La Justicia porteña ordenó suspender la destrucción de una plazoleta, en el barrio de Chacarita, una obra que encaró el Gobierno de la Ciudad para construir un “centro de trasbordo de colectivos”. Lo resolvió la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario Lidia Lago, quien hizo lugar a una acción de amparo presentada por integrantes de la junta de la Comuna 15. De acuerdo con el fallo, el espacio público afectado está catalogado como Distrito Urbanización Parque, calificación que solo puede modificarse mediante una ley de doble lectura, audiencia pública mediante. La obra se inició a principios de marzo, con la destrucción de una flamante plazoleta inaugurada por el propio gobierno porteño dos años antes, de lo cual dio cuenta Página/12, que se hizo eco de las denuncias de vecinos.

La medida judicial ordena al Gobierno de la Ciudad “la suspensión inmediata de las obras que se están realizando en la Plazoleta Voluntarios Héroes de la Reconquista, hasta tanto se dicte sentencia en la causa”. El espacio afectado está ubicado en la avenida Corrientes al 6800, entre la avenida Federico Lacroze y la calle Olleros, frente a la estación terminal del Ferrocarril Urquiza.

“La plazoleta fue arrasada, no quedó nada”, lamenta Luis Cúneo, comunero del Frente para la Victoria y uno de los firmantes de la presentación judicial. Ya no están ni el prolijo solado de baldosas ni los bancos de cemento ni los faroles que iluminaban ese espacio recuperado para el barrio. Todo fue removido y toda la franja quedó tapizada por una gruesa capa de cemento, capaz de soportar el paso de colectivos. Ese lugar que había sido bautizado por la Legislatura con el nombre de Plazoleta Voluntarios Héroes de la Reconquista, por Ley 4561, desapareció y amenaza con convertirse en una extensión de la avenida Corrientes.

Ni los comuneros ni los vecinos ni los transeúntes saben qué se propone el Gobierno de la Ciudad con la obra: a dos meses del inicio, nadie hizo anuncios ni dio explicaciones y no hay carteles que indiquen qué se construye, cuál es la empresa encargada de la obra ni cuánto dinero demandará a los ciudadanos. Cualquier construcción privada sería clausurada de inmediato por falta de un cartel de obra. Eso sí, no falta la leyenda “Próximamente vas a disfrutar más de la Ciudad. Disculpá las molestias”. Los principales trastornos son para los usuarios de la línea B de subte, que salen o ingresan de la boca de la estación Federico Lacroze en medio de la obra.

La presentación judicial fue realizada por Cúneo y sus pares de la Junta Comunal Camila Rodríguez y Carlos Grisafi, junto a Rubén López, del Consejo Consultivo. Argumentaron que los vecinos, “con una fuerte tarea social y por iniciativa propia” habían logrado recuperar ese espacio que durante muchos años estuvo ocupado por locales ilegales. En ese espacio se realizó una obra que costó 800 mil pesos y que fue inaugurada en noviembre de 2011 por el mismo gobierno que ahora la destruye.

Los vecinos denunciaron que “sin mediar aviso alguno”, en marzo comenzó “la demolición de la plazoleta, el retiro de árboles y canteros, destruyendo así por completo la fisonomía del lugar”, y advirtieron que la obra “viola el Código de Planeamiento Urbano” (CPU), ya que la plazoleta integra un “distrito Urbanización Parque, que corresponde a zonas destinadas a espacios verdes o parquizados de uso público”, donde la ciudad “solo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complemente y no altere el carácter de los mismos”. Reclaman también por la falta de consulta a la comuna.

El Gobierno de la Ciudad y la empresa constructora respondieron a la demanda explicando que allí “se está ejecutando un reordenamiento vial” a partir de “la construcción de un centro de trasbordo” por el cual se dividirá “el tráfico de automóviles privado del transporte público de pasajeros”. Agrega que se construirán “dársenas laterales para ascenso y descenso de pasajeros”.

Las dársenas para colectivos pueden ser consideradas de utilidad pública pero no parecen complementar un espacio parquizado. La jueza concluyó que “no surge (...) que se haya cambiado la zonificación de las plazoletas”, como lo requiere el CPU, de manera que hizo lugar a la medida solicitada y ordenó la “suspensión inmediata de la obra”.