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La ombudsman porteña, Alicia Oliveira, presentó ayer ante la Justicia una medida cautelar para que se suspenda el “grosero” aumento del 70 por ciento en el costo de los pasaportes, decretado el miércoles pasado por el gobierno nacional, por el que ese documento pasó de 75 a 130 pesos. “El Ejecutivo respondió a un pedido de la empresa Ciccone –adjudicataria de la producción de las libretas– para que les aumentaran el presupuesto cuando lo que tendría que haber habido es una renegociación del contrato”, explicó Oliveira a Página/12.
Oliveira responsabilizó además a las autoridades del Departamento de Documentación Personal de la Policía Federal por lo ocurrido el jueves, cuando empezó a cobrarse sin aviso el aumento que en realidad estaba anunciado para el viernes.
La resolución de la defensoría remarca el perjuicio de las miles de personas que ese día, anunciado como el último en el que tramitar el pasaporte iba a costar 75 pesos, fueron a sacarlo e hicieron colas de horas, algunos desde la noche anterior, y luego se encontraron con que el aumento ya había empezado a regir. “Recibimos muchas denuncias de personas que habían concurrido desde lugares lejanos y que al tener el dinero justo no pudieron realizar el trámite requerido”, señala el escrito.
La defensora señaló que Ciccone Calcográfica “debería asumir su riesgo empresario y no mandar una carta pidiendo más plata, que fue lo que hizo, sino solicitando una renegociación del contrato que tiene con el Estado”. La presentación exige a la Justicia “que desde ya se decrete como medida cautelar la suspensión del cobro del grosero aumento del precio para la obtención del pasaporte” y “se deje sin efecto el Decreto Nº 1017/2003, del 28 de abril, por el que se dispuso adecuar en función de las variables económico financieras producidas en el orden nacional, los precios adjudicados por la Licitación Pública”. Para Oliveira, ese decreto omitió la Ley de Emergencia Económica que “estableció para los contratos celebrados con la administración pública la prohibición de las cláusulas de reajuste en relación con monedas extranjeras y la fijación de la relación de cambio: un peso, un dólar”.
Respecto del aumento adelantado, que el comisario Roberto Wechsberg, superintendente de la Policía Federal, adjudicó a un error periodístico, el escrito denuncia que “se trató de un grave error cometido por las autoridades competentes”, y que ahora “deben arbitrar las medidas necesarias para paliar las anomalías constatadas”. Sobre esto, la defensora del pueblo señaló que “lo primero es que se suspenda de inmediato el aumento y que luego se evaluará que se hace con lo ya cobrado”.