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Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires evalúan interponer un recurso de inconstitucionalidad al veto que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, dispuso sobre la ley que reglamenta los casos de aborto no punibles, aprobada a fines de septiembre por la Legislatura porteña. Distintas organizaciones sociales también repudiaron la decisión: “Se vuelve a vulnerar los derechos de las mujeres”, coincidieron.

Con la medida tomada por Macri, el proyecto debería volver a la Legislatura. Sin embargo, desde los bloques opositores prevén un panorama poco favorable para lograr los 40 votos afirmativos, sobre 60, necesarios para ratificar la ley. Por eso, Alejandro Bodart (MST-Proyecto Sur) y María Elena Naddeo (Frente Progresista Popular) informaron que barajan la posibilidad de iniciar acciones judiciales para garantizar la vigencia de la ley. La medida “está tergiversando muchos de los párrafos textuales de la Corte Suprema de Justicia”, explicaron.

La diputada porteña Gabriela Alegre (Frente para la Victoria) opinó que el veto “es profundamente conservador, utiliza argumentos constitucionales y del derecho de fondo de manera totalmente descontextualizada”. Y cuestionó: “Para Macri, si una adolescente menor de 18 años fue violada, el aborto no lo decide ella sino su familia (representantes legales), cuando sabemos que muchas de las violaciones suceden en el seno familiar”. Para la diputada nacional María Luisa Storani (UCR), el veto “confirma un retroceso en los derechos de las mujeres. Al final, el jefe de Gobierno porteño condena a las que menos tienen”, consideró.

“La intención de Macri es obturar la ley para que no se puedan realizar los abortos no punibles, rigiéndose por el protocolo del Ministerio de Salud porteño, que es absolutamente restrictivo y no se condice con el fallo de la Corte”, apuntó Laura García Tuñón, miembro de la Comisión de Salud de la Legislatura.

Con la decisión de Macri, “la mujer es revictimizada”, después de la violación, “por el gobierno, porque ni siquiera es el Estado, es Macri el que decidió”, manifestó Romina Amor, de la Campaña Nacional contra las Violencias contra las Mujeres. Por eso, incentivó a que “el tema sea tomado por el Estado y se reglamente en todo el país, que no exista la posibilidad de que alguien con el dedo decida sobre nuestros cuerpos”.