En la esquina de Solís y Chile, apoyada en las muletas que la acompañan desde hace algunos años, María Quispe, una limeña radicada en Buenos Aires desde 2003, describe la situación por la que atraviesan 82 familias argentinas, peruanas y bolivianas que vivían en un edificio de dos cuerpos que se incendió el 1º de febrero. “Ahorita estamos en la calle, esperando que nos den una solución. El Gobierno de la Ciudad nos prometió viandas, pero sólo llegaron los primeros cuatro días. Ahora estamos esperando que habiliten la parte del edificio que está habitable, para ver si todos nos podemos acomodar de alguna forma y terminar con esta situación.” Cuando termina la frase, hace un gesto y mueve las manos señalado una veintena de carpas, instaladas sobre la calzada de Solís al 600, en las que se apiñan todos, incluyendo 148 niños que andan correteando por la calle, algunos todavía con pañales, y 12 embarazadas. El edificio, administrado por la Anses, “no era un lugar tomado, como dijeron algunos medios, nosotros formamos cooperativas y estábamos pagando la luz y los servicios. No éramos usurpadores”, aclara María.

Marta Ratto es otra de las “jefas” del grupo, según reconocen los hombres y mujeres que han quedado en la calle. “Nosotros estamos hablando con Anses y con Tierra y Vivienda, tenemos diálogo con ellos, pero el problema es que si los peritos que vieron el edificio (después del incendio) dicen que no está en condiciones de ser habitado, vamos a seguir en la calle y tienen que darnos una solución.” El fin de semana largo, de disfrute para muchos, es para ellos una impasse preocupante: “Hasta el miércoles no vamos a tener novedades. Ya pasamos dos tormentas en la calle y no queremos que se repita”.

El incendio se inició, por causas que se investigan –los habitantes del edificio piensan que hubo una “mano negra”–, en el quinto piso del cuerpo A y se prolongó a los pisos superiores, sexto, séptimo, octavo, e incluso a la azotea. El fuego dañó la mitad de los pisos afectados. Esto significa que una parte de los cuatro pisos superiores, y todos los pisos inferiores, no han sufrido el fuego, aunque sí la violencia del agua con que lo combatieron cinco dotaciones de bomberos. “Yo vivo en el cuerpo B, que no fue afectado ni por las llamas ni por el humo, ni por el agua, pero no podemos entrar porque todo el edificio fue clausurado en forma preventiva”, precisa Marta Ratto.

La mayoría de los habitantes del edificio vivían en el lugar desde el año 2003. “Al principio fue una casa tomada, pero luego todo se fue legalizando y ahora nosotros estábamos avanzando. Por ejemplo, Edesur ya nos iba a poner medidores individuales en cada departamento, porque ahora tenemos un solo medidor para todos y nosotros mismos hacemos un cálculo de lo que debe pagar cada familia.” El primer paso para “legalizar” su situación fue la creación de las cooperativas y un acuerdo con la Anses para saldar “una deuda a Edesur de más de 50 mil pesos. Ya la terminamos de pagar y estábamos viviendo dignamente”, insiste María.

Los vecinos se quejan porque a más de una semana de lo sucedido “las autoridades siguen sin darnos una solución”. Marta aclara que el gobierno porteño, para que desalojen la calle –el corte interrumpe el tránsito tanto por Chile como por Solís– les ofreció “un subsidio de 3400 pesos por familia y una suma de 1200 pesos mensuales por diez meses”. Rechazaron la oferta porque “con ese dinero no podíamos conseguir ninguna casa en alquiler, ni un hotel. Además, en la mayoría de los hoteles no quieren niños y acá hay familias que tienen cuatro y hasta seis hijos”, subraya Marta Ratto.

“Al principio, el gobierno porteño nos trajo baños químicos y viandas, a través del BAP (Buenos Aires Presente), pero después dejaron de venir”, señala María. Por su parte, Marta dice que mantienen diálogo permanente con Anses y Tierra y Vivienda, “pero si los peritos no habilitan el edificio y nadie nos ofrece un lugar donde vivir, vamos a seguir todos en la calle y la situación es insostenible”, remarcan las “jefas” del grupo.

Sobre las seis de la tarde, un grupo de voluntarios de la ONG Proyecto 7, Gente en Situación de Calle, llama a los chicos a tomar la merienda. “Para nosotros, los que están acá no son extranjeros, son seres humanos que están en la calle y por eso, todos los días, hacemos una olla popular para darles el almuerzo y la cena”, le comenta a Página/12 el cordobés Carlos Miranda, que hace cuatro años dejó las sierras y se vino a Buenos Aires. “Yo, como la mayoría de los que estamos en Proyecto 7, vivimos algún tiempo en la calle y sabemos lo que eso significa.” La organización, que tiene su sede en Monteagudo 435, en Parque Patricios, fue creada hace diez años por Horacio Avila.

En el barrio, algunos vecinos ayudan a los damnificados y otros se quejan por el corte de las dos calles y la presencia de centenares de personas sobre veredas y calzadas. Los comerciantes dicen ser “los más perjudicados”. El que sin dudas está perdiendo clientes es el dueño del albergue transitorio ubicado al lado del edificio incendiado. La presencia de niños, mujeres y hombres ahuyenta a los amantes furtivos.