El gobierno bonaerense no vetará la ley que incorpora al sistema educativo los jardines comunitarios, aunque trabajará con los legisladores en la reglamentación de la norma para garantizar que los maestros que estén al frente de esas aulas cuenten con título docente. La provincia zanjó así la polémica iniciada el miércoles por la versión periodística de que a partir de esa norma se nombraría en las escuelas a “militantes” sin título docente.

La decisión de dar marcha atrás con el veto anunciado el mismo miércoles se adoptó tras una reunión que mantuvo el jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez, con la autora de la ley, la diputada Alicia Sánchez, y los presidentes de las comisiones de Educación de Diputados, María del Carmen Pan Rivas, y del Senado, Gustavo Oliva. “El jefe de Gabinete expresó que la ley será promulgada y que se trabajará en conjunto con los legisladores que la impulsaron para su reglamentación”, explicó Sánchez.

La legisladora reivindicó “la noble y dignificante labor educativa que dichas instituciones llevan a cabo desde hace décadas” y desmintió “las falacias difundidas por distintos medios de comunicación”, al sostener que “militantes” serían nombrados como maestros sin título en las escuelas.

La norma, impulsada por la diputada del Frente para la Victoria Alicia Sánchez, fue aprobada por ambas cámaras legislativas para incorporar a estos centros comunitarios al sistema formal de enseñanza, con el fin de darles capacitación y supervisión continua.

El titular de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Oliva, aseguró que la ley sobre jardines comunitarios “otorga un reconocimiento a todas las mujeres que extendieron sus brazos solidarios y abrieron el corazón a miles de chicos de la provincia en momentos muy duros y difíciles como el 2001”. “Como legisladores tenemos el compromiso de accionar con el objetivo de jerarquizar el sistema educativo. No vamos a entrar en la provocación de los medios de comunicación que han desvirtuado en las últimas horas el carácter de la iniciativa sin conocerla”, graficó.

Para Oliva, se desplegó “una campaña de desprestigio, de provocación e intención conspirativa en contra de esta ley, evidenciando un gran desconocimiento sobre el texto y sus fundamentos”. “La iniciativa establece claramente que la Dirección General de Cultura y Educación promoverá las medidas necesarias para que las educadoras obtengan su titulación y que tanto las instituciones que surjan a posteriori, como aquellas ya existentes que comiencen a brindar la educación a los chicos de 4 y 5 años deberán contar con educadores con título docente”, concluyó.