Luciano Arruga fue enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita en febrero de 2009, cuando su familia ya llevaba tres días buscándolo por comisarías y hospitales sin que nadie le diera una respuesta. Había sido atropellado en la General Paz, internado y operado en el Hospital Santojanni; había muerto poco después. Su madre, Mónica Alegre, y su hermana, Vanesa Orieta, lo supieron ayer a media tarde; dos horas después, estaban informándolo en conferencia de prensa, acompañadas por el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, la abogada Paula Litvachky y su par Juan Manuel Combi. Verbitsky dijo que ellas estaban “bajo el impacto de la noticia todavía”, que “durante seis años ha habido por el Estado una desidia absoluta para llegar a la información que hoy tuvimos y que aclara (qué pasó), aunque es insuficiente, es insatisfactoria. Ni para la familia ni para el CELS cierra el caso”. Vanesa advirtió: “Esto no termina acá”. “Necesitamos la verdad” acerca de qué pasó, cómo llegó Luciano al medio de la autopista esa medianoche, porque “hay elementos que requieren explicación”. Y sin embargo la hermana del adolescente, que semanas antes de desa-parecer había sido torturado por oficiales de la Policía Bonaerense para quienes se negaba a robar, también dijo: “Vencimos”. “Mi objetivo era encontrar a mi hermano y lo encontré. Vencimos a la desi-dia, vencimos a la impunidad y vencimos a la mirada discriminante y criminalizante de los jóvenes.”

A un metro, sentada a la misma mesa, la madre de Vanesa miraba el vacío; poco después, se desvaneció y debió ser sacada de la sala donde su hija siguió hablando, dando información, repasando la búsqueda de su hermano y pidiendo ser escuchada. “La voz oficial está acá, no en otro lugar”, dijo.

La noche en que su familia empezó a buscarlo, Luciano fue atropellado por un auto en la vía rápida de la General Paz, en el cruce con Mosconi (del lado de provincia, que en suelo porteño toma el nombre de Emilio Castro), frente a un destacamento de la Policía Bonaerense. Se dirigía de provincia hacia la ciudad de Buenos Aires, pero atravesaba la autopista por un lugar que los peatones no usan para cruzar. El hombre que lo embistió, un joven de 21 años, dio el aviso. A las 3.21 de la mañana una ambulancia del SAME recogió a Luciano y lo llevó hasta el Hospital Santojanni, el mismo centro médico en el que estaba siendo operado de madrugada, cuando a su madre, Mónica Alegre, en la recepción le decían que había entrado un chico atropellado pero que nada sabían de su hijo. A las ocho de la mañana, ya fuera del quirófano, Luciano murió. Tenía 16 años; su hermana lo había visto por última vez a las 9 de la noche del día anterior.

A Luciano se le practicó la autopsia, se le tomaron huellas digitales; fue enterrado. Durante más de cinco años nadie cotejó esas huellas con las del expediente en cuyo marco se lo buscaba. Recién en febrero de este año el juez federal Juan Pablo Salas concedió el hábeas corpus pedido por la familia del chico, la APDH La Matanza y el CELS, y pidió algo sencillo, de rutina: comparar las huellas digitales del joven con las de NN ingresados a cementerios. El Ministerio de Seguridad de la Nación ordenó el cotejo con los libros oficiales en los que se registran NN. Las huellas del joven atropellado en la General Paz coincidieron en 30 puntos con las huellas registradas de Luciano por haber estado, previamente, detenido en la comisaría de Lomas del Mirador. La información sobre qué había sucedido con Luciano obraba en poder del Estado, pero el mecanismo para vincularla y dar respuesta a su familia no funcionó.

Lo señalaron Verbitsky y la hermana de Arruga durante la conferencia de prensa, lo ratificó el comunicado distribuido luego por el CELS: “El cruce de información que permitió encontrar el cuerpo del joven se hizo cinco años y ocho meses después de que la familia comenzara a buscarlo”. “Durante todo este tiempo, sus familiares fueron maltratados y desatendidos por la Justicia de la provincia de Buenos Aires. Desde el momento en que Luciano fue visto por última vez, múltiples instituciones del Estado intervinieron. Ninguna de estas instituciones buscó a Luciano ni se ocupó de investigar con seriedad para encontrar una respuesta. Una medida tan elemental como el cotejo de huellas llevó casi seis años de un terrible derrotero judicial para la familia. Dos investigaciones judiciales desatendieron el caso: la que tenía que buscar a Luciano y la que archivó una causa en la que había un menor de edad fallecido sin hacer ninguna investigación.”

En la conferencia de prensa, Verbitsky fue específico, y coincidió con la lectura de Vanesa, al señalar que durante la busca de Luciano la familia sufrió maltrato institucional simplemente por ser humilde. Entre el pedido de hábeas corpus y el hallazgo del cuerpo en el cementerio de la Chacarita, dijo Verbitsky, mediaron sólo seis meses. “Seis meses bastaban para encontrar a Luciano Arruga. Hubo mucha desidia. No hubiera pasado si hubiera sucedido en Palermo rúcula y él hubiera sido un chico de clase media porteña. Sabemos todos que hay discriminación y violencia institucional contra los varones jóvenes de barrios pobres del Gran Buenos Aires”, aseguró. También señaló que “es una práctica generalizada en la provincia de Buenos Aires” que los policías obliguen a adolescentes pobres a robar bajo su protección. “Chicos varones pobres de barrios populares (eran obligados) con amenazas de muerte” para acceder, agregó.

Al momento de la conferencia de prensa, los abogados de la familia y el CELS no habían llegado a leer exhaustivamente el expediente sobre el accidente que sufrió Luciano en la General Paz, por lo que pidieron para informar algunos detalles de la causa. Sin embargo, indicaron que aunque la autopsia practicada al adolescente no menciona específicamente signos de tortura, “es una conclusión apresurada decir por ello que la hubo o que no la hubo”. No descartaron pedir nuevos peritajes. La familia de Luciano adelantó que solicitará exámenes genéticos.

El expediente detalló que el cuerpo del joven, entonces NN, presentaba traumatismos en la cabeza, un brazo, el torso y los tobillos, que las lesiones se habían debido al accidente de tránsito y que por ellas había fallecido. Esa causa penal tramitó a cargo de la jueza de instrucción Laura Bruniard y la fiscal Marcela Sánchez.