El ex titular del área de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Farrell, fue sobreseído en la causa penal por el derrumbe en el boliche Beara, ocurrido en septiembre de 2010 y que causó la muerte de dos jóvenes. Farrell es candidato propuesto por el macrismo a ocupar un puesto como juez en los tribunales porteños, y el sobreseimiento le despejaría el camino, pero se estima que la querella y la fiscalía apelarán la medida.

El cierre de la causa contra Farrell fue dictada por la jueza de Instrucción Alicia Iermini quien, en cambio, dictó el procesamiento de la ex funcionaria porteña Vanesa Berkovski por presunto “cohecho pasivo” y ordenó un embargo de 6.000.000 de pesos sobre sus bienes.

Farrell, candidato a juez en el fuero contencioso administrativo de la Ciudad, había sido acusado por el fiscal Andrés Madrea de “arreglar” con los dueños de Beara para habilitar el local en el que luego murieron dos adolescentes por el derrumbe del entrepiso.

Madrea pidió en cuatro ocasiones que Farrell fuera citado a indagatoria, al atribuirle un “acuerdo espurio”, en el que habrían intervenido policías federales para, a cambio de dinero, permitir desde 2007 a 2010 el funcionamiento del boliche ubicado en Scalabrini Ortiz 1638, en el barrio de Palermo. Junto con Farrell también fue sobreseído el ex director de Habilitaciones Especiales Pablo Saikauskas.

Además de Berkovski, fueron procesados, por el mismo delito y monto de embargo, el ex jefe del Departamento Esparcimiento Norberto Cassano y el inspector Carlos Gabriel Mustapich y los gestores Leandro Camani y Matías Pantarotto e Isaac Rasdolsky, el arquitecto encargado de las habilitaciones, por falsedad ideológica de instrumento público.

También fueron procesados por cohecho los empresarios Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila, Roberto Martín Kattan Coria, Iván Andrés Fliess y Ronaldo Fliess.

Los empresarios sumaron este procesamiento al que se les había dictado por la muerte de Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y Paula Leticia Provedo, de 20. Gustavo Amaru, quien habría autorizado la construcción del entrepiso, fue procesado por “homicidio culposo agravado por haber causado la muerte de dos personas, en concurso ideal con lesiones culposas graves (tres episodios) y leves calificadas por la cantidad de damnificados (once)” en “concurso real con falsedad ideológica de documento público”.

La titular del Observatorio de los Derechos de Personas con Discapacidad, María José Lubertino, calificó el sobreseimiento de Farrell como “un caso de violencia institucional contra las víctimas y familiares”.

Iermini rechazó el pedido del fiscal de citar a indagatoria a los policías federales Rodolfo Nicolás Cabezas, Luis Eduardo Acosta, Osvaldo Gustavo Bachmann, Guillermo Adolfo Erdman, Julio Alfredo González, Claudio César Lorenzo, Gustavo Fabián Lombardo y Gustavo Flamino.

En septiembre de 2012, Iermini había sobreseído a todos los funcionarios del gobierno porteño imputados y exculpó a los dueños y administradores del local por el delito de “cohecho”, pero los envió a juicio oral por “doble homicidio culposo y lesiones culposas”.

La apelación de esa resolución llevó la cuestión a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, que revocó el fallo de primera instancia y ordenó profundizar la investigación sobre los funcionarios locales.