En los tribunales de Morón se vivirá hoy una instancia decisiva para resolver si el cura Julio César Grassi sigue libre o si, finalmente, va preso, luego de que la Suprema Corte bonaerense confirmara, el miércoles de la semana pasada, la condena a 15 años de prisión por “abuso sexual y corrupción de menores” que le fuera aplicada, el 10 de junio de 2009, por el Tribunal Oral Nº 1 de Morón. “Nosotros entendemos que Grassi se va a presentar a la audiencia porque no tenemos ninguna información que indique que se haya fugado”, dijo el fiscal de Morón Alejandro Varela, quien –al igual que los querellantes Sergio Piris y Juan Pablo Gallego– expresó a Página/12 que espera que los jueces del Tribunal Oral 1 “dispongan su inmediata detención porque ya se agotaron todas las instancias de apelación” en la provincia de Buenos Aires. A la defensa de Grassi sólo le queda la presentación de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema nacional, aunque se cree que la sentencia a 15 años es irreversible. La audiencia que podría terminar con la detención de Grassi será oral y pública y se desarrollará a partir de las 13 en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales de Morón.

Varela sostuvo que el fallo de la Suprema Corte provincial, que ratificó una condena que antes había sido confirmada por la Cámara de Casación por dos casos de abuso sexual en perjuicio de un joven conocido como “Gabriel”, constituye “un avance en la certeza de la responsabilidad del imputado, por lo que pensamos que tiene que quedar detenido” hoy, luego de la audiencia. El fiscal confirmó que el “único objetivo” de la sesión convocada hoy por el Tribunal Oral Nº 1 “es debatir si Grassi queda detenido o no”, porque el fondo de la cuestión, el de la condena, no está en discusión en esta instancia, ya que ha sido ratificado sin atenuantes por la Suprema Corte bonaerense y sólo queda la vía del recurso extraordinario a nivel nacional.

El abogado Sergio Piris, que representa a “Gabriel”, criticó el hecho de que los miembros del Tribunal Oral Nº 1 de Morón no hayan decidido “de oficio” la detención inmediata de Grassi, que vienen reclamando los querellantes y la fiscalía. Piris opinó que “es cuestionable que no haya sido enviado a prisión luego del fallo de la Suprema Corte; ésa es una respuesta que tienen que dar los jueces del Tribunal Nº 1 de Morón, porque ellos tienen la facultad y podían haber ordenado ya su detención”. El abogado aseguró que “la defensa de Grassi está manejada por gente influyente del ámbito judicial de Morón”.

Por esas razones, Piris cuestionó la audiencia citada para hoy porque “el pedido de detención ya fue hecho por escrito”, por la fiscalía y por los querellantes, de manera tal que “están presentados todos los argumentos jurídicos y sólo hay que tomar una decisión, hay que tener el valor para ratificar (con la detención) lo que ha sido ratificado judicialmente en tres instancias”, en alusión a la condena a 15 años dispuesta en 2009 por el propio Tribunal Nº 1 de Morón, y confirmada luego tanto por el Tribunal de Casación Penal de la provincia como por la Suprema Corte bonaerense.

Piris explicó que en la audiencia de hoy “vamos a ratificar lo que pedimos por escrito y después le van a dar la palabra a Grassi. No sé qué le van a preguntar. ¿Si está de acuerdo con ir preso? La verdad es que no entiendo bien el propósito de esta audiencia, pero nosotros vamos a presentarnos. Lo único que yo espero es que quede detenido”.

La condena a 15 años ya fue dictada tres veces, pero también hay dos órdenes pendientes de detención. Primero la dictó, en abril de este año, la Cámara de Apelaciones de Morón. Fue apelado en Casación por la defensa de Grassi y el viernes pasado la Sala V de ese tribunal corroboró que el cura debe ser enviado a prisión.

Los fiscales del juicio oral contra Grassi, Alejandro Varela y Carolina María Rodríguez, solicitaron la semana pasada “la inmediata detención del condenado Julio César Grassi” por considerar que “a esta altura las circunstancias como para mantener la medida alternativa a la prisión preventiva de que goza Grassi han cambiado sustancial y radicalmente con la sentencia dictada por la Suprema Corte”.

Resaltaron que se agotaron “todos los recursos ordinarios y extraordinarios” en la provincia y que ante esto dejar al imputado “en la misma situación de libertad es claramente violatorio del artículo 16 de la Constitución nacional” que consagra que todos los habitantes tienen los mismos derechos. Agregaron que Grassi en libertad “implica una repugnante situación de desigualdad para con los procesados que por delitos menos graves, con penas máximas en los tipos penales que se les imputan de menor cuantía,” ya están detenidos. Recalcaron que “mantener esta libertad es consagrar un fuero personal para el imputado Julio César Grassi”.

Afirmaron los fiscales que esto tiene carácter de “gravedad institucional”, porque compromete “la administración de justicia al afectar la forma de aplicar la ley procesal de igual manera y con igual efecto para todos los habitantes de esta provincia”. En el escrito se señaló que “mantener al imputado en libertad en el actual contexto social, en el que la ciudadanía reclama el funcionamiento eficaz de la administración de justicia, no es una cuestión menor”, porque “la sociedad exige que la ley penal sea aplicada, sin menoscabo de las garantías constitucionales, pero con la certeza de que no habrá impunidad”.

Un aspecto central del pedido fiscal tiene que ver con el hecho de que “indudablemente el peligro de su fuga (de Grassi) y consecuente sustracción a la acción de la Justicia es arrolladora ante la cada vez más cercana efectivización de la pena”.