“Se ratifica lo actuado hasta la fecha”, destaca la respuesta oficial que envió la Anses a Eugenio Semino, quien se desempeña como jefe del área de Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. La nota confirma que el aumento de jubilaciones del 11,42 por ciento dispuesto por el Gobierno en septiembre pasado respeta las pautas de la ley de movilidad previsional. Además, descarta que el cálculo se haya efectuado con datos provisorios que después obligaran a una corrección. Semino postulaba esto último y concluía que la suba de haberes debió haber sido del 14 por ciento. El miércoles de la semana pasada, la Anses le respondió a su pedido de informes con dos notas: en la primera le advirtió que no tenía facultades para hacer la solicitud, pues su área de competencia es la Ciudad Autónoma, y en la segunda igualmente le contestó que sus sospechas son infundadas.

Semino y varios especialistas en materia previsional denunciaron que el incremento de jubilaciones de septiembre estuvo mal calculado. Se basaron en que la Anses dio a conocer el alza de 11,42 por ciento antes de que la Secretaría de Seguridad Social, que depende del Ministerio de Trabajo, informara el resultado de su índice de salarios. Ese indicador, conocido como Ripte, es uno de los insumos de la fórmula de la ley de movilidad. Semino y compañía concluyeron que la Anses no había tomado en cuenta el Ripte cuando determinó el aumento de las prestaciones. Luego hicieron su propio cálculo usando ese índice y estimaron que la suba debió fijarse en 14 por ciento, por lo que pidieron una actualización retroactiva de las jubilaciones al 1º de septiembre.

Ezequiel Lo Valvo, de la Dirección General de Planeamiento de la Anses, puntualizó en una de las notas a Semino que el organismo recibió el valor del Ripte por parte de la Secretaría de Seguridad Social el 30 de julio pasado, “en cumplimiento de las previsiones del artículo 13 de la resolución SSS Nº 6/09”. Por lo tanto, no es cierto que la Anses hubiera ignorado ese indicador cuando fijó el aumento de septiembre. “Los valores informados por la Secretaría de Seguridad Social en esa oportunidad y utilizados por la Anses para el cálculo de la movilidad de septiembre de 2012 coinciden con los publicados por esa dependencia meses después”, agrega, para alejar sospechas.

“La denuncia es un disparate. La hacen abogados previsionalistas para alimentar una vez más la industria del juicio. Quieren instalar que el aumento estuvo mal dado para empezar con las demandas en tribunales”, interpretaron en el organismo previsional. “El dato del Ripte se conoció públicamente después de que informamos la suba de septiembre, pero lo teníamos desde el 30 de julio. Una cosa es el calendario de difusión pública de los índices y otra el funcionamiento interno del Estado”, agregaron. La nota que firma Lo Valvo sostiene: “Esta Anses ha procedido a aplicar las pautas definidas en las disposiciones legales (...) que regulan el cálculo de la movilidad, ratificándose lo actuado hasta la fecha; en este sentido, se utilizó la comparación prevista normativamente entre el índice de salarios calculado por el Indec y el índice Ripte, determinado por la Secretaría de Seguridad Social”. Con ello, vuelve a negar que se hubiera ignorado el Ripte cuando se estimó el alza.

Luego la nota da cuenta de la política de mejora de las prestaciones que siguió el Gobierno desde 2003, la cual permitió que la jubilación mínima tuviera aumentos por 1153 por ciento desde aquel año a la fecha. También señala que la ley de movilidad acumuló alzas del 172,4 por ciento en tres años, mientras que el índice Ripte subió 140,2 por ciento en el mismo lapso. Es decir, la Anses hizo notar que si se hubiera seguido la propuesta de la oposición cuando se debatió la ley de movilidad, que era utilizar sólo el índice Ripte, los aumentos hubieran sido más bajos.

La otra nota a Semino deja en claro que el funcionario no es defensor de la Tercera Edad a nivel nacional, sino jefe de un área de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que se dedica a esa función. Por lo tanto, “carece de competencia para peticionar ante esta Administración Nacional de la Seguridad Social”. La Defensoría “es esencialmente de carácter local, encontrándose fuera de su competencia todo requerimiento a autoridades del orden nacional”. También menciona un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación en el mismo sentido.

En esta segunda nota se le reprocha a Semino que en su pedido de informes del 31 de octubre “no se indicó plazo alguno para dar respuesta al requerimiento, limitándose a solicitar la ‘espera de una pronta respuesta’. En tal sentido, llama la atención la difusión por parte de medios masivos de comunicación del establecimiento de un plazo para la presente y que además, según la información difundida, se encontraría vencido”. En artículos periodísticos se decía que la Anses tenía 15 días para responder a Semino. Por último, el organismo señala que la respuesta se produjo en el término de 10 días hábiles, “plazo que es considerado habitual, normal y razonable para este tipo de requerimientos”.