La mayor cantidad de causas por trata laboral se inició a partir de la denuncia de la propia víctima, asesorada sobre la necesidad de realizar una denuncia penal, en los consulados de sus países adonde concurre a pedir ayuda. Pero también por presentaciones de organismos como la AFIP o los ministerios de Trabajo (nacional o locales), que tras una inspección laboral realizaron la correspondiente denuncia penal, aportando como prueba los hallazgos. La información es parte de un estudio de la Procuración de Trata y Explotación de Personas (Protex) a cargo de Marcelo Colombo, que analizó los primeros 71 autos de procesamiento de explotadores (ver nota central). La investigación destaca que un 8,2 por ciento de las causas que derivaron en procesamiento se inició por denuncia anónima.

La prueba testimonial –y especialmente de las víctimas– fue central para la resolución de los casos y en casi todos los procesamientos fue el elemento más importante en la valoración judicial.

La distribución de los procesamientos por año muestra un importante incremento de casos entre 2010 y 2011, prácticamente con el doble de casos registrados. Este incremento puede explicarse, entre otras cosas –destaca la investigación–, por la intensa actividad de inspección que llevó a cabo la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante 2011. Sólo durante ese año la Dirección General de Seguridad Social realizó 124 denuncias en todo el país por los delitos de trata de personas y reducción a servidumbre, principalmente en campos y en talleres textiles.

El estudio recuerda que en diciembre de 2011 y “como colofón de varios casos en los que se detectó trabajo esclavo en establecimientos rurales”, se sancionó la ley 26.727 de trabajo agrario que “mejoró significativamente” las condiciones legales del trabajo rural (jornada de 8 horas, salario mínimo, prohibición del pago total a destajo, prohibición de intermediarios, vacaciones, licencias por enfermedad y paternidad, entre otras cosas). Se creó además el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), que posee facultades de inspección propias y ha dado inicio a distintas denuncias durante los años 2012 y 2013, originadas en hechos constatados por su actuación.

Entre 2011 y 2012 se nota un descenso en la cantidad de procesamientos por trata laboral y algo similar sucedió respecto de los casos de trata sexual. Sin embargo, el primer semestre de 2013 denota una nueva tendencia a la suba para ese año, ya que sólo los casos de los primeros seis meses del año casi equiparan los colectados durante todo el año 2012. “Este incremento de casos puede explicarse por la reforma de la ley 26.364 que entró en vigencia en el mes de enero de este año, que modificó los tipos penales de trata de personas, eliminando la necesidad de acreditar medios comisivos para la figura básica”, apunta el estudio. De acuerdo con la redacción original de la norma, sancionada en 2008, en el caso de las víctimas mayores de 18 años se debía probar que no habían dado su consentimiento para ser explotadas.

La provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos son los lugares de mayor densidad de casos.

La investigación menciona un reciente informe de Renatea, realizado sobre 1870 trabajadores agrarios temporarios de las localidades de Loreto, Atamisqui y San Martín, todas ellas de la provincia de Santiago del Estero, que mostró que el 51 por ciento de los encuestados dijo que concurriría a la provincia de Buenos Aires, un 11 por ciento a Catamarca y un 10 por ciento a Entre Ríos. Otro colectivo provincial que suele migrar para trabajos temporarios rurales es el de Tucumán, que según datos obtenido por el Renatea se desplaza hacia provincias como Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, principalmente.

En cambio, algunos estudios realizados sobre la industria textil y en particular sobre el funcionamiento de los llamados “talleres clandestinos”, indican que se concentran mayoritariamente en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el primer cinturón del conurbano bonaerense, “nutriéndose de trabajadores migrantes de la República Plurinacional de Bolivia, en casas particulares que se adaptan para el trabajo, con un espacio para vivienda de los trabajadores”, señala el estudio de la Protex.

Los casos analizados vinculados a talleres clandestinos, donde se llegó a procesamientos, están vinculados a situaciones de explotación registradas en el ámbito porteño, y en las jurisdicciones de San Martín y Lomas de Zamora, además de un caso de Salta en el que se interrumpió el traslado de varias personas que eran conducidas a un taller textil de la ciudad de Buenos Aires por sus reclutadores.