El informe 2013 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas refleja y rechaza los planteos de legalización de la marihuana para uso recreativo, ocurridos simultáneamente a lo largo del 2012. Raymod Yans, titular de la Junta, afirma que las convenciones internacionales, que critican países americanos y europeos, son los “mejores instrumentos” disponibles para proteger a la humanidad “del consumo de drogas y de las consecuencias del narcotráfico”. Los gobiernos más criticados son los de Uruguay y Estados Unidos; también Bolivia, por la legalización del cultivo de coca. Sobre Argentina, el informe reconoce que el Gobierno “ha adoptado amplias medidas para hacer extensivos los programas de prevención y los servicios de tratamiento y rehabilitación”. La supuesta ausencia de estos programas fue el principal argumento de los opositores a la despenalización de la tenencia para uso personal el año pasado, cuando se debatió en el Congreso.

En el prefacio del informe, Yans “observa con preocupación” que en el debate respecto de la efectividad de la guerra contra las drogas haya iniciativas de legalizar el cannabis para “fines que no son ni médicos ni científicos, es decir, con fines ‘recreativos’, lo que admitiría el cultivo de la planta de cannabis y el consumo de cannabis con fines extraterapéuticos”. Toda iniciativa de esa índole que se ponga en práctica, afirma, “infringiría los tratados de fiscalización internacional de drogas”. En Estados Unidos, la población de los estados de Washington y Colorado ya aprobó esta regulación mediante plebiscitos, Uruguay la trataría en su Parlamento.

“Hay quien ha sostenido que esas propuestas eliminarían los mercados ilícitos y la delincuencia organizada relacionada con las drogas objeto de abuso. No obstante, aun cuando esas iniciativas se llevaran a la práctica, los grupos delictivos organizados se involucrarían aún más, por ejemplo, estableciendo un mercado clandestino para el abastecimiento ilícito a los jóvenes de las nuevas sustancias legalizadas”, asegura Yans, sin poner ejemplos. No obstante, Holanda logró reducir el uso de heroína inyectable en su población al permitir la venta de cannabis para fines recreativos, mientras que en Uruguay se proponen hacerlo para alejar a los usuarios del mercado de pasta base.

La primera parte del documento resalta la noción de responsabilidad compartida. Es el marco, señala la JIFE, para una alianza “entre una multiplicidad de interesados sobre la base de una percepción común de un problema compartido, un objetivo común y la necesidad de alcanzar ese objetivo”. Se pone el caso del plan Mérida, por el cual Estados Unidos reforzó “la capacidad de las fuerzas del orden mexicanas para descubrir y desmantelar laboratorios ilegales de drogas”. Las consecuencias de esa guerra no son ignoradas por la JIFE: “Más de 60 mil personas han perdido la vida de resultas de la violencia relacionada con las drogas desde 2006”.

Esta responsabilidad compartida, subraya el informe, debe tener en cuenta “los intereses de los demás” y solo será efectiva “cuando los Estados cumplan plenamente sus obligaciones a nivel nacional”. Tener una política propia o regional es posible, si se sigue el principio de no injerencia en los asuntos internos, mencionado como parte de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Sin embargo, el fantasma de las intervenciones militares merodea el documento. Se menciona que desde 2008 el Consejo de Seguridad de la ONU “ha dedicado varias sesiones a la lucha contra las drogas y a cuestiones relacionadas con la delincuencia organizada”.

A modo de conclusión de este capítulo, se destaca que “la experiencia adquirida en la lucha contra las drogas podría servir de ejemplo para combatir otras amenazas mundiales actuales”, que no se mencionan. El siguiente apartado es un monitoreo hecho por las delegaciones de la JIFE en varios países. Allí se muestra preocupación por las enmiendas al programa de marihuana medicinal en Canadá, que se privatizaría este año, y se critica la existencia de Insite, una sala de inyección segura para usuarios de heroína en Vancouver, parte de una política para reducción de daños asociados al consumo, por violar los tratados.

Según un estudio de la revista médica The Lancet, gracias a esa sala se redujeron las muertes por sobredosis en un 35 por ciento en el barrio donde está ubicada, Eastside, en el centro de esa ciudad.

En el caso de Estados Unidos, la JIFE denuncia que “la oferta de ‘cannabis medicinal’ en California y otros estados constituye un grave obstáculo para que el gobierno pueda cumplir las disposiciones de los tratados”. Sin mencionar fuentes, el documento afirma que en California el dispendio para fines médicos es una legalización encubierta y contribuyó “al aumento del abuso de esa droga” por falta de regulaciones. “Se ha observado”, agrega, que más del 90 por ciento de “los ‘pacientes’ inscriptos en dispensarios de ‘cannabis medicinal’ no tienen una historia clínica conexa y que el 70 por ciento de los usuarios de esos dispensarios tienen menos de 40 años.”

Pero lo que más preocupa, según surge del documento, es la legalización del cannabis para uso recreativo en Washington y Colorado y los intentos en otros estados. En este sentido, la JIFE insta al gobierno federal “a dar cumplimiento a las disposiciones de la Convención de 1961 en sus respectivos territorios”. El presidente Barack Obama ya adelantó en una entrevista a la revista Time que no es su prioridad perseguir a usuarios ni está dentro de sus planes imponer la ley federal de drogas en esos estados.

Las delegaciones de la Junta también visitaron la Argentina y destacaron la labor en materia preventiva, de tratamiento e inclusión social. “Mediante registros de instituciones y organismos de servicio, el Gobierno proporciona acceso público a servicios de bienestar social y tratamiento”, señala el informe. También se destacan los cursos de capacitación en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos para “fortalecer la aplicación de la ley” y los avances en la fiscalización de precursores químicos legales, desviados para fabricar sustancias ilícitas.

Los nuevos desafíos en materia de drogas, dice el informe, están referidos a la venta ilegal de psicofármacos. En este punto, la JIFE ha pedido a varios países que determinen “si existen problemas de exceso de oferta y posible abuso y que promuevan el uso racional de esas sustancias”. Se señala a Estados Unidos, Alemania y Rusia como los principales países de este consumo que “puede ser tan peligroso como el uso ilícito de otras drogas, como la heroína y la cocaína”. Sin embargo, no se mencionan las probables responsabilidades de las laboratorios farmacológicos y solo se denuncia el creciente microtráfico de medicamentos vía Internet.

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