El Ministerio de Educación porteño reconoció ayer que son 17 mil los chicos sin vacante en escuelas de la ciudad, 6 mil por falta de infraestructura y 11 mil que no fueron asignados por el sistema de inscripción on line. El dato fue confirmado oficialmente durante una audiencia en el juzgado de Osvaldo Otheguy, en el que comparecieron la cartera educativa, la Defensoría General y el gremio docente. El Gobierno de la Ciudad admitió, además, que de las 1100 escuelas del distrito, en 36 no se otorgaron vacantes.

La audiencia judicial fue convocada por el juez a raíz del reclamo de la Defensoría General de la Ciudad y de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) contra el sistema de anotación vía web a las escuelas porteñas. Inicialmente, Otheguy rechazó el amparo que pedía frenar la inscripción. Ayer llamó a las partes a una conciliación para resolver la cuestión de fondo.

En la reunión, el gobierno porteño informó que los inscriptos mediante el nuevo sistema fueron 69 mil, pero admitió que la Ciudad dispone sólo de 63 mil vacantes. Hasta el momento, se asignaron 52 mil, lo que representa el 82 por ciento, sostuvo el Ministerio de Educación. También aseguró que los reclamos de los padres por vacantes mal asignadas ascendieron a 4800, a pesar de que el lunes había dicho que eran 3500. Ayer aseguró que del total de esos 4800 reclamos se resolvieron 4100.

Los 6 mil que no tienen vacante corresponden principalmente a niños de 0 a 2 años, porque el nivel inicial de la Ciudad carece de infraestructura para atender esa demanda.

“Hay 17 mil personas a las que no les dieron vacante y sólo 4800 reclamos. ¿Qué están haciendo esas familias que no las obtuvieron? ¿Rezando? Esto me llama muchísimo la atención. O mienten en la cantidad de los reclamos o estas personas están migrando a la educación privada”, opinó el secretario general de UTE, Eduardo López, que estuvo presente en la audiencia.

En el mismo sentido se manifestó el defensor general de la Ciudad, Mario Kestelboim, que también fue de la partida. “Si 4800 personas reclaman, ¿dónde están las otras 12 mil? Creemos que esos padres, al necesitar resolver la escolaridad de sus hijos y ante la proximidad de las vacaciones, optaron por anotarlos en escuelas de gestión privada. Pasó lo que dijimos que iba a suceder: la puesta en marcha de un sistema de inscripción por Internet como única alternativa, sin tener en cuenta la opción presencial, iba a provocar una sangría de alumnos del sector público al privado.”

Kestelboim destacó, asimismo, que en los 4100 casos que el gobierno dijo haber resuelto, los alumnos fueron ubicados “quitándole una vacante” a quien ya tenía asegurada la inscripción: “Hay padres que están recibiendo la notificación de que la vacante que les había sido asignada quedó anulada”. Este diario explicó esa situación en la edición del lunes pasado.

Otro de los puntos sensibles que se desprenden del acta de la audiencia de ayer surge con la afirmación que dice que “el GCBA asegura que ya se ha cargado el 100 por ciento de las inscripciones realizadas manualmente”, lo que deja entrever que esto no estuvo resuelto en su totalidad a la hora de la asignación de las vacantes hace más de dos semanas.

En el acta, además, el gobierno porteño asegura que “del total de las escuelas, que son 1100, en 36 no se habrían otorgado vacantes”, aunque aclara que “no se estaría cerrando ninguna”.

“Dicen que no se va a cerrar ninguna escuela, pero no dicen nada acerca de cerrar grados. Esto demuestra que quieren cerrar grados. Cerrar escuelas sería muy burdo. A Grosso lo echaron por lo de la escuela shopping. Hay escuelas para las que el sistema no te daba opciones. En el caso de la escuela Rodolfo Walsh no figuraba el turno tarde y llenaron la mañana”, sentenció López. “¿Cómo es que hay 36 establecimientos sin inscriptos? ¿Cómo la máquina no adjudicó?”, se preguntó Kestelboim.

Por último, de acuerdo con el acta, “el juez manifiesta que se intimará al GCBA para que informe si dio respuesta a todos los problemas aquí planteados en forma general y sin perjuicio de los casos concretos y de qué forma lo estaría haciendo”.

Sin embargo, López no se mostró expectante en este punto. “El juez Otheguy es parte del problema, por eso lo recusamos y apelamos su fallo a favor de la inscripción on line. Con estos datos no hubo conciliación.”

Hoy habrá otra audiencia, a las 11, esta vez ante la Cámara, por la apelación al fallo de Otheguy que no dio lugar a la medida cautelar planteada por la Defensoría y la UTE hace dos meses, previo a todos los problemas que suscitó la inscripción.

Al respecto, el asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, explicó que buscarán “una solución para los 131 casos con irregularidades más urgentes”. “La idea es que haya un reconocimiento de los casos y la forma de resolverlos y que se establezca otra línea para comunicarse más allá del 147. Que haya un consenso. Yo no me opongo al sistema, pero sí quiero que se investiguen los casos con irregularidades y se los resuelva ya. Hay que resolver las cuestiones más urgentes que tienen que ver con la medida cautelar denegada.”

Por su parte, Kestelboim se inclinó por la opción de resolver la cuestión de fondo mientras que los casos individuales se podrían dirimir en otros pleitos. “La Asesoría Tutelar tiene 200 casos, pero el juicio no es por los temas particulares, sino para que se suspenda el sistema. Los aspectos individuales se tienen que dirimir en juicios distintos. La Cámara va a atender exclusivamente la apelación a la inscripción on line, que es un tema que para nosotros ya quedó abstracto. Con 52 mil inscriptos asignados y 17 mil sin vacantes sería absurdo ahora ir para atrás.” “Queremos un cambio en la cautelar, que se incorpore que por cada persona que se inscribió tiene que haber una vacante, que no haya cierre de cursos y que no haya superpoblación en las aulas”, concluyó.

Además de los citados participaron de la audiencia en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 8 las madres y demandantes Verónica Zunino, María Delia Lozupone, Alicia Tantardini y Valeria García.

Por parte del Ministerio, en tanto, se presentaron el director general de Tecnología Educativa, Jorge Aguado; el director general de Coordinación Legal, Diego Sebastián Marías, y la subsecretaria de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, Ana María Ravaglia.

Informe: María Julieta Rumi.