La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que depende de Naciones Unidas, aseguró en la presentación de su informe anual que la ley uruguaya que regula la producción, la venta y el consumo de marihuana vulnera los tratados internacionales sobre drogas y “marca una tendencia peligrosa”. “Esa ley contraviene lo dispuesto en la Convención de 1961 y recuerda al Uruguay la necesidad de respetar los tratados”, señaló el presidente del organismo, Raymond Yans. Como respuesta, el gobierno uruguayo denunció el “sesgo” y las “afirmaciones infundadas” de la JIFE. El informe “contiene un sesgo y parece obsesionado por las iniciativas, no sólo las de mi país, sino de la región, de cambio en los modelos de regulación de las drogas”, advirtió en Washington el embajador uruguayo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Milton Romani.

La JIFE es un organismo que se caracteriza por sus posturas conservadoras en la materia y su oposición a cualquier política aperturista. En el informe, sólo manifiesta su preocupación por la tramitación de la ley, porque en diciembre, cuando la normativa se aprobó, el documento ya estaba cerrado, explicó el funcionario Yans. Sin embargo, el organismo que preside explicitó el rechazo a la normativa aprobada en el material de prensa que resume la situación mundial del problema de las drogas. “La JIFE sigue preocupada por algunas iniciativas que tienen por objeto la legalización del uso del cannabis sin fines médicos ni científicos”, agregó Yans.

En tanto, en la misma presentación, a la que fue invitado a exponer por algunos integrantes de JIFE que están en desacuerdo con el informe, el embajador Romani aseguró que el texto “hace afirmaciones infundadas sobre los supuestos perjuicios y hasta la insania de los mismos”, en relación con los marcos legales. El embajador recordó que la JIFE “tiene mandato para vigilar las convenciones” pero no “para emitir juicios sobre las políticas soberanas, dictadas por Parlamentos o referendos populares, que son temas específicos para la Comisión de Estupefacientes”. El informe, agregó, “tiene un sesgo muy evidente” y toma partido “por una visión muy restringida no sólo de los modelos de fiscalización, sino de las políticas actuales”.