Después de 20 meses de cárcel, María Ovando enfrenta hoy el juicio que representa la más grave llaga y contrasentido de la Justicia penal, la del profundo desequilibrio que ejecuta para poder afirmar que su balanza es equilibrada. María Ovando es juzgada por la muerte por desnutrición de su hija Carolina, de 3 años, en marzo de 2011, en un monte perdido cercano al caserío de Colonia Mado, al norte de Misiones. El proceso, además, es la más pura demostración de sustitución de responsabilidades. Sus abogados, Eduardo Paredes y Roxana Rivas sostienen que en lugar de la acusada debería estar sentado el Estado. La mujer, con 12 hijos –la mayoría indocumentados–, indigente, y sin haber recibido nunca la Asignación Universal por Hijo, recién fue tomada en cuenta para ser castigada. De hecho, sobre su hija Carolina, “el único documento oficial que dice que existió es su partida de defunción”, dijo Paredes a Página/12. La Defensoría General de la Nación, la Asociación Pensamiento Penal, Vilma Ripoll, y una serie de organizaciones feministas, se presentaron como amicus curiae. En 2004, por la misma razón y en la misma situación de abandono, Librada Figueredo fue sobreseída por la muerte de dos de sus hijos. No fue posible ubicar a Figueredo para saber si, liberada después de 20 meses de cárcel, fue abandonada otra vez a su suerte. Todo indica que sí. De otro modo, el error estatal sobre María Ovando no se hubiera repetido. Y Carolina... Carolina estaría viva.

Aunque el proceso judicial contra María Ovando, de 37 años, se inició en marzo del año pasado, la muerte de Carolina, su hija, pendía sobre su cabeza mucho antes de su propio nacimiento. Pero sólo el proceso es una radiografía de lo injusta que suele ser la Justicia penal cuando se aplica como solución a las dificultades sociales. María Ovando tuvo 12 hijos. Nueve con su primera pareja, todos reconocidos por el padre, del que luego se separó. Más tarde estuvo en pareja con un hombre, del que se separó para ponerse en pareja con el hermano de aquél, y con quien tuvo tres hijos más, entre ellos Carolina. Vivía en el monte, lejos del centro de la Colonia Mado, un caserío dentro de la jurisdicción de Eldorado, pero demasiado lejano como para que la asistencia social y sanitaria llegara con la asiduidad necesaria.

Varios de sus hijos estaban indocumentados. De hecho, Carolina no existía para el Estado, que ahora pretende castigar a su madre luego de labrarle su único documento, una partida de defunción. Ovando alimentaba a sus hijos con una comida típica, el reviro, una mezcla de harina, agua, grasa y huevo. Y llevaba una vida de picapiedras, en el sentido más literal del término: picaba piedras para cobrar unos 17 pesos por el trabajo. “Cobraba un bono de Nación de 117 pesos –describió Paredes–. La omisión del Estado provincial es no haber denunciado la indocumentación para incorporarlos al sistema. Se violan la Convención de los Derechos del Niño al no otorgarle la Asignación.” Todavía más, cuando la detuvieron, a María Ovando le quitaron su bebé de dos meses al que alimentaba con su leche.

“En el expediente no figura la causa de muerte –explicó el abogado–. Lo único que importó fue procesarla y dejarla que se arreglara como pudiera.” En 2004, el juez Roberto Saldaña procesó por doble abandono de persona seguida de muerte con agravante por el lazo de consanguineidad a Librada Figueredo, y la mantuvo presa por casi dos años. Fue a juicio y la fiscal Claudia Katok no presentó acusación y Figueredo fue liberada. Hoy, otra mujer es enjuiciada procesada por el mismo Saldaña.

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