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No se puede seguir esperando

Por María Rachid *

La discusión sobre el derecho al aborto no es solamente una cuestión de salud, ni de libertades individuales. Se trata de esto y mucho más.

El derecho al aborto es el derecho a la vida para cientos de miles de mujeres que morirán hoy y todos los días por abortos clandestinos en nuestro país y en el mundo. Mujeres pobres, que no pueden acceder a la información y los medios para tomar esa decisión de otra manera. Mientras que otros miles de mujeres que sí cuentan con los recursos se harán abortos sin correr riesgos.

El derecho al aborto es un reconocimiento que implica un paso fundamental hacia la emancipación de las mujeres. Mientras la sociedad o el Estado o la Iglesia sean los “dueños” de nuestros cuerpos, todas las otras reivindicaciones y reclamos de igualdad y justicia, de no discriminación y contra la violencia hacia las mujeres, serán imposibles.

Por eso es tan importante. Por eso no se puede seguir esperando. Así como el matrimonio igualitario era la piedra fundacional en la construcción de una sociedad justa e igualitaria para la diversidad sexual, no un objetivo final sino una herramienta importantísima en la lucha contra la discriminación y la violencia hacia las personas LGBT, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es el derecho a la vida para muchas mujeres, pero también es el derecho a la igualdad para todas.

Muchos sectores y referentes políticos pueden decir que están a favor de este avance. Posiblemente en la mayoría de los casos, o en todos, sea cierto. Pero no es suficiente, ni siquiera es lo más importante. Debatir y argumentar sobre la necesidad del reconocimiento de un derecho es lo más fácil de alcanzar para quienes estamos convencidos y convencidas. Lo más difícil es que se exprese esa voluntad política. Y esto no depende sólo de las convicciones sino de la decisión inequívoca de poner las necesidades y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas por encima de los intereses de los sectores más poderosos de la sociedad, sean éstos monopolios mediáticos, pooles de soja o la jerarquía de la Iglesia Católica.

Distintos sectores vienen hablando del derecho al aborto hace tantos años como los que vienen hablando en contra de los monopolios mediáticos. Hoy los defienden. El debate que dimos con decenas de diputados y senadores sobre matrimonio igualitario en el Congreso en la mayoría de los casos no era un debate sobre convicciones, era un debate sobre el poder de la jerarquía católica y a veces sobre prioridades.

Michetti prometió en televisión votar a favor de la igualdad de derechos para parejas de igual y distinto sexo. Dijo que estaba a favor y literalmente le prometió a Cumbio que si ella la votaba, se iba a poder “casar” en la Argentina. Después votó en contra. Carrió expuso en su discurso, con absoluta claridad, que ella estaba de acuerdo con los derechos de las parejas, pero su Iglesia estaba en contra y, por eso, se abstuvo. Pino no sólo fue uno de los poquísimos referentes que nunca nos recibieron sino que además llegó a expresar en una reunión de labor parlamentaria que “el matrimonio igualitario no le interesa a nadie”. Mucha convicción que no servía para nada más que para obstaculizar nuestros derechos.

Por otro lado, y más allá de las opiniones y convicciones personales sobre estos temas o sobre el derecho al aborto, este Gobierno ha demostrado claramente y en los hechos que los intereses del pueblo están primero. Por esto estoy segura de que éste es el Gobierno que puede reconocer el derecho al aborto libre, seguro y gratuito para todas las mujeres en nuestro país. De hecho, no se ha dado un paso hacia adelante más significativo en este tema que la Guía para Abortos no Punibles del Ministerio de Salud de la Nación. Quienes integramos esta fuerza política trabajaremos fuertemente para reunir las convicciones necesarias, pero con la tranquilidad de que no hay sector, por más poderoso que sea, que pueda torcer esas convicciones hacia la defensa de intereses contrarios a las necesidades y los derechos de las mujeres.

* Diputada porteña del Frente para la Victoria.

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Los obstáculos en la Ciudad

Por Rafael Gentili *

La celebración del 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto en América latina y el Caribe fue declarada en nuestro país en el año 1990, en el marco del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. A pesar de la incansable lucha de miles de mujeres de nuestro país por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito –es decir, la lucha por el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y sus propios destinos–, éste es aún un derecho cuya garantía estatal sigue pendiente, aunque se reconocen algunos avances.

Luego de más de 90 años de la aplicación del Código Penal en forma violatoria de los derechos de las mujeres, en marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia finalmente estableció que toda mujer cuyo embarazo fuera resultado de una violación tiene derecho a la interrupción del mismo. Mediante este fallo unánime, el máximo tribunal zanjó una vieja controversia originada en interpretaciones contradictorias del Código Penal en tribunales inferiores; controversia que en los hechos tenía como único resultado la negación de los derechos a la integridad, a la autonomía y a la salud de aquellas niñas, mujeres y adolescentes víctimas de violencia sexual. Sin embargo, y a pesar de que el derecho al aborto seguro, legal y gratuito sólo está permitido para estos casos específicos, las barreras para su ejercicio son tantas y tan importantes que la accesibilidad al derecho a realizar un aborto permitido por ley se torna una mera ilusión.

Sin ir más lejos, en nuestra ciudad, el Poder Ejecutivo no ha hecho más que poner obstáculos al ejercicio del derecho al aborto no punible. El gobierno porteño no sólo estableció por resolución ministerial un protocolo que desoía las exhortaciones de la Corte Suprema sino que vetó la Ley 4318, que establecía un protocolo de actuación que reparaba todas las anomalías de aquella resolución y al mismo tiempo cumplía con todos los requisitos del fallo FAL. En otras palabras, Macri dejó sin efecto mediante su arbitrario veto una ley sancionada por los representantes de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires que cumplía acabada y eficientemente con todos los puntos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así es como hoy el gobierno porteño está en deuda con los derechos humanos, con nuestra comunidad, con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el Estado de Derecho y con la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad. Está especialmente en deuda con el 54 por ciento de la población de la Ciudad: con más de millón y medio de niñas, mujeres y adolescentes porteñas. Resulta imperativo avanzar en la eliminación de los obstáculos en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por el modelo regulatorio vigente.

No obstante lo dicho, desde nuestro espacio sostenemos que es urgente que el Congreso nacional trate y sancione la legalización del aborto, más allá de las condiciones en las que se haya generado el embarazo, y garantice el ejercicio de este derecho de manera segura y gratuita para todas las niñas, adolescentes y mujeres de nuestro país.

* Diputado porteño de Izquierda Democrática (Sumar I+D).