“Lo que busca el agresor es provocarle a su ex mujer un daño mayor que quitarle su propia vida: directamente destruirla, destruyendo a sus seres queridos, una hija, una hermana, la abuela. Así causa un impacto en todo su tejido familiar”, señaló a Página/12 Fabiana Túñez, coordinadora ejecutiva de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, al reflexionar sobre el brutal triple crimen de Benavídez. No es el primer caso en que un hombre violento apunta a asesinar a las personas cercanas a la mujer sobre la que pretende ejercer la dominación o que termina matando a otras personas que intentan impedir el femicidio o quedan atrapadas en la “línea de fuego”: para esos hechos, La Casa del Encuentro adoptó la denominación de “femicidios vinculados”. En lo que va del 2012 se registraron ocho femicidios vinculados de mujeres y niñas y once de varones y niños, según el conteo que lleva adelante la ONG; en los tres años anteriores, 38 y 60, respectivamente, lo que da otra dimensión, aún más trágica, al drama de la violencia machista. Entre los varones asesinados, muchos de ellos son actuales parejas de la mujer, que es blanco del femicida.

“El varón agresor lo que quiere es destruir física o psíquicamente a esa mujer, que considera de su propiedad. Pareciera que las mujeres no pueden decidir sobre sus vidas. Cuando deciden separarse, reciben el peor castigo”, indicó Ada Beatriz Rico, directora general del Observatorio de Femicidios, de La Casa del Encuentro.

Romina Martínez se separó de Cardozo apenas seis días atrás, al parecer después de un episodio de violencia física y sexual. Dejó la casa que compartían en la localidad de Garín, partido de Escobar –donde había hecho las denuncias en su contra–, y se fue a refugiar a la casa de su madre, en Benavídez, Tigre. “Busca la protección del hogar paterno. Hace denuncias. Pero no hay respuesta del Estado para protegerla. Al parecer ningún juez había ordenado una restricción perimetral que le impidiera al agresor acercarse a su ex mujer”, observó Túñez. Martínez y su grupo familiar están recibiendo contención psicológica de un equipo de profesionales de la provincia de Buenos Aires y del municipio de Tigre.

“Es un femicidio vinculado. Pegó donde más le podía doler”, coincidió Ana Suppa, directora general de Políticas de Género del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, de donde dependen las comisarías de la Familia y la Mujer. “Una denuncia que se toma en una comisaría sí o sí tiene que dar intervención a la Justicia rápidamente. El juez es el que tiene que determinar, por ejemplo, un perímetro de exclusión del golpeador”, explicó Suppa.

–¿Qué está fallando para brindar protección a víctimas de violencia de género? En los últimos casos que tuvieron mayor trascendencia habían hecho denuncias y no habían obtenido respuesta.

–Todavía opera que se sigue pensando que es un tema privado e íntimo. Necesitamos que la Justicia se interpele sobre su actuación en estos casos y tenga una mirada con perspectiva de género. Por supuesto, faltan otras respuestas, como refugios –respondió Suppa.

“El gran problema es cuando la Justicia subestima las denuncias o no les cree a las mujeres”, coincidió la abogada especializada en género y comunicadora Claudia Perugino. “La problemática de la violencia de género se está visibilizando cada vez más, las mujeres son conscientes de que tienen que denunciar, pero cuando les toca a los operadores de la Justicia poner en marcha los mecanismos de protección, no lo hacen. Y esto sucede además porque existe una falta de conocimiento importante de la problemática en los tribunales. Hemos tenido noticias en los últimos días de un caso de mediación en un juicio: nunca una víctima de violencia puede ir a esa instancia con su agresor, no hay una relación de igualdad que lo permita y la misma ley lo prohíbe. La violencia es consecuencia de la subordinación de las mujeres en la sociedad. Además, tenemos otro problema: hay una fantástica ley de protección integral de las mujeres, pero no se implementa. Falta presupuesto. Esa ley, la 26.485, por ejemplo prevé que haya patrocinio legal gratuito para las víctimas, que les permitiría motorizar las denuncias. Es un aspecto clave que no se cumple”, observó Perugino, que integra Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista (PAR).

“En cuatro años y medio han sido asesinadas por violencia sexista más de 1100 mujeres y niñas, según el informe que elaboramos desde el Observatorio”, agregó Túñez. Y exhortó: “Necesitamos un organismo especializado con autonomía y presupuesto para elaborar un plan nacional para la prevención y asistencia directa”.