Desde el 8 de marzo, el Club Comunicaciones se encuentra clausurado y las actividades de sus socios y visitantes ocasionales, suspendidas. Tras haber considerado que el club no contaba con la seguridad necesaria para permanecer abierto aunque el Ministerio de Seguridad de la Nación aseguró que la garantizaría, el juez Fernando D’Alessandro, que entiende en la quiebra de la entidad, mantuvo vigente la clausura, el viernes último. Y al día siguiente comenzó unas vacaciones que lo mantendrán alejado de la causa al menos hasta la segunda semana de abril, lo que alarmó a los socios porque el club permanecerá cerrado en un período clave del año. “Estas semanas son el comienzo del calendario de actividades deportivas. Pero si está cerrado el club, los socios no pueden concurrir, los federados no pueden entrenar, y los colegios que arriendan espacios y canchas, tienen que buscar otro lugar. Como los socios y usuarios se van a otro club en este período clave, se pierde la cuota social de todo el año. El club deja de percibir ingresos con esta clausura”, explicó a este diario Ezequiel Segura, uno de los socios.

Fernando D’Alessandro, titular del Juzgado No 7 en lo Civil y Comercial, resolvió la clausura del club al considerar que el lugar no contaba con la seguridad necesaria como para permanecer abierto. Al estar en proceso de quiebra, razonó, la entidad no dispone de fondos para pagar por prestaciones de seguridad. Tras una serie de gestiones, y enterado de las razones, el Ministerio de Seguridad de la Nación había respondido al pedido del juez asegurando que podía garantizar la seguridad del lugar. Pero para que el acuerdo quedara firme y el club continuara abierto, era preciso que el ministerio respondiera un expediente por escrito y con la firma de Cristina Caamaño, la funcionaria a cargo de la Secretaría de Cooperación con los poderes judiciales, ministerios públicos y legislaturas.

El viernes pasado, Caamaño envió el escrito en cuestión, que garantizaba la seguridad necesaria para que el club reabriera sus puertas. Pero “el viernes al mediodía el juez decidió que la propuesta del Ministerio de Seguridad era insuficiente y, por lo tanto, continuó con la medida de clausura”, explicó a este diario Jorge Rapaport, integrante del órgano fiduciario responsable de gestionar el club. El juez D’Alessandro consideró que no correspondía levantar la clausura de la entidad porque el compromiso del Ministerio de Seguridad no mencionaba explícitamente que la prestación sería gratuita. Tras esa resolución, el juez anunció que iniciaba un período de vacaciones de quince días hábiles, durante los cuales el club continuará cerrado y sin posibilidad de ser reabierto.

La clausura prolongada en estas semanas preocupa a los socios porque, explican, se trata de un momento crucial del año para la agenda de los meses siguientes. “Estas semanas son el comienzo del calendario de actividades deportivas. Pero si está cerrado el club, los socios no pueden concurrir, los federados no pueden entrenar y los colegios que arriendan espacios y canchas tienen que buscar otro lugar. Como los socios y usuarios se van a otro club en este período clave, se pierde la cuota social de todo el año. El club deja de percibir ingresos con esta clausura y eso va a tener correlato el resto del año”, explicó el socio Ezequiel Segura. La que sucede estas semanas “genera un perjuicio grande al erario”, continuó. “Los chicos que, por ejemplo, empezaban el torneo de hockey en estos días, al no poder participar, se van a otro club. Y no van a venir en veinte días porque pierden el ciclo deportivo del año. Entonces se pierde una cuota de todo el año.” El club todavía tiene pendiente la resolución de su quiebra, y la escasez de fondos, temen los socios, podría perjudicar el destino del predio.

El club tiene una deuda de 12 millones de pesos, que arrastra desde la administración deficiente que se hizo cargo de él en los ’90. Por esa deuda, el juez D’Alessandro entiende en la causa de su quebranto. Fue también D’Alessandro quien, hace dos años, en primera instancia había resuelto vender las tierras del predio a la mutual de Camioneros, cuya oferta había superado a la realizada por el Gobierno de la Ciudad. El juez falló a favor de entregarle a Moyano el club tras doce años de lucha de los socios por recuperarlo. Sin embargo, en la apelación, la Cámara revocó la decisión de D’Alessandro y le ordenó reconstituir el fideicomiso con el que se regía el club y también su comité asesor, todos los cuales presentaron luego un plan de salvataje.