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En la Argentina cada vez gusta más el Pingüino. Pero en este caso el Pingüino no es el presidente Néstor Kirchner, sino el símbolo de Linux, el sistema operativo libre que compite con el todopoderoso Windows de Microsoft y que no requiere pagar licencias. Siguiendo una tendencia internacional, en Brasil ya anunciaron con bombos y platillos que la administración pública adoptará el software libre. El gobierno de Lula lo plantea no sólo como una posibilidad de ahorrar millones de dólares, sino también como parte de una política tendiente a la “inclusión digital” de la población. Por eso pretenden, según palabras del ministro de Cultura, Gilberto Gil, que Brasil se convierta en “un polo mundial de software libre”. Aunque en la Argentina las definiciones son menos tajantes, el proceso avanza en la misma dirección: este año ya hubo cuatro reuniones organizadas por el Gobierno para analizar la implementación del software libre en el Estado. Hay dos proyectos de ley para impulsar su adopción y en varias dependencias públicas ya trabajan con Linux: sin ir más lejos, la página Web de la Presidencia fue desarrollada con software libre. Aunque todavía no le dicen adiós a Bill Gates, en estas tierras el Pingüino parece estar avanzando a los saltos.
Si bien Microsoft sigue presente en la mayor parte de las computadoras del mundo, la fuerza de Linux no ha dejado de crecer desde que fue creado por un estudiante finlandés, Linus Torvalds, en 1991. Que se trate de un software “libre” no sólo significa que es gratuito sino que sus códigos son abiertos, lo cual permite adaptarlo a necesidades particulares y observar sus “entrañas”, es decir saber exactamente cómo opera el sistema.
En la administración pública argentina, varias dependencias empezaron a usar Linux en los últimos años para cubrir necesidades y tapar los huecos que deja la falta de recursos económicos. Pero lo hacían sigilosamente, sin demasiado respaldo. Quienes finalmente decidieron levantar la cabeza y discutir abiertamente la implantación del software libre fueron Eduardo Thill, director general de Gestión Informática, y Pedro Janices, coordinador de Informática de la Secretaría de Medios de Comunicación. El primer encuentro del llamado Ambito de Software Libre en el Estado Nacional (ASLE) se realizó el 5 de mayo. Cuentan ellos que muchos les dijeron que estaban locos, por lanzar una iniciativa semejante en plena etapa de cambio de gobierno. Pero antes de la segunda reunión el emprendimiento ya había sido declarado “de interés nacional” y recibido adhesiones de Brasil, México, Venezuela y Cuba.
Con la nueva gestión, la iniciativa recibió un espaldarazo: en el tercer encuentro estuvo presente el ministro de Interior, Aníbal Fernández, que definió el proyecto como “un cambio político importante”.
A punto de convocar a la quinta reunión, Thill y Janices consideran al ASLE como un espacio de consenso, donde los responsables de la administración pública pueden discutir el uso del software libre junto con organizaciones sociales y expertos universitarios. Lo plantean como “una posibilidad de elección” y niegan que exista un enfrentamiento con Microsoft u otras empresas productoras de software. “Esto no es un RiverBoca”, insisten.
–Sin embargo, a esas empresas esta iniciativa no les debe haber alegrado mucho.
–En principio ellos lo tomaron como una cuestión de veredas enfrentadas –admite Thill– y llegaron a solicitarle al secretario general de la Presidencia que se derogara la declaración de interés nacional, porque atentaba contra la producción nacional. Pero tuvimos una reunión con la gente de la Cámara de Empresas de Software y Sistemas Informáticos (CESSI), donde estuvieron representantes de cinco empresas, entre ellas Microsoft, y entendieron cuál era nuestro objetivo. Y no es cierto que seatente contra la producción nacional: tres de esas empresas hasta declararon tener una política comercial basada en productos para ser usados con software libre.
Por ley
A la CESSI tampoco le cayó bien la presentación de proyectos de ley que promueven el paso de la administración pública al software libre. En noviembre pasado, la Cámara envió una carta a todos los legisladores para oponerse a las iniciativas en curso, que consideraron “discriminatorias”.
Ahora, esos proyectos, uno de Marcelo Dragán (Unión por Argentina) y otro de Pablo Fontdevila (PJ), están siendo unificados en la Comisión de Informática y Comunicaciones. El borrador del nuevo texto fija un orden de preferencia para incorporar software en el Estado: a igualdad de otras condiciones, se debe dar preferencia en primer lugar al software de código abierto.
Además, establece que cualquier entidad que distribuya información debe hacerlo en formato estándar: hoy, por ejemplo, para registrar el ISBN de una publicación hay que hacerlo con Word, el procesador de texto de Microsoft. Lo mismo con los accesos telemáticos, que no podrán obligar al uso de software determinado como sucede ahora: existe información de la AFIP que sólo puede verse con el Explorer.
¿Es necesario legislar el cambio? Enrique Chaparro, miembro de la organización Vía Libre y asesor del diputado Dragán en este proyecto, da dos motivos para hacerlo: “El primero es que el Estado trata y almacena información que no le pertenece: la información es de los ciudadanos, por eso hay un interés público en legislar sobre la materia. Debe haber garantías de transparencia y supervivencia de esa información. Otra razón es la necesidad de un acceso efectivo y sin discriminaciones de todos los habitantes a las fuentes de información. Si uno tiene que usar un software determinado para cumplir con sus obligaciones impositivas, eso es discriminatorio”.
En el Gobierno, en cambio, la idea de fijar una fecha en que las computadoras del Estado deban pasarse forzosamente al software libre no les convence: prefieren tomar decisiones caso por caso. “Hay plata invertida en productos licenciados –dice Thill–, eso se compró y no se va a tirar. Cuando se venzan las licencias, veremos, porque habrá capacidad de elección en base a la experiencia adquirida. Tenemos que hacer una buena administración de recursos”. Porque si bien en el software libre no se pagan licencias, Thill aclara que no es gratis: “Hay que capacitar gente, dedicar tiempo y recursos. En la balanza de costos y beneficios, es probable que al final salga más barato, pero hay que estudiar cada caso”. Nadie duda, en cambio, de las ventajas en materia de desarrollo y seguridad: “El software libre nos da el código abierto, y desde el Estado tenemos que garantizar la seguridad de los datos, no podemos tener un código que no sabemos lo que hace. Tampoco comprar un paquete cerrado en el que mañana tengamos que hacer una modificación y debamos acudir al propietario de ese código”.
Por ahora, sin embargo, la política estatal parece inclinarse por un avance sostenido en la aplicación de Linux sin grandes gestos políticos al estilo de Brasil ni choques con las empresas concernidas. Otros países eligen caminos diferentes.
Los caminos del Pingüino
La revista británica The Economist contó recientemente que en mayo pasado las autoridades de la ciudad alemana de Munich decidieron pasar sus 14.000 computadoras de Windows a Linux. El director ejecutivo de Microsoft interrumpió sus vacaciones para intentar frenar ese cambio, ofreciendo todo tipo de ventajas, pero se topó con una respuesta tajante. La decisión, le dijeron, era una cuestión de principios: la municipalidad quería controlar su destino tecnológico. “Lo que es más preocupante para Microsoft –dice The Economist –es que Munich no está sola en esa visión. A lo ancho del globo, muchos gobiernos están volcándose hacia el software de código abierto que, contrariamente al software propietario, permite a los usuarios inspeccionar, modificar y distribuir libremente sus programas. Cantidades de gobiernos nacionales y locales han elaborado legislación en la que se reclama preferencia para el software libre.”
Uno de los ejemplos es el de Brasil. El gobierno de Lula pretende que al menos el 80 por ciento de las computadoras que el Estado compre el año próximo tengan software libre. Sergio Amadeu, a la cabeza del Instituto de Tecnología de la Información, explicó así la política asumida: “Si hacemos las cosas bien, más de 17 millones de personas tendrán acceso a computadoras. Si cada una de ellas paga cien reales por paquetes de software de escritorio, estaremos enviando al exterior 1700 millones (unos 600 millones de dólares) para pagar licencias. Sin el software libre es imposible hacer una política de importante de inclusión digital”.
“No tenemos nada en contra de Microsoft –agregó después–. Pero el modelo de software comercial simplemente no es sostenible en los países en desarrollo.”