelve”.

“Al absolver a Sal Lari, el jury sostuvo que los planteos de Posse eran inadmisibles y que desconocieron los principios jurídicos del proceso por pretender discutir cuestiones resueltas con anterioridad”, sostuvo el CELS, que acompañó a Gustavo Trovato, representante de Sal Lari, durante el proceso. “Este fue el fin de una farsa.”

“El de Sal Lari resulta un caso paradigmático del uso ilegítimo de los procesos disciplinarios –continuó el CELS en un comunicado de prensa– para condicionar la actuación del resto del sistema de justicia. Sal Lari fue absuelto, pero el daño institucional ya fue hecho.”

–¿El jury es un buen instrumento o es una herramienta aleccionadora del poder político? –preguntó Página/12 a Sal Lari.

–Es muy positivo que el Poder Judicial sea evaluado, que intervengan colegiados, legisladores. Pero es un sistema que habría que mejorar porque es muy permeable para ser usado como disciplinamiento. No puede es constituirse en un mecanismo de persecución.

–¿Ya está dispuesto a regresar a su despacho?

–Voy a consultar a la Corte, pero no creo que haya impedimentos.

–Y si le llegara a caer un caso semejante a los que motivaron las denuncias, ¿qué haría?

–Tenemos una Constitución liberal y garantista. El día en que no pueda decidir de esa manera no voy a seguir siendo juez. Lo que sucedió es un empujón a la independencia del Poder Judicial.

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