El último choque en cadena en la avenida Santa Fe, producido por un taxista que entró por el carril de contramano, el 19 de febrero, reveló no sólo la inconsistencia de la palabra accidente para definir el caso, sino también las fallas del sistema de scoring utilizado por las autoridades porteñas: conductores que conservan sus registros a pesar de acumular decenas de infracciones, muchas vinculadas con la alta velocidad. Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (Agcba) señala que el dato es revelador pero no es nuevo: en números, entre 2009 y 2010, las autoridades de la Ciudad descontaron puntos de licencias a 26 mil personas, menos del 2 por ciento del parque automotor de la Capital Federal, mientras que sólo el 0,8 por mil (21) fue inhabilitado con el retiro del carnet.

Si bien cada vez hay más cámaras en la Ciudad y en una época los controles parecían brotar del piso, el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores, conocido como scoring, es un programa de prevención, incompleto según señala el informe de la Agcba de octubre de 2012, con un 2 por ciento de la población de la Capital Federal al que se le descontaron puntos, mientras que menos del 1 por mil de los sancionados con descuento fue inhabilitado para conducir.

Según el organismo de control, uno de los principales problemas radica en que una porción importante de los vehículos que circulan en la Ciudad pertenece a otras jurisdicciones. En este sentido, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño explicaron a Página/12 que “el sistema es relativamente nuevo, tiene cuatro años y, si bien hay convenios con la provincia de Buenos Aires y con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y una ley nacional, en provincia no existe y en Nación tampoco. Existe como ley pero no como sistema. Está pendiente que se coordine a nivel jurisdiccional”.

Por otro lado, la Auditoría señala que es un sistema contradictorio en cuanto a que el infractor que no comparece resulta beneficiado, ya que se incrementa la posibilidad de prescripción de las multas a los dos años de emitida si no media ninguna intimación o acción judicial. Desde la cartera porteña señalaron que esto se debe a las distintas instancias del sistema. “Por más que sean muchas infracciones, si el conductor las cometió hace poco quizá no tuvo siquiera la cita con el controlador. Cualquier acta, sea tomada por un agente de tránsito o un cámara de seguridad, es una presunta infracción por lo que se tiene la posibilidad de hacer un descargo con el controlador, que es una suerte de juez. Si él le dice que tiene que pagar puede no estar de acuerdo y ahí pasar a la instancia de la Justicia Penal y Contravencional de Faltas.”

Sin embargo, las elusiones tienen un límite: la renovación del registro o la venta del auto, instancia en que se exige el pago de todas las deudas por infracciones. Este es el contexto en que la mayoría de los conductores se actualiza.

Consultado por este diario, el jefe de bloque de la Coalición Cívica en la Legislatura, Fernando Sánchez, denunció que en el sistema del scoring hay “una complicidad entre la administración pública porteña y los infractores”. “Al no llamar inmediatamente a los infractores se pagan las multas pero no se pena a las personas. El controlador de faltas le cobra pero no le baja los puntos. Eso, en el mejor de los casos, porque la mitad de las faltas ni se notifica. Es una pena, la ley está escrita pero el sistema no se cumple”, explicó.

Además, el legislador apuntó contra la ley porteña votada en noviembre de 2012 que crea el Sistema de Sustitución de Penas por Traslados Comunitarios, frente a las multas de los taxis. “Se trata de servicios comunitarios que nadie controla. Estoy de acuerdo con las penas no tradicionales pero no para choferes profesionales como los taxistas. Tienen más responsabilidad y se los castiga menos”, señaló.

En el scoring a cada conductor se le otorgan 20 puntos, de los que se descuentan los correspondientes a ciertas infracciones graves como conducir utilizando celular, MP3 o auriculares; violación de luz roja, negativa al control de alcoholemia, exceso de velocidad, entre otras. Cada descuento parcial de puntos queda sin efecto a los 2 años de efectuado siempre que el conductor, durante ese lapso, no haya alcanzado 0 punto. Cuando se llegue a esa situación, el castigo será la inhabilitación para conducir de 60 días a 5 años.

De haberse aplicado las penas correspondientes a las multas quizá se hubieran evitado algunos de los 10.145 siniestros que hubo en 2010 en la Ciudad con un saldo de 102 muertos.

Informe: María Julieta Rumi.