El 14 de marzo de 1978, al menos 65 presos murieron asfixiados, calcinados o baleados en el Pabellón 7 de Devoto, en lo que se llamó el “Motín de los Colchones”. Un grupo de investigadores se propuso demostrar que no existió diferencia entre esa masacre y los crímenes de lesa humanidad que hoy se juzgan en diferentes instancias de la Justicia federal y lograr que esas muertes fueran reconocidas como “la Masacre del Pabellón 7”. De algún modo consiguió dar los primeros pasos: el próximo viernes 5, a las 15, colocarán una placa alusiva en la cárcel de Devoto en la que se podrá leer: “Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”.

El proyecto fue iniciado e impulsado a pulmón por la abogada Claudia Cesaroni, integrante del Cepoc. Su primer paso fue lograr conectarse con un sobreviviente de la masacre, Hugo Cardozo, uno de los detenidos en el pabellón, y que estuvo dispuesto a relatarle su historia. Después de muchas dudas, Cardozo se sumó al proyecto para intentar reconstruir lo que ocurrió aquel día y que, según refirió a Página/12 el propio Cardozo, “hablar del tema me pone la piel de gallina y me da dolor de estómago”.

En el Pabellón 7 alojaban unos 80 presos “comunes”, para diferenciarlos de los detenidos por cuestiones políticas. Una discusión menor con la guardia por el encendido de un televisor, la noche anterior, provocó al día siguiente una sanguinaria matanza que el mito oficial terminó rubricando como un motín, una suerte de levantamiento o protesta, con quema de los colchones colocados por los presos contra la puerta y que, según el relato de Cardozo, fueron encendidos con nafta arrojada desde la galería por la propia guardia.

Aquel día, el penal fue sitiado, y mientras el fuego y el humo hacían imposible respirar dentro, los presos que intentaban asomarse a las ventanas enrejadas, a más de dos metros de altura, eran baleados desde el exterior. Murieron 65, muchos por los disparos. Pero la versión oficial siempre sostuvo que se trató de un “motín” y que las muertes se produjeron por asfixia o por quemaduras, concentrando la responsabilidad sobre las propias víctimas. En nada se diferencia aquella masacre de las que ocurrieron en Magdalena, en Santiago del Estero, en Olmos o en Los Hornos. Precisamente, los investigadores se proponen demostrar, en primer lugar, que aquella masacre consistió en una forma de tratamiento con las mismas características que la que se les daba a los presos políticos. Y luego, extender esa demostración al tratamiento actual a los presos “comunes”.

Al proyecto se sumaron Graciela Draguicevich, ex detenida política (aquel día se encontraba en el pabellón de mujeres, justo enfrente del pabellón 7) y de la Asociación Mutual Sentimiento, quien sostiene que el incendio del pabellón fue una puesta en escena del SPF para aterrorizar a los presos políticos, una especie de Guernica, pero también una posible forma de demostración de complicidad del SPF hacia sus jefaturas por entonces militares.

Se sumó, entre otros, Andrea Casamento, de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, y en abril pasado lograron armar un grupo de investigación histórica con estudiantes del Centro Universitario de Devoto (CUD).