Se produjo la primera intervención de la Procuvin en un caso de violencia policial, donde dos detenidos por un ejército de policías terminaron con fracturas de todo tipo desde la cintura hasta la mandíbula, los ojos negros, uno de ellos con una tremenda protuberancia en la frente, y ambos con un miedo atroz por los uniformes. Se trata de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, creada por Gils Carbó, quien designó como titular al fiscal Abel Córdoba. La Procuvin ya había intervenido en cuestiones carcelarias, pero ésta es su primera intervención en un caso de violencia policial. El caso ocurrió en Reconquista, Santa Fe, y estuvo en manos (y botas) de una brigada y una dirección de investigaciones. Los dos detenidos y molidos a palos denunciaron y reconocieron a sus agresores. El caso, además, viene a cuento de cuáles son las bisagras que se deben aceitar y hasta cambiar para que la Justicia funcione con un modelo democrático: el juez a cargo de la investigación por las denuncias de los torturados viene pedaleando los pedidos de detención de cuatro de los uniformados, con nombre, apellido y jerarquía, reconocidos por las víctimas. Mientras, la causa iniciada por los uniformados avanza a pasos agigantados. Aclaración no muy al margen: el juez que investiga a los dos detenidos es el mismo que recibió su denuncia.

Durante la noche del 25 de marzo pasado, Gustavo Cernadas y Angel Ramírez fueron arrollados prácticamente por un ejército de uniformados en la calle Amenábar, entre Iriondo y General López, de Reconquista. El equipo pertenecía a la Brigada Operativa Departamental IX y la Sección Inteligencia Zona Norte, de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la policía santafesina. Los uniformados llevaban adelante una investigación del juzgado federal de esa ciudad, a cargo de Aldo Mario Alurralde, en la que solicitaba una intervención telefónica. El particular método de intervención telefónica de los policías santafesinos quedó plasmado en los cuerpos de Gustavo Cernadas y Angel Ramírez, los dos detenidos.

Ambos denunciaron ante el fiscal federal local, Roberto Salum, la terrible golpiza a la que fueron sometidos, “mientras los mismos se encontraban esposados, con las manos en sus espaldas y de cara al piso”, tal como figura en el pedido de indagatorias de Salum a cuatro uniformados reconocidos por ellos mismos: el jefe de Inteligencia de Zona Norte, Daniel Musante; el jefe de la Brigada Operativa Departamental IX, Sergio Senn; y los oficiales principales Luciano, Martínez y Germán Arce. También denunciaron que en la sede policial fueron revisados por un médico policial, luego identificado por la fiscalía como Alejandro Daveau. Revisación como formulismo teórico, ya que “se limitó a mirarlos y rellenar una planilla”, sostuvo Salum, y que al pedido de que fueran revisados, “el galeno sólo se sonrió”. En la revisación posterior, en el Hospital Central, detectaron “múltiples fracturas, en ambos casos localizadas en sus rostros y, en uno de ellos (Ramírez) en zona costal (costillas)”. Ambos denunciaron que fueron encapuchados.

La fiscalía recolectó numerosas pruebas y testimonios de cómo apalearon a los detenidos en el piso y esposados en plena calle. Y presentó el pedido de detención de los cuatro uniformados denunciados y la indagatoria del médico Daveau, que sólo indicó “varias lesiones leves”. El juez Alurralde respondió que se proveerá “oportunamente”. Es decir, algún día.

“La mera alusión a una oportunidad futura, lejos de ser un fundamento, importa la paralización del principal curso procesal de la causa”, sostuvo Abel Córdoba, titular de la Procuvin, en su primera intervención en un caso de violencia policial, en una reiteración presentada junto con Salum ante el juez de la oportunidad lejana. La reiteración subrayaba el carácter urgente y necesario de las detenciones. “Grave riesgo para el proceso”, tratándose de policías en funciones, en sus cargos, con amplio poder para interrumpir el proceso, para obtener filtraciones de la causa. Indica que el juez siquiera ordenó la prohibición de salida del país. “Afectación de derechos de víctimas y terceros”, por la innegable capacidad de presionar sobre las víctimas y sobre terceros, “con un innegable poder, incluso poder de fuego constante, lo cual está actualmente habilitado por la inacción de ese juzgado”. Y la “responsabilidad internacional del Estado”, tratándose de un caso calificado como de violaciones a los derechos humanos y en el que se sostiene se aplicó tortura sobre las dos víctimas.

Ahora se espera que sea la oportunidad.

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