El presbítero del Hospital Ramos Mejía, Fernando Llambías, quien ofició una misa en la puerta de la casa de la joven violada, víctima de una red de trata, que había solicitado un aborto no punible, para presionarla a fin de que desista de su decisión, será el centro de un escrache convocado para hoy a las 12, en repudio de su conducta. La actividad fue organizada por trabajadoras y trabajadores del centro de salud y entidades sociales del barrio de Boedo. El acto se realizará frente a la capilla, ubicada en el centro del hospital.

Llambías es capellán del hospital. Su nombramiento está en trámite con un cargo equivalente al de jefe de sección no médico, con un sueldo de alrededor de 5000 pesos, según informó a este diario la médica Silvia Kochen, jefa de la Sección de Epilepsia del Ramos Mejía e investigadora del Conicet. “Está designado, pero su expediente está en trámite porque no había terminado de completar algunos datos”, agregó Kochen, indignada por la actitud que tuvo el capellán frente al pedido de un aborto no punible. Página/12 consultó al Ministerio de Salud de la Ciudad al respecto, pero su vocero respondió que sobre el tema no darían información.

El religioso habría sido quien filtró la dirección personal de la joven, su nombre y apellido, para que integrantes de grupos católicos, junto a él, fueran hasta el domicilio de la joven para “escracharla”. Hasta ese momento, la familia de la mujer desconocía el trance por el que estaba atravesando. Ella no quería que se enteraran. Lo que más la aflige por estas horas –mucho más que las trabas que tuvo que enfrentar para acceder a su derecho a interrumpir un embarazo producto de una violación– es el hecho de que se enteraran sus hijos de la situación que estaba viviendo, según le comentó a su abogada, Josefina Durán, integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Tiene tres hijos de 18 años, 10 y uno más pequeño.

“El cura, en una actitud digna de la Inquisición, puso en peligro la vida de la paciente y la de sus hijos. La paciente vino al Hospital Ramos Mejía para realizarse un aborto en el marco de la ley vigente, en ese contexto y con el objeto de ‘disuadirla’ y bajo amenazas, el cura fue a su casa. La dirección la obtuvo de personal del hospital, que violando el secreto profesional le dio la información. El rechazo a conductas que lesionen los derechos de las mujeres debe ser acompañado por toda la sociedad”, señaló Kochen.

Legisladoras porteñas del Frente para la Victoria, entre ellas Gabriela Alegre, están elaborando un pedido de informes al Ejecutivo porteño para indagar sobre el vínculo de Llambías con el Ramos Mejía y la presencia de curas católicos en otros hospitales de la Ciudad. Ayer, Página/12 intentó hablar sobre el tema con el director del Ramos Mejía, Carlos Mercau, pero el profesional no accedió a dar una entrevista. Derivó la consulta al área de prensa del Ministerio de Salud, donde este diario intentó en vano obtener esa información.

La diputada María José Lubertino contó a Página/12 que tanto la ministra de Salud, Graciela Reybaud, como el propio Mercau, le dijeron la semana pasada que le iban a iniciar un sumario administrativo al presbítero Llambías. Reybaud, dijo Lubertino, también le adelantó que promoverían su desplazamiento. En la denuncia penal contra el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que presentó Lubertino el jueves, por incumplimiento de los deberes de funcionario público por dar a conocer detalles del aborto no punible solicitado por la joven víctima de trata, también se pide que se investigue la responsabilidad del cura en la difusión de información que permitió el escrache frente a su domicilio, en el conurbano bonaerense.

La agencia AICA, de la Iglesia Católica, difundió la semana pasada un cable en el que textualmente se informaba: “Trascendió que la madre del niño habría cambiado de parecer a instancias del presbítero Fernando Llambías, capellán del hospital”.

En la presentación que la joven hizo ante la Corte Suprema, el jueves por la mañana, describió el calvario que estaba padeciendo, luego de que la jueza en lo Civil Myriam Rustán de Estrada, en un trámite irregular, suspendiera el aborto no punible que le iban a realizar el martes pasado. “Sumado a todo ello, también me he visto afectada de modo personal por los ‘escraches’ efectuados frente a mi domicilio particular. Cabe recordar que en estos momentos estoy siendo acompañada y protegida por la Oficina de Rescate a Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación. En consecuencia, la divulgación de mis datos personales, como mi domicilio (donde vivo con mi familia y mis hijos), no sólo importa una grave afectación a mi intimidad y vida privada, sino también una exposición a riesgos por parte de los tratantes, que me afecta a mí y a mi grupo familiar. Cabe destacar que esta situación se generó como resultado de la violación del secreto profesional que debió proteger la intimidad de mi historia clínica, la intervención indebida de terceros y la actuación de la Justicia en violación a mi derecho a la privacidad, la dignidad y el respeto integral de mi salud”, señalaba la mujer en ese escrito. Tras el fallo de la Corte del jueves a la noche, la mujer pudo interrumpir el embarazo.