Después de aguardar dos años en prisión, ayer sobre las hermanas Ailén y Marina Jara recayó un pedido concreto de pena: cinco años y seis meses. Se las acusó de “homicidio simple en grado de tentativa, más lesiones graves y uso de arma”, porque una de ellas hirió con un arma blanca a Juan Leguizamón, un vecino que, según declararon las hermanas, trató de abusar sexualmente de Ailén. Para el fiscal de juicio, Guillermo Altube, fueron ellas las que emboscaron al hombre por motivos “pasionales”. Ayer también declaró, a pedido de Altube, un empleado de una panadería en la que trabajaría Leguizamón. “Querían demostrar una relación sentimental previa entre él y Ailén, pero el testigo no aportó nada”, comentó el abogado defensor, Isidro Encina, quien pidió la absolución, ya que considera que hubo “legítima defensa”. El 9 de abril se conocerá el veredicto.

En la tercera audiencia del juicio en el Tribunal Oral 2 de Mercedes, declaró el último testigo, Jorge Leinati, y se expusieron los alegatos. La fiscalía había adelantado la semana pasada que Leinati era jefe de Leguizamón y lo vio con Ailén. El hombre dijo ser un empleado ocasional y que “una vez” vio a Leguizamón con una chica, pero que sólo fue durante dos minutos, por lo que no recuerda de quién se trataba ni sus rasgos físicos. En audiencias anteriores, hubo testigos que mencionaron un acoso de parte de la supuesta víctima hacia Ailén.

Sin embargo, para el fiscal Altube la relación sentimental existió: “Lo andaban buscando a Leguizamón, lo esperaron para agredirlo porque él andaba con las dos; ellas tenían un arma, además del cuchillo”. La versión de las hermanas es que el revólver, que nunca apareció, lo empuñaba Leguizamón, quien efectuó un disparo y se le trabó el arma; en ese momento, él intentaba acosar a Ailén y Marina le clavó un cuchillo en la espalda y le sacó el arma, con la que le dio un culatazo.

Esta versión fue calificada como “absurda” por el fiscal. Sin embargo, nunca se solicitó un dermotest para constatar si había restos de pólvora en las manos de las jóvenes. La única prueba del disparo estaba en el pantalón de Leguizamón, quien contó que el día de la pelea, en la madrugada 19 de febrero de 2011, tenía puesta una remera de Nueva Chicago: fue la misma camiseta que tenía el autor del disparo, según el único testigo que vio quién jaló el gatillo. Leguizamón se contradijo en el juicio. “Me sacaron el arma”, comentó y no se retractó.

El fiscal pidió 5 años y seis meses por intento de asesinato y evaluó que si el tribunal opta por condenarlas por “lesiones graves”, la pena sea de tres años y seis meses. La defensa de las hermanas Ailén y Marina, de 21 y 20 años, solicitó la absolución y, en caso contrario, que se impongan las penas mínimas de ambas figuras propuestas por la fiscalía cuatro años o dos, respectivamente. “O que se cambie por tentativa de homicidio en riña o lesiones graves en riña, con mínimas de 2 años la primera o 6 meses la segunda”, explicó el defensor Encina a este diario.

“Hubo una propuesta de la fiscalía antes para hacer un juicio abreviado si ellas se declaraban culpables de intento de homicidio. Lo rechazamos de plano. El fiscal defiende la instrucción del caso, nosotros vamos a denunciar justamente la investigación. Si hasta la primera fiscal (Luisa Pontacorvo) pidió elevación a juicio oral mencionando a la supuesta víctima como ‘fallecida’, es un papelón”, sostuvo Encina. Una de las codefensoras, Gabriela Conter, de la Gremial de Abogados, alegó que el debate judicial fue totalmente sexista: “El fiscal nunca se preguntó si las chicas eran acosadas por Leguizamón, estuvo más interesado en marcar a Ailén como una ‘chica fácil’”, señaló a Página/12.

Al hacer uso de sus últimas palabras antes del veredicto, Ailén dijo: “Le dimos el cuchillo a la policía para demostrar que nos defendimos. Esperamos que esto se resuelva y nos defiendan. Gracias por el apoyo”. En la sala estaban para solidarizarse Mirta Baravalle y Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora; Beinusz Szmukler, presidente del Observatorio de la Justicia y Claudia Rocca, de la Asociación Americana de Juristas. También acudieron representantes del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos bonaerenses.

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