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Desde Roma

El juicio por el escándalo Vatileaks contra Paolo Gabriele, el mayordomo del papa Benedicto XVI acusado de haber robado documentos secretos de las habitaciones del pontífice, comenzó el sábado en el Vaticano en un ambiente relajado y con un acusado pálido y elegantemente vestido. En la pequeña sala del tribunal se dieron cita además de los abogados defensores, ocho de los doce testigos y ocho periodistas que, sin cámaras de televisión, cámaras de fotos ni grabadores, luego debían informar a más de un centenar de colegas y cámaras de televisión de todo el mundo que esperaban en la sala de prensa vaticana. La audiencia era pública pero dadas las escasas dimensiones de la habitación, sólo hubo tres o cuatro exponentes del público.

Gabriele asistió a la audiencia, a diferencia de su amigo el técnico informático Claudio Sciarpelletti, que trabajaba en la Secretaría de Estado Vaticana –virtual sede del primer ministro, el cardenal secretario de Estado Tarcisio Bertone– procesado por su parte como cómplice por “encubrimiento”. El mayordomo no fue interrogado ni habló con la prensa durante las poco más de dos horas que duró la audiencia. Gabriele, que podría ser condenado a una pena máxima de cuatro años, y Sciarpelletti que podría recibir una condena de hasta un año, podrían recibir el indulto de parte de Benedicto XVI en cualquier momento. Pero en ambientes vaticanos se dice que el Papa prefiere que el proceso se concluya. Tal vez para que salgan a relucir otras informaciones relativas al Vatileaks o para que sirva de ejemplo a otros que pudieran intentar algo parecido.

Entre los testigos se encuentran varios exponentes de la Gendarmería vaticana, una mujer y dos monseñores, uno de ellos Georg Ganswein, secretario personal de Benedicto XVI.

La defensora del mayordomo, Cristina Arru, pidió que fueran declarados nulos algunos actos del proceso, pero el Tribunal, constituido por tres jueces laicos y presidido por Giuseppe Dalla Torre, rechazó casi todos los pedidos, a excepción de declarar nulos algunos interrogatorios de Gabriele sin la presencia de su abogado defensor. También el abogado de Sciarpelletti, aunque no estaba su defendido, presentó algunos pedidos de los cuales el tribunal sólo acepto el hecho de separar los dos juicios. Por lo cual, por ahora, continuará –la próxima audiencia es el 2 de octubre– el proceso Gabriele y el de Sciarpelletti se hará luego, con fecha a definir. Para el caso Gabriele se prevén, según los jueces, unas cuatro audiencias más, posiblemente todas la semana que viene.

Arrestado por las autoridades vaticanas el 25 de mayo pasado, en los primeros interrogatorios Gabriele dijo que había sido inspirado por el Espíritu Santo para crear un shock saludable para la Iglesia y ayudar al Papa que estaba cada día más rodeado de mal y corrupción. Pero luego se declaró simplemente culpable ante el “promotor de justicia” o fiscal vaticano Nicola Picardi. Ultimamente, escribió una carta al pontífice pidiéndole perdón.

Dada su cercanía con el Papa –la figura del mayordomo es considerada en la tradición vaticana como parte de la “familia” pontificia– tuvo la posibilidad de sustraer decenas de documentos y cartas dirigidas a Benedicto XVI sobre conflictos internos de la Santa Sede. La gendarmería vaticana que le allanó la casa acarreó 82 cajas con documentos, aunque no todos, se aclaró, eran robados. Muchos de ellos habían terminado en manos de un periodista, Gianluigi Nuzzi, que hizo un libro: Su Santidad, las cartas secretas de Benedicto XVI. Nuzzi, por el contrario de lo que muchos esperaban, no ha sido convocado por el tribunal ni como acusado ni como testigo.

La confesión de culpabilidad por parte de Gabriele no es suficiente como para que sea condenado, explicó en un encuentro previo a la audiencia el profesor Giovanni Giacobbe, promotor de Justicia en la Corte de Apelaciones del Vaticano. El tribunal puede tener en cuenta la voluntad de colaboración del imputado, y eso podría influir en la pena, explicó Giacobbe. En otras palabras, si Gabriele denuncia a sus cómplices y da detalles, tal vez los jueces puedan reducirle la pena y el Pontífice perdonarlo. De ser condenado, deberá cumplir la pena en una cárcel italiana porque el Vaticano no cuenta con una prisión sino simplemente con algunas celdas de detención provisoria.

Este proceso, aclaró Giacobbe, se lleva a cabo en el Estado de Ciudad del Vaticano. Los jueces son del Estado de Ciudad del Vaticano y laicos. No tienen ninguna relación directa con la Iglesia, la cual, por su parte, se rige por el Código de Derecho Canónico y otras leyes eclesiásticas.