Al fin, los ex funcionarios porteños investigados por el derrumbe en el boliche Beara, que el 10 de septiembre de 2010 causó la muerte de dos jóvenes y heridas a otras 14 personas, serán citados a prestar declaración indagatoria. La jueza Alicia Iermini hizo lugar al pedido del fiscal y citó para el 14 de mayo a Martín Farrell, ex director de Habilitaciones y Permisos y actual candidato a juez en lo Contencioso Administrativo, y a otros cinco funcionarios en los días sucesivos. Serán indagados por los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho.

La resolución de la jueza se produjo después de que la Cámara del Crimen revocara el sobreseimiento de los funcionarios, tras la apelación del fiscal Andrés Madrea. También se ampliará la indagatoria a los empresarios que operaban el local nocturno del barrio de Palermo –ya procesados por homicidio culposo– por el presunto pago de coimas para la habilitación del lugar.

Iermini convocó a declaración indagatoria a Farrell; a la ex directora general de Fiscalización y Control de la Ciudad Vanesa Berkowski; al ex jefe de Habilitaciones Especiales Pablo Saikauskas; al jefe del Departamento Esparcimiento, Norberto Cassano; al inspector Carlos Mustapich; al arquitecto encargado de verificaciones y habilitaciones, Isaac Rasdolsky; a Gustavo Amaru, quien habría avalado la construcción derrumbada, y a los “gestores” de las habilitaciones, Leandro Camani y Matías Luis Pantarotto. Algunos de los mencionados están involucrados en otra investigación por pago de cohecho y tráfico de influencias para la habilitación de locales, que lleva el juez Juan Ramos Padilla.

Farrell deberá declarar dos semanas antes de que venza el plazo en la Legislatura porteña para que quede nominado de hecho como juez, si su pliego no es rechazado en ese cuerpo. Farrell era director de Habilitaciones cuando fue habilitado Beara, pese a que la funcionaria Berkowski había de-saconsejado la autorización para el funcionamiento.

El entrepiso del boliche se derrumbó el 10 de septiembre de 2010, provocando la muerte de Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y Paula Leticia Provedo, de 20.

También fueron convocados a ampliar la declaración indagatoria Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila, Roberto Kattan Coria e Iván y Ronaldo Flies, integrantes de la sociedad El Viejo Sabio, que administraba el boliche, y Maximiliano Frattini, el relacionista público que organizó la fiesta privada en la que se produjo el derrumbe. Todos estaban en camino al juicio oral y público, por homicidio culposo.

Ahora serán indagados por la posible comisión del delito de cohecho ya que, entre los documentos secuestrados en otro boliche, propiedad de la misma sociedad, se encontró en una lista de gastos el ítem “cometa para los funcionarios”. También serán investigados la arquitecta Paola Schein, quien avaló la construcción del entrepiso que se derrumbó, y Ricardo Brockosky y Jesús Lute, quienes habrían ejecutado la obra.

El fiscal Madrea pidió durante cuatro años la indagatoria de los funcionarios. La jueza Iermini no sólo rechazó esa pretensión, sino que los sobreseyó el 8 de septiembre del año pasado. Tras la apelación del fiscal, la cámara revocó el sobreseimiento, a fines de diciembre. En su fallo, el tribunal no hizo lugar al reclamo del fiscal Madrea de encuadrar la investigación como “estrago doloso”, una calificación similar a la que se aplicó en la causa por la tragedia de Cromañón.

Iermini había esquivado ya un jury de enjuiciamiento por mal desempeño en el caso Bulacio, pues tuvo en sus manos la causa durante nueve años, sin que se arribara al procesamiento de un responsable, y el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado argentino tuvo que admitir su responsabilidad. El voto de un consejero del PRO en el Consejo de la Magistratura permitió que la acusación en su contra fuera archivada.