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El cura Julio César Grassi –posiblemente antes de fin de año– irá a juicio oral acusado por “abuso deshonesto agravado y reiterado en concurso ideal con corrupción de menores agravada”, lo que podría derivar en una condena a 25 años de prisión. El caso avanzó a pesar de que se realizaron oscuras jugadas montadas por los abogados de la defensa con la complicidad de tres funcionarios del Poder Judicial de Morón, para tratar de voltear los dichos de “Ezequiel” y “Gabriel”, víctimas y principales testigos de cargo. Los detalles, nunca publicados hasta hoy, revelan que un juez de Menores de Morón escribió de puño y letra una falsa retractación de “Ezequiel” a su acusación inicial contra Grassi. El chico firmó el acta con la supuesta desmentida –declarada nula por su notoria ilegalidad–, después de sufrir un “apriete” del secretario del juzgado. “¡Te das cuenta que por tu culpa estuvo presa una persona!”, le gritó el funcionario a “Ezequiel”, reprochándole la situación vivida por Grassi. En la maniobra quedó involucrada también una jueza de menores y el día de la fallida jugada hubo cruces de llamadas entre los tribunales de Morón, la Fundación “Felices los Niños” y el celular de Grassi, que parecía monitorear a distancia la maniobra que intentó favorecerlo.
El 12 de diciembre pasado, el abogado Miguel Angel Pierri anunció a la prensa que al día siguiente la acusación contra Grassi iba a dar “un giro de 180 grados” por la supuesta retractación de “Ezequiel”. Pierri, que hoy está en libertad, pero podría volver a prisión, sigue acusado por tres delitos cometidos cuando llevó a “Ezequiel” a declarar ese día ante el juez de Menores Nº 1 de Morón, Ricardo Oyama, a quien se atribuye haber escrito de puño y letra la falsa retractación. Pierri, defensor de Grassi hasta el 5 de diciembre pasado, está imputado de encubrir al cura organizando la supuesta retractación. También se lo acusa de prevaricato por incumplir su deber de abogado al defender intereses contrapuestos, los de Grassi y los de la madre de “Ezequiel”. La tercera falta es por haber difundido la supuesta retractación violando el secreto del sumario.
Hubo tres expedientes iniciales relacionados con Grassi: la causa principal por abuso, la burda “retractación” de “Ezequiel” y una desechada denuncia del cura por una supuesta “extorsión” en su contra cometida por “Gabriel”, el otro testigo clave. El más escandaloso fue el trámite a cargo del juez Oyama, quien sería suspendido en sus funciones y sometido a juicio político. En igual situación están la jueza de Menores Nº 3 de Morón, Cristina Landolfi, y el secretario del Juzgado Nº 1, Carlos Enríquez, quien presionó con sus gritos al joven “Ezequiel”, según surge del expediente. De los abogados, Pierri es el único involucrado y con prisión preventiva, pero la investigación a cargo del fiscal de Morón José De los Santos, puede tocar a otros dos defensores de Grassi, Jorge Sandro y Adrián Maloney.
La trama comenzó a gestarse en el Juzgado de Menores Nº 1 de Morón, a cargo de Oyama, el 28 de noviembre de 2002. Oyama llamó a Pierri, quien se encontraba desde la mañana en la sede del Juzgado de Menores Nº 3, a cargo de Landolfi. Pierri, en abierta contradicción de intereses, se presentó para patrocinar a Norma Báez, la madre abandónica de “Ezequiel”, quien pedía recuperar la guarda de su hijo. Pierri, adelante de Oyama, se comunicó por celular con su colega Jorge Sandro, comunicándole una novedad que podía ser útil para Grassi.
Pierri tenía documentación procedente del juzgado de la jueza Landolfi, quien tuvo una primera acusación anónima contra Grassi por presunto abuso sexual de menores. Aunque Landolfi admitió tener un trato amistoso con el religioso, nunca desistió de llevar esa causa, iniciada en el año 2000, y que nunca tuvo avances. En un allanamiento posterior en el estudio de Pierri se encontró un expediente original del juzgado de Landolfi, una irregularidad que la puso también a ella al borde del juicio político junto con Oyama y el secretario Enríquez. El 27 de noviembre, Norma Báez y su hija Susana Patricia, hermanastra de “Ezequiel”, hicieron una visita al joven, en la casa de su tutor, Aníbal Vega, quien le brindaba su apoyo en la denuncia contra Grassi. El 28 de noviembre, Báez le dijo al juez Oyama que lamentaba la exposición de su hijo en la prensa. Previamente, en el programa “Cotidiano”, de Canal 9, la mujer había adelantado el resultado del trámite que inició después ante Oyama, dando por hecho que recuperaría la guarda de “Ezequiel”. Ella no sabía que los abogados planeaban que la guarda fuera adjudicada a la hija de Norma Báez, Susana Patricia. En la TV, Báez “agradeció” a Oyama y a Pierri por el trabajo que estaban haciendo. Báez hizo luego declaraciones a la revista Gente, el 2 de diciembre de 2002, y quebró la reserva de identidad de “Ezequiel”, de quien reveló su verdadero nombre y apellido. “A mi hijo le dieron plata para hablar en contra de Grassi” fue el título de la nota.
En poco tiempo, Pierri se había presentado ante la Justicia como apoderado de la Fundación Felices los Niños, como codefensor de Grassi ante la jueza de Garantías Nº 1 de Morón, Mónica López Osornio, que lleva la causa principal por abuso contra el cura, y patrocinando a la mamá de “Ezequiel”. Una testigo, Marta Mirás, declaró ante el fiscal De los Santos que durante la entrevista con su hijo en el domicilio del tutor Vera, la mamá de “Ezequiel” mencionó el “ofrecimiento del doctor Oyama de subsidios de dinero a Susana (la hermanastra) si aceptaba la guarda” de “Ezequiel”.
Después, cuando advirtió que la habían utilizado, Norma Báez denunció al juez Oyama “en razón de que en ningún momento ha hecho valer sus derechos de madre”. También sostuvo que “la congregación del padre Grassi le puso un abogado, el doctor Pierri, para que defendiera a su hijo, pero éste lejos de ayudarla se aprovechó de su ignorancia, ya que en realidad era el abogado de Grassi y poco le importaba la defensa del menor sino que se preocupó por la defensa del sacerdote”.
La secretaria del Juzgado Nº 1, Cecilia Drago, declaró ante el fiscal De los Santos que su colega, el secretario Enríquez, “le había preguntado al menor (“Ezequiel”) medio retándolo si se había dado cuenta de que por su culpa estuvo presa una persona, privada de su libertad”. Frente al comentario, “Ezequiel” se “enojó mucho” con el funcionario judicial. La propia hermanastra del chico, Susana Patricia, corroboró que el reto de Enríquez fue cuando estaba “a solas” con el chico, pero ellos escucharon todo desde una sala vecina. “No habíamos ido a defender al padre Grassi (...) no sé cómo salió eso”, declaró la hermanastra cuando comprendió el engaño en el que ella también había caído.
El juez Oyama había concurrido a los tribunales ese 12 de diciembre, a pesar de estar de licencia y era reemplazado por el juez de Menores Nº 2, Gerardo Frega. De acuerdo con la investigación, el que llevó a cabo la operación fue el secretario Enríquez, asesorado por la jueza Landolfi, amiga personal de Pierri, quien estuvo con ella todo el tiempo. El mismo día, 12 de diciembre, se cambió la guarda y lo más importante, 24 horas después se difundió la supuesta “retractación”, que fue notificada por fax a “Felices los Niños” desde el número privado del despacho de Landolfi.
El 13 de diciembre hubo otras seis llamadas a la Fundación, entre las 12.50 y las 13.05, desde el fax del Tribunal de Menores Nº 2, en ausencia de su titular Gerardo Frega. En esos momentos, en la mesa de entradas del juzgado se encontraba el juez Oyama, a pesar de estar de licencia. Dos periodistas, una conductora de América TV y un cronista de la agencia oficial Télam, aportaron datos que sirvieron para dejar al desnudo la jugada de Pierri-Grassi. Ambos confirmaron que recibieron fotocopias de la supuesta retractación enviados por fax, desde la Fundación y desde el estudio de Pierri, en 25 de Mayo 564, segundo piso.
Un seguimiento realizado por la Policía Bonaerense estableció una clara relación entre las llamadas salientes de los tribunales, hacia la Fundación, con las entrantes a esa entidad procedentes del celular personal del sacerdote Julio César Grassi. Una triangulación que indicaríaque toda la maniobra fue seguida de cerca, cuando no supervisada, por el propio imputado-beneficiario de la supuesta retractación. Una maniobra compleja que, sin embargo, no sirvió para evitar que Grassi llegue al juicio oral acusado por abuso sexual de menores que estaban bajo su cuidado. La falsa retractación fue anulada por la Cámara en lo Civil y Comercial de Morón y Grassi se prepara para afrontar la acusación más grave, a la que siguen incorporándose pruebas testimoniales.