Hay varias escenas detrás de la escena principal del juicio al ex capitán del Ejército Héctor Vergez. Una es una pregunta constante sobre el misterioso expediente llamado “Caso Redondo”, que podría contener los datos para enlazar a las víctimas con la estructura de informantes del PRT, esa trama de empresarios caídos en las manos del experimentado hombre de Inteligencia del Batallón 601. Y otra es lo que sucedió con los interrogatorios tomados bajo tortura a los detenidos-desaparecidos. Una hipótesis indica que circularon y se comercializaron después de la dictadura y algunos sirvieron de pasto para siniestros programas de televisión. La copia de un interrogatorio abrió parte del expediente del juicio que se lleva a cabo en este momento en Comodoro Py. El periodista Rogelio “Pajarito” García Lupo declaró ayer sobre esas tramas. Habló de sus investigaciones y miró las copias de los interrogatorios. Escuchó cuando le preguntaron si los conoció, reconoció uno como si en otro tiempo hubiese pasado por sus manos.

“Me acuerdo de que en algún momento se habló de que eran copias de los interrogatorios realizados en la ilegalidad por parte del Ejército –dijo–. Estuvieron en venta, no sé quiénes compraron, pero lo que sé es que estuvieron en venta. Tal vez los propios secuestradores vendieron los testimonios, yo tenía esa idea, eran los mismos que habían practicado la tortura los que ahora vendían los interrogatorios.”

Vergez fue uno de los hombres más experimentados en interrogatorios. Es juzgado por cuatro víctimas: “Pancho” Javier Coccoz, jefe del aparato de inteligencia del PRT, secuestrado y desaparecido; y su compañera, Cristina Zamponi, luego exiliada. Y por el secuestro y desaparición de dos hombres del mundo de los negocios: Julio “Gallego” Soto y Juan Carlos Casariego del Bel, responsable de Inversiones extranjeras en el Ministerio de Economía de José Alfredo Martínez de Hoz. En la hipótesis de la fiscalía, ambos integraron la trama de informantes del aparato de inteligencia del PRT. Con ellos, sitúan a Rafael Perrota, ex director del Cronista Comercial, cuya causa no está en este juicio oral. Gallego Soto, Casariego del Bel y Perrota son nombres que aparecen alrededor del “Caso Redondo”, con tramas descifradas y otras escondidas en nombres y códigos todavía por descifrar.

García Lupo entró en la sala. Escuchó a los fiscales. Le preguntaron por un artículo de 1998: “El tercer hombre en las sombras”, dice el título bajo el cual contó parte de la increíble historia de Gallego Soto como contacto en las sombras entre el jefe del justicialismo y La Habana. “El Che necesitaba peronistas para su guerrilla en Argentina; Perón, dinero para su retorno al país”, escribió. Gallego Soto era uno de los tres: los otros dos fueron John William Cooke y Jerónimo Remorino, ex embajador en Washington. “Julio ‘Gallego’ Soto fue agente de Perón para las operaciones confidenciales de mayor riesgo –escribió García Lupo–. Conocía las cuentas numeradas de los bancos de Nueva York, Barcelona, Montevideo y París, donde era mayor la discreción, y también podía reconstruir de memoria la historia de los contradocumentos y las transferencias de fondos que respaldaban los pactos políticos del jefe del justicialismo.” Así, era “un eximio conspirador que construyó como una obra de arte su bajo perfil”.

La fiscalía preguntó sobre ese punto: ¿cómo hizo esa investigación? García Lupo respondió lo que después iba a ir repitiendo: “La verdad es que como el tiempo ha transcurrido y por el tipo de trabajo que hice, no me resulta fácil (recordarlo)”. Aun así, dio varios datos. Que el hijo de Gallego Soto le proporcionó detalles de la vida de su padre. Y habló de Alberto P. López, antiguo amigo del empresario: “Me hizo llegar algunos papeles: tuve una entrevista con él porque Gallego Soto había sido cliente suyo. Está muerto”.

Cuando insistieron con las preguntas, explicó: “Estamos hablando de un secuestrado de 1977, de un artículo publicado en 1998, de una declaración mía en una causa en 2005, a medida que pasan las décadas me voy olvidando de más cosas. Por suerte está ese escrito, se puede ver”.

En la sala pequeña de Casación, García Lupo pidió permiso para comer un caramelo y “recuperar un poco de aire”. El Tribunal paró el debate unos minutos. El volvió a hablar. Tiempo después tosió bastante. En medio del silencio, como si nadie supiera si la cosa significaba bastante esfuerzo, de pronto se le escuchó a modo de broma: “Es que se me van acabando las pilas...”.

En esa serie de artículos de agentes, contrainteligencia y la CIA, escribió sobre el “Caso Redondo”: “Gallego Soto fue investigado por los servicios de Inteligencia militar dentro de una causa mayor identificada como ‘Caso Redondo’. En el mismo expediente fueron secuestrados y desa-parecidos Rafael Perrota y un alto funcionario del Ministerio de Economía, Juan Carlos Casariego del Bel, que se ocupaba de inversiones extranjeras. Los tres fueron interrogados bajo tortura sobre sus relaciones con los jerarcas del ERP, que en el momento de estas detenciones prácticamente había sido destruido”.

El párrafo disparó varias preguntas: Casariego del Bel y el “Caso Redondo”. De Casariego, García Lupo habló de la intervención que tuvo en la nacionalización de la compañía Italo, propiciada por Martínez de Hoz y a la que él se opuso. Dijo que Martínez de Hoz estaba de los dos lados del mostrador. Que fue una operación rápida, que se hizo en el primer año del gobierno de facto. Y agregó: “Se dijo que Casariego había manifestado su oposición a la tasación que se había hecho. Por su función era posible, pero nunca pude recoger algo que completara eso que está en el terreno de la presunción”.

“Caso Redondo”

Las partes volvieron al “Caso Redondo”: “¿Usted hizo esa vinculación?”. “¿Por qué se los vinculó?”, preguntaron. “Siempre se los ha nombrado como tres casos vinculados entre sí por el hecho de que aparentemente habían cumplido funciones de carácter financiero, vinculadas con la lucha armada” y “porque habían sido secuestrados en el mismo período de tiempo, tres casos con una tentativa de extorsión”. Para García Lupo, los tres “tienen un comienzo político y a medida que el secuestro avanza en el tiempo se va convirtiendo en una especulación financiera. Por Casariego pidieron 50 mil dólares a su esposa, y realmente la esposa pudo juntarlos, pero ya no tuvo más noticias. Creo que debe haber muerto, era un cardíaco muy enfermo y es probable que ante las torturas su resistencia física se haya agotado. Con Gallego Soto también hubo una tentativa de dinero. Perrota era muy rico, hubo rápidamente tentativa de quedarse con dinero a cambio de la libertad”.

“¿Los tres fueron interrogados sobre sus vinculaciones con el ERP? ¿Cómo llegó a esa hipótesis en el artículo?”, le preguntaron y García Lupo volvió a aquello de la memoria. Habló de la acumulación de datos. “Pero creo que se me va a ir borrando la memoria a medida que pasan los años: esto es de ’77, en el ’85 estuvo la Comisión Investigadora de la Italo, en el ’98 los artículos, en 2005 la primera audiencia: como veo que esto va para lejos es que presumo que la próxima vez me haya olvidado de más cosas todavía, no es un problema de buena voluntad.”