Por primera vez, en la Gendarmería hay un juicio por acoso sexual. El imputado es un suboficial con 35 años de servicio. Lo denunció una subordinada, de 26 años, que soportó su hostigamiento durante cinco años y recién ahora encontró el acompañamiento institucional para llevar adelante la acusación. Es el primer juicio, no porque antes no hubiera habido otros casos sino porque los hechos no llegaban a denunciarse internamente o las denuncias no prosperaban. El cambio tiene que ver con la llegada de Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad, con una amplia agenda de género, que incluye desde la creación de centros de atención integral de género en las fuerzas policiales y de seguridad para recibir denuncias de discriminación y acoso sexual y, a la vez, resolver las demandas de los varones y las mujeres para conciliar familia y profesión; hasta la prohibición de limitar las vacantes de ingreso a las mujeres en los centros de formación –como establecían normativas vigentes o los usos y costumbres– y la eliminación de otras barreras de acceso, permanencia y progreso de embarazadas y lactantes y personal con niñas y niños a cargo en la Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además de implementar medidas para asegurar el respeto a la identidad de género adoptada por personas trans.

Las fuerzas policiales y de seguridad fueron por años cotos masculinos. Las mujeres son minoría entre el personal. Y la mayoría, en cualquiera de las fuerzas, se ubica en los escalafones subalternos y son pocas todavía las que llegan a los altos puestos jerárquicos. En la Policía Federal representan apenas el 19 por ciento del personal, aunque las primeras egresadas datan de la década del ’60 en el rango de suboficiales. Pero recién 18 años después se empezaron a incorporar como oficiales. Por el momento, sólo hay una comisaria mayor (a cargo de Asuntos Internos) y tres comisarias generales, una de ellas titular de la comisaría 42ª. La presencia femenina es aún menor en Gendarmería (12,7 por ciento) y Prefectura (apenas, 4,54 por ciento), donde se les abrieron las puertas a las mujeres en años más recientes. En Prefectura recién en 2000. Pero siempre con un cupo. En cambio, en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la más nueva, creada en 2006, donde no impusieron restricciones desde sus orígenes, la proporción de mujeres es mucho mayor: llega al 31,49 por ciento.

“Para construir un modelo democrático de seguridad ciudadana, debemos emprender seriamente la tarea de pensar a los derechos humanos –y la igualdad de género– tanto como un principio que debe ser garantizado y resguardado por el sistema de seguridad del Estado, pero que también debe ser garantizado al interior de ese mismo sistema”, escribió Garré, en el prólogo del libro Género y seguridad ciudadana: en busca de la igualdad, publicado por el Ministerio, donde se recopilan las diversas resoluciones en esta materia que se han ido implementando desde su llegada a esta cartera. Una política similar llevó adelante en el Ministerio de Defensa.

Una de las primeras medidas fue la creación de un grupo de trabajo –integrado por referentes de cada fuerza y de las direcciones de Personal y de Educación del Ministerio– que se encargó de analizar las normativas vinculadas con el trato que las fuerzas les daban a las mujeres. Así rápidamente quedó a la vista cómo los reglamentos las discriminaban si estaban embarazadas o en período de lactancia, por ejemplo.

Antes de que Garré dictara la Resolución Nº 016/2012, que prohibió la limitación de vacantes por género en los centros de formación o reclutamiento, era muy raro que las mujeres en la Policía Federal ingresaran al escalafón bomberos o comunicaciones (solamente lo hacían al de Seguridad). La primera bombera fue Anahí Garnica, hoy subinspectora en el Cuartel 1º. Hija de un bombero ya retirado, siempre quiso seguir los pasos de su padre. Pero sabía que tenía vedada la carrera en ese ámbito. Por eso, al terminar el secundario, en un industrial, se anotó en la Universidad Tecnológica Nacional para seguir ingeniería civil. Pero justo ese año, 2003, la Federal decidió permitir el ingreso a mujeres. “Como no estaban seguros, nos tomaron a prueba. Eramos cinco y 20 varones en el aula”, contó Garnica a este diario. Cuando la destinaron en 2006 al Cuartel 1º no había habitación ni baño para el personal femenino.

La nueva norma ya tuvo impacto: en todo 2012 entraron 78 bomberas y 109 del escalafón comunicación. En el primer caso representan el 45 por ciento de los ingresantes; en el segundo, el 54,5 por ciento. En la primera cohorte de 2013 son 31 las bomberas (30 por ciento) y 111 en el escalafón comunicación (64 por ciento), según datos suministrados por el Ministerio de Seguridad. A la par se reacondicionaron los cuarteles, los pabellones, los baños y vestuarios para alojar a las mujeres. Lo mismo sucedió en otras fuerzas. A partir de la Resolución 016/2012, aumentó más de un 50 por ciento el número de cadetas que ingresan para oficiales de la Federal. De 108 en 2012 pasaron a 210 en 2013. Es decir, no era que no querían ser agentes de policía sino que no las dejaban.

En Prefectura, por primera vez hay una mujer en la Agrupación Albatros, grupo de elite. En el destacamento, ubicado en la localidad bonaerense de San Fernando, hay 600 varones y una mujer: la oficial ayudante Antonella Saez, de 24 años.

La agenda de género está en manos de Natalia Federman, directora nacional de Derechos Humanos de la cartera. Federman se encargó de la misma tarea en Defensa. “El desafío no es pensar una institución masculina que hoy tiene mujeres sino una institución con perspectiva de género, donde varones y mujeres tengan igualdad de oportunidades”, explicó a Página/12.

El primer paso que dio el grupo de trabajo de género fue realizar una encuesta anónima para determinar las condiciones de mujeres y varones en las fuerzas policiales y de seguridad. Uno de los datos más preocupantes que aportó el relevamiento fue un alto nivel de violencia laboral vivido tanto por varones como por mujeres y, por otra parte, situaciones de acoso sexual fundamentalmente sufridas por personal femenino y perpetrada por superiores masculinos: más de una de cada 10 mujeres de las fuerzas, es decir, el 13,8 por ciento del total pasaron por ese tipo de situación; y 1,1 por ciento de personal masculino. “El acoso sexual, como forma más virulenta en la que se expresa la violencia laboral, se encuentra presente en todas las fuerzas policiales y de seguridad, aunque con distinto grado de incidencia: en la PFA, hay 3,8 situaciones de acoso por cada 100 miembros; le sigue la PSA con 2,9; la GNA con 2,5 y por último la PNA con 1 caso por cada 100 integrantes”, detalló Federman. Según la encuesta, realizada entre agosto y noviembre de 2011, solo el 8 por ciento del personal que vivió situaciones de acoso hizo la denuncia.

Una de las resoluciones que firmó Garre fue la eliminación de la obligación de pedir autorización para casarse que regía en Prefectura y Gendarmería. “Sólo se tiene que avisar para poder gozar de la licencia correspondiente. Pero no pedir permiso. Este cambio tuvo un impacto más importante entre parejas del mismo sexo, a partir del matrimonio igualitario, que podían sentir que iban a ser discriminados por dar a conocer esa decisión”, apuntó Federman.

Otro de los cambios que imprimió la agenda de género que se está desplegando desde el Ministerio de Seguridad es que puedan ingresar a los institutos de formación mujeres embarazadas o que estén amamantando a un hijo. Antes se les cerraba esa posibilidad. Ahora pueden hacer sus estudios y rendir todas aquellas pruebas físicas que demanda su formación después de dar a luz y terminar el período de lactancia, explicó a Página/12 Natalia Federman, directora de Derechos Humanos. La misma directiva se aplica para el régimen de ascenso de las mujeres: antes, como no podían hacer pruebas físicas, si estaban embarazadas o amamantando, no podían ascender. “Ahora las hacen cuando están en condiciones y el ascenso es retroactivo. Así no implica un retraso en su carrera”, destacó Federman.