A cuatro años de la represión contra centenares de personas que participaron en la toma del Parque Indoamericano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que sigue la impunidad por el “accionar violento” de la Policía Federal y la Policía Metropolitana, durante el operativo conjunto que terminó con la muerte de dos de las tres personas fallecidas, además de las “graves heridas con balas de plomo” que sufrieron otros cinco vecinos. El CELS señaló que sigue sin respuesta de la Justicia la apelación al fallo que absolvió por falta de pruebas a 41 agentes de las dos fuerzas de seguridad, señalados como presuntos autores de los homicidios de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro. Durante el conflicto también fue asesinado Emiliano Canaviri Alvarez, pero en su caso no hubo datos ciertos sobre los posibles autores. En cambio, la Sala I de la Cámara del Crimen que absolvió a los 41 policías procesados admitió, sin embargo, que las muertes de Chura Puña y Salgueiro “sólo podían explicarse como resultado del accionar de las fuerzas de seguridad”.

El CELS puntualizó que la toma del Indoamericano y la que este año se produjo en el barrio Papa Francisco, también desalojado por la fuerza, visibilizaron “la vulnerabilidad de las familias que alquilan (viviendas) en las villas de la ciudad, la imposibilidad del acceso a un hábitat digno y la respuesta violenta del Estado ante estos conflictos sociales”. Al dimensionar el problema, se señaló que las investigaciones más recientes coinciden en que “hay medio millón de ciudadanos en situación de déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires”, en particular en “la zona sur (que) presenta los mayores índices de precariedad en la construcción y de falta de acceso al agua de red y cloacas”.

La toma del Indoamericano comenzó el 3 de diciembre de 2010, pero la represión se produjo entre el 7 y el 8 de ese mes, luego de que la jueza Cristina Nazar ordenara el desalojo del predio, tarea a cargo de las policías Federal y Metropolitana. El CELS recalcó que este tipo de acciones represivas tuvo su continuidad, en 2014, en el caso del barrio Papa Francisco, donde “nuevamente un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad de la Ciudad y de la Nación mostró altos niveles de violencia contra las familias” que habían ocupado un predio lindero a la Villa 20, muy cerca, además, del lugar donde se encuentra el Indoamericano.

El CELS sostuvo que “la impunidad de la represión contrasta con la criminalización de referentes sociales a los que se intenta responsabilizar por los conflictos”. Se hizo mención a los “constantes obstáculos para frenar” la causa contra los 41 agentes de la Federal y de la Metropolitana, absueltos por decisión de la Sala I de la Cámara del Crimen, aunque los mismos jueces “consideran que los homicidios (de dos de las víctimas) fueron cometidos por policías”. En el informe se recalcó que “ni siquiera los jefes” del operativo fueron sancionados “por haber incumplido obligaciones funcionales” a la hora de realizar un operativo de desalojo de personas que están realizando una toma por viviendas. En el caso de los agentes de la Metropolitana “varios de ellos volvieron a participar en represiones de características similares, como el desalojo de la Sala Alberdi (del Teatro General San Martín) y del Hospital Borda”, donde fueron reprimidos pacientes, trabajadores, diputados y periodistas.

Respecto del conflicto del Indoamericano, el CELS aseguró que “el gobierno porteño y el gobierno nacional no cumplieron con los compromisos que asumieron en el desenlace de la toma”, situación que se agrava porque las autoridades de la Ciudad “subejecutan sistemáticamente las partidas presupuestarias destinadas a políticas de vivienda”. Según un trabajo realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto local en materia de vivienda se redujo “entre 2011 y 2014 en un 19 por ciento a precios constantes”, mientras que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad “disminuyó su presupuesto para 2013 en un 22,4 por ciento, unos 300 millones de pesos menos que en 2012”. En ese contexto, en febrero de este año se produjo el conflicto en el barrio Papa Francisco.

El CELS subrayó que cuatro años después de lo ocurrido en el Parque Indoamericano “las consecuencias gravísimas de la represión (...) siguen impunes”, a pesar de que la investigación realizada “permitió probar” que las muertes de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro sólo podían explicarse como resultado del accionar de las fuerzas de seguridad”. Sin embargo, los jueces de la Sala I “optaron por desresponsabilizar a los policías en lugar de permitir llevarlos a juicio”. Esta decisión, afirma el comunicado, expresa “la dificultad para juzgar hechos que involucran a integrantes de las instituciones de seguridad y es un mensaje negativo del Poder Judicial acerca de la violación de las reglas de actuación policial y el uso abusivo de la fuerza”.

Los desprocesamientos fueron apelados por el CELS, en agosto de este año, ante la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por Luis María Cabral, Juan Carlos Geminiani y Ana María Figueroa, pero “a pesar del tiempo transcurrido, todavía no se fijó fecha para la audiencia en la que escucharán los argumentos de las partes” respecto del fallo absolutorio de la Cámara del Crimen. En junio pasado, uno de los imputados, Eugenio Burzaco, pidió a través de sus abogados que la causa pase a la Justicia federal, circunstancia que genera nuevas trabas y postergaciones. El CELS concluyó que tales razones de la represión en el Indoamericano cumple “cuatro años de impunidad”.