¿Cómo es estar a punto de caer en manos de una red de trata? ¿Cómo se vive el instante previo al secuestro? ¿Hay manera de explicarlo? El avión, procedente de Buenos Aires aterrizó en el aeropuerto de Río Grande y todos los pasajeros comenzaron a descender. Todos menos G. L., una joven de 21 años, que se hundía de golpe en un cuadro de crisis nerviosa. Aferrada a su asiento, G. L. se negó a bajar del avión y rompió en llanto. La policía aeroportuaria tuvo que intervenir para asistirla. Sólo cuando estuvo realmente en calma y segura, la joven contó que había sido víctima de un engaño y de una amenaza. Le habían prometido un trabajo en una fábrica en Tierra del Fuego, cuando, en realidad, se trataba de un prostíbulo. Del engaño sin embargo se enteró tarde: escaparse –negarse a viajar– no era una opción, ya que poco antes la habían amenazado con matar a sus hijos. Así, en un estado de indefensión angustiante, la joven viajó sola desde Buenos Aires hasta Río Grande. Su reacción a último momento la salvó del secuestro inminente. A partir de su declaración, la Justicia inició una investigación que culminó con allanamientos en tres provincias y la detención de tres personas acusadas de ser miembros de una red de trata.

La joven –cuya identidad se reserva por protección– es desempleada, tiene dos hijos y vive con su madre en la localidad bonaerense de Tigre. En ese marco, una conocida del barrio la contactó con una mujer que le ofreció un empleo en una fábrica de productos electrónicos en Tierra del Fuego. “La víctima necesitaba trabajo con urgencia, estaba en un claro contexto de vulnerabilidad. Así es como por intermedio de una conocida le prometieron un empleo en donde iba a ganar una buena suma de dinero. Además le cubrían los gastos del traslado y le conseguían un lugar para vivir”, relató a este diario una fuente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El 18 de mayo, G. L. se encontraba en el Aeropuerto Jorge Newbery lista para abordar el vuelo 1844 de Aerolíneas Argentinas con destino a la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego. Pero un llamado, de pronto, la detuvo: la conocida del barrio le advirtió que no se subiera al avión porque el trabajo sería en un cabaret, donde la iban a obligar a prostituirse. En la sala de preembarque, la joven víctima se comunicó con la mujer que le había comprado el pasaje. Le contó que se había enterado del engaño y que no tomaría el avión. “Si no subís –le dijeron–, matamos a tus hijos”, señaló la fuente de PSA. La joven, finalmente, tomó el vuelo y una vez en Río Grande, tras sufrir un ataque de nervios y negarse a descender, logró contar su historia. Al día siguiente, el 19 de mayo, luego de ser asistida por personal especializado, G. L. regresó a Buenos Aires con custodia policial.

En el caso intervino el juzgado federal de Río Grande y el fiscal federal Mariano Rapoport. Este último dispuso que se tomaran los datos de aquellas personas que fueran al aeropuerto en búsqueda de la víctima. La policía pudo dar así con dos mujeres, de 36 y 37 años, que preguntaron por la joven y que, ahora, esperan ser indagadas, acusadas de integrar una red de trata con fines de explotación sexual. Por su parte, a través del rastreo de los datos del comprador del pasaje, la Justicia pudo dar con la reclutadora, una mujer de 60 años, sospechada de ser la dueña de dos prostíbulos, uno en Río Grande y otro en Mendoza. En cuanto a la conocida de la víctima, ésta quedó afectada a las actuaciones de la investigación.

“Se trató de un típico caso que empieza con la captación engañosa por medio de un empleo prometedor, sigue con el traslado y el seguimiento permanente de la futura víctima, y por último concluye con la explotación sexual, que en este caso no hubo porque ella pudo hablar antes”, explicó a este diario el fiscal Rapoport.

La semana pasada se realizaron siete allanamientos en Buenos Aires, Mendoza y Tierra del Fuego. En los de esta última provincia se allanó el local L’ Etoile, ubicado en la calle Obligado 347, en Río Grande, donde se constató, según el funcionario judicial, la presencia de ocho mujeres –cinco dominicanas, una paraguaya y dos argentinas– en condiciones de servidumbre, que también declararán como víctimas en la causa. En cuanto al testimonio de G. L., se exhortó al juzgado federal de San Isidro para que interviniese y de esa manera la víctima no se viera obligada a regresar a Río Grande.

Informe: Nicolás Andrada.