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La posibilidad de la vida en democracia es uno de los valores sentidos como valiosos por la humanidad; desde los griegos, pasando por el pensamiento liberal que lo concebía como su máxima expresión emancipadora; por el socialismo, que la entendía como herramienta para conseguir una sociedad sin clases, y hasta por los nuevos pensamientos que surgen al calor de las luchas en el siglo XXI, que la piensan como modos directos (“mandar obedeciendo”, por ejemplo). Ya es una idea de la humanidad. Si bien en distintas culturas apela a sentidos diferentes, en todos los casos supone un gran avance de la convivencia entre los seres humanos y la superación de la violencia y la destrucción. La democracia liberal se basa en una construcción moderna denominada “representación” y supone que unas pocas personas están en condiciones de representar deseos, intereses, aspiraciones de una parte (constituida en partido) de la población y entre todos los partidos, al conjunto.

Desde hace décadas circula la fuerte sospecha de que todo sistema de representación está fallado y las consecuencias de esta situación traen severas heridas a su democracia, base del desarrollo del capitalismo moderno. En nuestro país, una expresión dramática de esta crisis fue el ciclo de 2000-2003, donde la mayoría de los argentinos gritaron a la dirigencia política “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Una nueva salida electoral con la renovada promesa de que esta vez se respetarían los mandatos mayoritarios, se escucharían las voces de abajo del poder, calmó las aguas por un tiempo. No obstante, en los territorios amenazados por el modelo de acumulación basado en actividades extractivas, las poblaciones decidieron controlar de cerca y se constituyeron en “asambleas”. Es decir, en esos territorios amenazados por la minería, el fracking, la expansión sojera, la democracia liberal convive en pequeña escala con otros modos de democracia, asamblearias, sin representaciones, que aspiran a formas de democracia directa.

En uno de esos territorios, Chubut, el martes 25 de noviembre una situación mostró la tensión de esa convivencia entre la forma de “democracia liberal” y modos novedosos de democracia asamblearia. La Legislatura de la provincia debía aceptar o rechazar un proyecto de ley emanado de la constitucional iniciativa popular que implica que con el 3 por ciento de firmas del padrón electoral se puede presentar una ley; lo había logrado el conjunto de las asambleas de vecinos contra la minería que vienen batallando desde 2002 para que no se establezca esa actividad devastadora en toda la provincia.

La Legislatura debía aceptar o rechazar el proyecto, pero un conjunto de diputados escribieron otra ley que nada tiene que ver con la emanada de las asambleas y, deshonrando la democracia, la votaban como “el proyecto de la mayoría”. Es decir, con un golpe de timón, pasaron a votar no la ley emanada de la iniciativa popular sino la otra. Los argumentos que se escucharon de quienes apoyaron esa “ley exprés” ofenden la inteligencia de cualquier argentino medianamente informado, “dieron vergüenza ajena”. Demos un ejemplo: quienes seguimos estos temas conocemos que cualquier estudiante de grado o activista europeo o latinoamericano que siga el tema sabe de sobra que los dos puntos del planeta donde no sólo se ganaron por primera vez plebiscitos contra la minería sino que se abrieron debates serios, informados, ejemplificadores, fueron Tambogrande en Perú y Esquel en la Argentina. Pues bien, los llamados “representantes” fundamentaban una moratoria de cuatro meses que establece la ley de rápida factura, diciendo que se deben un debate sobre minería y que hay que dar tiempo a que se lleve a cabo. ¿Dónde vivió todos estos años “la representante” provincial? ¿Cómo sus compañeros de bancada no le advertían por lo bajo el disparate que estaba enunciando?

Pero lo más grave del escenario de la política de representación (supuestamente de la voluntad popular) fue lo que ocurrió con el diputado Gustavo Muñiz del PJ, fotografiado recibiendo órdenes de una de las empresas mineras que están detrás de estas leyes. ¿A quién representa Muñiz? ¿Es legal que las empresas interesadas en instalarse y que son rechazadas por las poblaciones den órdenes a los “representantes del pueblo”? ¿Qué validez tiene esta ley con estos sesgos dantescos y coloniales que pudimos seguir esa noche? ¿No habrá que pedir, por la salud de la enferma y cuestionada democracia representativa, que se anule todo lo actuado el 25 de noviembre en la Legislatura de Chubut?

A punto de entrar en un año electoral, ya bastante tenemos con un panorama desalentador en el nivel nacional como para hacer que no pasó nada en esa Legislatura provincial. Podemos seguir con prácticas asamblearias, autónomas, pero debemos mínimamente poder recurrir a los mecanismos constitucionales que permiten cierto acercamiento y trabajo con “los representantes”. Admitamos que no siempre sale mal, muchas veces entre movimientos sociales y legisladores se lograron avances importantes en materia de derechos sociales y ambientales (la Ley de Glaciares, por ejemplo). Pero se necesita un piso en la seriedad de las prácticas de los “representantes” que, si no existe, como en este caso, se deshonra la posibilidad democrática y conduce, a quienes apostamos a otros modos novedosos de convivencia, a expresar “nuestras dignas rabias”, como dicen los zapatistas.

* Socióloga. Instituto Gino Germani-UBA.