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Por estas horas, en Colombia las FARC han declarado el cese de fuego unilateral y los dos candidatos presidenciales, el actual mandatario Juan Manuel Santos y Oscar Zuluaga –que manifiesta la visión del senador Alvaro Uribe–, expusieron sus diferencias y visiones del proceso de paz que se desarrolla en La Habana y, también, claras referencias a los sectores económicos y sociales que cada uno representa o dice expresar.

Las negociaciones con la guerrilla están en el centro de la escena y la cuestión entra en un callejón, aparentemente sin salida, pues el candidato de la oposición parte de la premisa de la no existencia de un conflicto armado –por considerar que los guerrilleros son delincuentes–, situación ésta que por momentos ha tenido que suavizar en su discurso, ante la evidencia de que una porción importante de la población –aun la que no simpatiza con Santos– señala sus esperanzas de que la paz finalmente sea posible.

En este contexto se ha anunciado un acuerdo sobre el tema de las víctimas, el cuarto que se logra, después de los consensos obtenidos sobre tierras y desarrollo rural, participación política y drogas y narcotráfico. “Muchos colombianos no entienden lo que les pasó a 6,5 millones de víctimas y que la solución a la terminación del conflicto pasa por repararlas y reconocer lo que ellas exigen, porque no pueden seguir esperando, no puede seguir sintiendo miedo y obviamente el país no puede tener más víctimas de las que tiene”, dijo la directora general de la Unidad para las Víctimas del gobierno de Colombia, Paula Gaviria Betancur.

Es necesario recordar que las FARC vienen operando en Colombia desde hace 50 años y que la desigualdad social y la represión, especialmente en el campesinado, tiene una historia mucho más larga que la existencia de la insurgencia armada. Las preguntas que surgen, lógicamente, son entonces: ¿quiénes no quieren la paz? y ¿cuáles son los intereses económicos y geopolíticos que están detrás de este conflicto, como los que subyacen en todas las guerras pasadas y presentes?

La derecha norteamericana y el propio gobierno de Barack Obama, aunque a veces no coincidan en lo táctico o discrepen coyunturalmente sobre metodologías, son dos actores principales en el escenario latinoamericano en general y en la situación colombiano-venezolana en particular.

La estrategia entonces es la utilización de los mecanismos de los golpes suaves que en Venezuela se asienta en guarimbas, quema de edificios y unidades del transporte y asesinatos selectivos y un sistemático plan de desabastecimiento de productos esenciales, y en Colombia la acción de esa derecha, con el soporte local del uribismo, plantea volver al escenario de la guerra.

En el petróleo, en la propia industria armamentista norteamericana y en la necesidad de quebrar el proceso de integración regional y su institucionalidad expresada en la Unasur y la Celac se asientan los fundamentos de esta estrategia, que electoralmente necesita que pierda Santos el próximo domingo, que se quiebre el proceso de paz y se abra la posibilidad de una intervención extranjera en la patria de Hugo Chávez. Una sociedad polarizada que se prepara a ejercer su voto y en donde habrá que ver si se mantienen los niveles de abstención (del 60 por ciento) y cómo se produce el corrimiento de votos de quienes terminaron en tercer y cuarto lugar con el 15 por ciento de votos cada uno, pone descarnadamente la realidad sudamericana en el tablero de la geopolítica internacional.

* Dirigente del Frente Transversal y presidente del Centro de Estudios del Sur.