[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 18 condenó a Sebastián Pantano a 18 años y seis meses de prisión por el crimen del estudiante de cine Ezequiel Agrest, asesinado durante un asalto en el barrio porteño de Caballito en 2011. A su vez, los jueces unificaron la pena con otra anterior de cinco años y seis meses, por lo cual la pena quedó establecida en 23 años. De esta manera y a partir de un fallo de la Cámara de Casación, se redujo la pena contra Pantano, hallado ahora responsable de “homicidio en ocasión de robo”, tras haber sido inicialmente sentenciado a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 28. La madre de la víctima cuestionó que se haya atenuado la pena por el “arrepentimiento” del imputado.

El 14 de mayo último, la Sala II de la Cámara de Casación Penal revocó la resolución por la que el TOC 28 lo había sentenciado a la pena máxima por entender que había cometido un “homicidio criminis causa” (matar para ocultar otro delito y lograr impunidad) y dispuso que otros jueces determinen el nuevo monto. Ayer, Ricardo Rojas, Domingo Altieri y Pablo García de la Torre condenaron a Pantano a 23 años de prisión. Tuvieron en cuenta que fue a robar con un arma cargada, pero también se consideró el pedido de perdón que el acusado hizo durante el juicio a la familia de la víctima.

Diana Cohen Agrest, la madre del joven asesinado, cuestionó que se haya atenuado la pena por el “arrepentimiento” del imputado y consideró que “el perdón es una noción extrajurídica apropiada en ámbitos religiosos o de la conciencia personal del que delinque, como de los deudos”.

“Cuando se autoriza a un homicida a pedir perdón se comete una falacia de hecho, porque el que puede perdonar ya no está”, enfatizó la madre, y agregó que ésta es “una de las tantas irracionalidades en las que cae el derecho penal cuando ejerce un rol paternalista revictimizando a los deudos”.

En la audiencia de la semana pasada, el fiscal Aldo De la Fuente había pedido una pena única de 25 años, los abogados querellantes, 30 años y seis meses, y la defensa, 11 años, por considerar que su familia lo había abandonado.