En la Legislatura porteña se tramita desde ayer un proyecto de ley que propone crear un sistema de cupo laboral para personas que hayan cumplido condenas penales y estén en libertad, por el cual los organismos de los tres poderes del Estado local deberían reservar un 3 por ciento de los puestos de trabajo existentes para esa población. La propuesta, que incluye también a los procesados con prisión preventiva pero que estén excarcelados, fue presentada por la legisladora María Rachid (FpV). También prevé un régimen de incentivos impositivos para las empresas privadas que contraten a las personas en esa situación. El objetivo de esta iniciativa es garantizar el acceso al empleo y la reinserción de las personas que saldaron su deuda con la Justicia.

“A la mayoría de las personas que estuvieron presas y recobran la libertad les es imposible conseguir un trabajo porque las empresas piden antecedentes penales. En este sentido también intervienen los medios de comunicación, que predican la idea de que quien comete un delito va a reincidir y de esta forma se imposibilita la reinserción. Se obstaculiza así el acceso al empleo, que es uno de los derechos más básicos”, afirmó Rachid en diálogo con Página/12.

La iniciativa presentada incluye a los condenados que estén libres porque ya han cumplido su pena, a los que tienen salidas transitorias o libertad condicional. También quedan englobados los procesados con prisión preventiva excarcelados o bajo el régimen de semilibertad que aleguen sufrir restricciones en el acceso al empleo como producto de su situación judicial.

“La idea es que se oferten para todo tipo de trabajo, que haya bolsas de trabajo. También queremos que al igual que se hace con las personas con discapacidad, haya exenciones para las empresas privadas que contraten a personas liberadas. No hay una política pública de este estilo dedicada a ellos”, opinó la legisladora, secretaria general de la Mesa Nacional por la Igualdad.

Según el proyecto, los organismos públicos dependientes del gobierno porteño deberían reservar un cupo mínimo del 3 por ciento de los puestos de trabajo existentes en la planta permanente, la planta transitoria y otras formas de contratación laboral o locación de servicios. Aquella jurisdicción o entidad que no acreditara cumplir el cupo no podría incorporar nuevo personal.

Para los privados, en cambio, la contratación sería voluntaria a cambio de que puedan imputar el 50 por ciento de las remuneraciones netas que las personas empleadas perciban como pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

La iniciativa establece que el órgano de contralor y asistencia para personas liberadas sería la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que tendría que confeccionar un listado de postulantes y sus aptitudes laborales, así como un registro de puestos de trabajo disponibles en el ámbito público y privado.

Rachid insistió en la importancia de contar con esta ley, ya que para quienes estuvieron presos es cada vez más difícil conseguir trabajo. “Muchas de estas personas ya tenían problemas para conseguir trabajo o insertarse socialmente antes de ir a la cárcel. No puede haber seguridad sin inclusión, sin un acceso al trabajo para todos”, concluyó.