Después de la muerte de ocho bomberos, dos guardias de defensa civil y dos obreros de la construcción entre el 5 de febrero y el 5 de marzo, la Subsecretaria de Trabajo, Industria y Comercio porteña –responsable junto a la Agencia Gubernamental de Control de inspeccionar los lugares donde hubo doce víctimas fatales– salió a explicar lo inexplicable con una intensísima campaña de difusión. En poco más de una semana, el área que depende del contador Ezequiel Sabor informó su intervención en múltiples operativos que derivaron en 35 clausuras y 31 suspensiones de obras. También comunicó que “realizó 13.722 inspecciones en talleres textiles y detectó 200 trabajadores indocumentados” en los últimos dos años. Lo hizo por tres vías: la newsletter mensual del organismo, una serie de comunicados del área de prensa y la página www.ezequielsabor.com. En toda su comunicación no hay una sola palabra dedicada a la tragedia de Barracas, ocurrida en el depósito de Iron Mountain.

Entre el 27 de febrero y el 7 de marzo, la Subsecretaría divulgó, casi día por medio, lo que denomina su acción de gobierno. Tenía que visibilizar su labor inspectiva después de la seguidilla de hechos donde perdieron la vida diez servidores públicos (el 5 de febrero) y dos trabajadores de la construcción, los días 25 de febrero y 5 de marzo, respectivamente.

La última información que brindó en su newsletter antes del derrumbe en IRM, había sido sobre una visita de Hugo Moyano a la Usina del Arte para reunirse con Mauricio Macri el 28 de enero. El mismo día del incendio, la publicación oficial describió un almuerzo del día anterior al que había sido invitado el director general de Empleo, Ezequiel Jarvis. “El almuerzo, organizado por el periodista Claudio Destéfano, contó con la presencia de varios empresarios que mostraron su interés en canalizar la demanda de recursos humanos a través de la Dirección General de Empleo...”.

Desde el 5 de febrero hasta hoy, la Subsecretaría nunca se pronunció sobre lo que aconteció en el depósito siniestrado, pese a que uno de sus inspectores denunció públicamente que lo había clausurado en 2008 y que IRM incumplía una serie de normas, sobre todo las referidas al control de incendios. Página/12 recibió desde el organismo su versión sobre los dichos del ingeniero Edgardo Castro: “Nunca inspeccionó Iron Mountain y miente deliberadamente. La Subsecretaría puede probarlo”, señaló la fuente.

“Desde comienzo del 2014, la autoridad de trabajo clausuró 35 obras en construcción. Asimismo, la Dirección de Protección del Trabajo informa que en la última semana suspendió 31 obras por infracciones a la normativa vigente en la ciudad de Buenos Aires.” Así condensó su tarea durante el verano el organismo laboral que depende del ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera. La súbita difusión de inspecciones mientras se seguían cayendo paredes después de Iron Mountain no se detuvo entre el 28 de febrero y el viernes pasado. Pero tampoco se interrumpió la cantidad de muertes evitables tras el incendio en Barracas.

El 25 de febrero falleció un obrero de la construcción en el barrio de Once. La Uocra emitió ese día un comunicado donde señalaba que la obra derrumbada había sido denunciada “con carácter de urgente el pasado 12 de febrero ante la Dirección de Protección del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires por múltiples incumplimientos de las medidas de seguridad laboral”. La empresa Venegoni Hnos ECSA, según el gremio, no cumplió con las distancias de seguridad en la zona de demolición. Todas las irregularidades constan en un acta: la 23.856. “Lamentablemente, la falta de responsabilidad empresarial y la inacción de los organismos de control a pesar de las denuncias y advertencias de la Uocra, nuevamente se conjugan poniendo en riesgo y cobrándose la vida de los trabajadores”, finalizaba el comunicado.

Tres días después de que el obrero muriera bajo los escombros de la excavación en Jean Jaurès y Valentín Gómez, y cinco compañeros resultaran heridos, la Dirección de Protección del Trabajo informó la medida que tomó en seis obras en construcción. “Por graves infracciones a las normas de seguridad e higiene fueron clausuradas las obras en ejecución en las calles Alvarez Thomas 875, Felipe Vallese 3144, Habana 3963, Carlos López 4030, San Pedro 5118 y Pedro Morán 4551, esta última por peligro de inminente derrumbe.”

El 3 de marzo la Subsecretaría repitió la misma información en un nuevo comunicado de prensa. Y el 5 retomó uno de los temas donde pone más entusiasmo: el seguimiento a los talleres clandestinos. “En los últimos dos años, la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de la Ciudad, que conduce Ezequiel Sabor, realizó 13.722 inspecciones en talleres textiles y detectó 200 trabajadores indocumentados, lo que dio origen a informar a la Procuración General de la Ciudad y a la Dirección Nacional de Migraciones. Cuando los talleres no reúnen las condiciones de seguridad e higiene requeridas, se suspenden las tareas y en los casos más graves se clausuran.”

También el 5 de marzo, al cumplirse un mes del incendio en Iron Mountain y ocho días después de que muriera aplastado el obrero en Once, la Subsecretaría publicó por primera vez la noticia sobre una víctima fatal por accidente laboral en lo que va de 2014. Era un trabajador que se desempeñaba en un obrador de avenida Callao 924. El organismo repitió en un comunicado lo que le dijo el arquitecto a cargo de la obra al personal de la Dirección General de Protección del Trabajo. Que “el accidente se produjo cuando tres obreros se subieron a un guinche no apto para seres humanos y el material no resistió”.

La Subsecretaría lamentó profundamente el hecho y exhortó “a los responsables técnicos de la obra a hacer cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo”. Por último detalló que había inspeccionado el lugar “en 15 oportunidades, desde el comienzo de las actividades”. Tras producirse la decimosegunda muerte en un mes por derrumbes en la Ciudad, el subsecretario Sabor informó que, además de Callao 924, se habían clausurado otras ocho obras en construcción “por graves infracciones a las normas de seguridad e higiene”. Sanciones más, sanciones menos que, por lo visto, no garantizan la vida en los obradores de Buenos Aires.

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